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A más de 100 mil suben peticiones de retención del 10% por pensiones alimenticias impagas

En el Congreso se tramita una iniciativa que busca crear un registro de morosos, dado que —según cifras del Poder Judicial anteriores a la pandemia— un 84% de los padres no cumple con esta obligación. El piso mínimo del monto, de concederse todas, alcanzaría a más de $13 mil 196 millones.

Jueves, 30 de julio de 2020 a las 9:45
- Los tribunales están preparándose para tramitar estas solicitudes masivas, porque solo tendrán 10 días hábiles para decretar una medida cautelar sobre el monto que se reclame impago
Crédito: Alex Valdés.
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A. Chaparro y C. Carvajal

Solo en 48 horas, el número de solicitudes de “liquidación de alimentos con retención judicial del 10% de los fondos de AFP”, cuyo retiro los deudores de pensiones de alimentos pudieran solicitar desde hoy, alcanzaron las 102.937. Ello, tras habilitarse el martes el botón en la página del Poder Judicial de “Trámite fácil” para esta petición en específico.

La cifra no contabiliza aquellas ingresadas que están en el ítem “liquidación de alimentos con retención judicial”, que suman 35.200 durante julio, en las que no se distingue si la retención que se pedía era sobre el 10% del fondo de AFP o sobre, por ejemplo, otro concepto, como las devoluciones del Servicio de Impuestos Internos.

Un cálculo referencial si ese número de solicitudes —de otorgarse en su totalidad por los tribunales— se multiplica por $128 mil 200, el mínimo legal mensual de una pensión alimenticia, el piso del monto comprometido podría alcanzar más de $13 mil 196 millones.

Ahora, al considerarse estos y otros escritos ingresados en julio, relacionados con alimentos, incluidos requerimientos de liquidaciones, con apremio y retención o sin ellos, la cifra se empina por sobre los 264 mil.

El escenario hizo que el Poder Judicial adoptara medidas: se elaboraron recomendaciones que ayer fueron aprobadas por el Pleno de la Corte Suprema y habilitó el formulario en línea para la solicitud de la retención.

Dos situaciones que se analizarían cuando surjan los casos son: cómo se repartirá lo retenido en los casos en que un deudor, por ejemplo, pudiera tener hijos con más de una pareja, porque puede haber pensiones en distintos tribunales. O, qué pasará si el deudor retira su 10% y lo pone en un APV, por ejemplo, y la solicitud no ha sido presentada. En el Poder Judicial señalan que se estudiará “caso a caso”.

Antes de la crisis, deuda de $180 mil millones

Sin embargo, previo a la crisis sanitaria, es decir, en mejores condiciones económicas que las actuales, las estadísticas a nivel nacional arrojaban un importante porcentaje de morosos y, en la práctica, una evidente imposibilidad de hacer efectivo el cobro de esas pensiones adeudadas.

“El 84% de los demandados en causas de alimentos no paga la pensión de alimentos fijada por el tribunal (…). Esta deuda, según datos del Poder Judicial, asciende a $180 mil millones”, consigna en sus fundamentos el proyecto de ley presentado en marzo por los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social.

Se trata de una de las líneas de trabajo que la cartera sectorial impulsa para abordar este problema, dice el ministro Hernán Larraín, quien puntualiza que el objetivo es “incorporar a los deudores de pensiones de alimentos en el Boletín de Informaciones Comerciales, comúnmente conocido como Dicom, para lograr persuadir a quienes deben estos dineros, a cumplir con las obligaciones legales que tienen con sus hijos o hijas”.

La misma iniciativa reseña otro dato: el porcentaje de deudores implicaba en ese momento que “setenta mil alimentarios, principalmente niños, niñas y adolescentes, no reciben lo que por ley les corresponde”.

Baja efectividad de medidas de apremio

Junto con ello, en pocos días más, dice el titular de Justicia, se iniciará el trabajo de una mesa con el Ministerio de la Mujer para “generar mejores políticas públicas en la materia, que permitan que estos fondos adeudados lleguen todos los meses”.

Los mismos datos del Poder Judicial, previos a la pandemia e incorporados a la iniciativa, mostraban que “para un 85% de los deudores de pensiones de alimentos se han emitido órdenes de arresto, pero solo alrededor de 300 demandados cumplen con el arresto nocturno”, lo que indicaría que las medidas de apremio establecidas en la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, no estarían siendo efectivas.

Una tercera línea de trabajo —menciona Larraín— está en la exploración de “distintos mecanismos que permitan asegurar que quienes vayan a retirar su 10% de las AFP y, a la vez, tengan pensiones alimenticias impagas, puedan saldar su deuda a través de esta acción”.

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