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TC verá norma que impide suspender juicio oral a presos

Se declaró admisible la inaplicabilidad. La Defensoría no quiere que se haga de manera remota por vulnerar garantías.

Jueves, 30 de julio de 2020 a las 10:30
- La presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm.
Crédito: Jonathan Mancilla
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Cinthya Carvajal A.

En las próximas semanas, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) deberá pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la norma que impide la suspensión de realización de un juicio oral de personas privadas de libertad.

La Defensoría Penal Pública interpuso dos recursos de inaplicabilidad porque se infringían las garantías constitucionales del acusado por la realización del juicio oral por videoconferencia.

La Segunda Sala del TC declaró admisible el recurso de inaplicabilidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública.

La decisión fue adoptada por la presidenta, María Luisa Brahm, y los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo Silva y Miguel Ángel Fernández, los que ya habían admitido a tramitación y suspendido la realización de los juicios orales.

La Defensoría está impugnando la norma del artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, de estado de excepción, que sostiene que cuando hubiere persona privada de libertad, se podrá suspender la vista de una causa o de una audiencia penal, cuando el impedimento para su realización sea absoluto, de las partes o intervinientes.

El organismo solicita que se declare inaplicable la norma por inconstitucionalidad de la expresión “en forma absoluta”. A su juicio, esta expresión “atentaría contra las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso, al obligar a sus representados a enfrentar, en calidad de imputados, un juicio oral de forma no presencial”.

Se trata de dos procesos seguidos ante los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de Concepción y Los Ángeles, respectivamente, uno es por tráfico; el otro, por robo en lugar no habitado. En ambos casos se pide una pena de ocho años de presidio. “No es posible que este (juicio oral) se verifique con pleno respeto a las garantías de bilateralidad y contradictoriedad, propias del debido proceso. Considerando asimismo que ha de resguardarse debidamente la vida y la salud de intervinientes”, dicen los defensores.

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