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Estudio da cuenta de mayor uniformidad de criterios en sentencias de la Corte Suprema

Se analizaron más de 300 fallos del máximo tribunal en 20 materias relevantes para el Derecho Administrativo durante 2019. Asuntos como término anticipado de empleos a contrata de funcionarios públicos, regularización de derechos de aguas e invalidación ambiental mantienen disparidad de criterios ante casos iguales.

Lunes, 29 de junio de 2020 a las 0:02
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Alejandra Zúñiga C.

Su primer antecedente fue el estudio que el año pasado elaboró el Observatorio Jurisprudencial del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, en el que se revisaron casi mil sentencias de la Corte Suprema a lo largo de una década (2008-2018). En esa ocasión se identificaron inconsistencias de posturas ante casos idénticos en varias materias y en distintas salas del máximo tribunal.

Ahora se publica el mismo análisis, pero centrado en 2019. Esto se traduce en 333 fallos, al replicarse las mismas 20 materias de la vez pasada —aunque en cinco temas no hubo resoluciones—.

La nueva investigación trae novedades: terminó el vaivén en siete áreas, pero se mantuvo en tres. De esta forma, la Corte Suprema se mostró ahora uniforme, por ejemplo, en lo referido a funcionarios a honorarios, desviación de poder y recurso de protección como vía idónea, aunque sobre el término anticipado de empleos a contrata se mantiene la disparidad, no obstante ambos son conflictos relativos a la estabilidad de los trabajadores en la Administración.

Como es usual, se publica en la Revista de Derecho Administrativo Económico UC, indexada a la base de datos Scopus.

“Nueva conducta dirigida a ofrecer precedentes”

“Esta jurisprudencia resultante es notoriamente más lineal en cuanto a las sentencias que emiten las salas de la Corte Suprema”, señala el profesor Alejandro Vergara, autor del estudio, y agrega que en cuanto a la conducta de los ministros y abogados integrantes, también tienden más a la linealidad, aunque persisten algunas disparidades individuales.

Plantea también que el máximo tribunal “ahora exhibe una nueva conducta dirigida a ofrecer precedentes y se aprecia un aumento de temas con jurisprudencia uniforme. No obstante que se mantienen las vacilaciones en algunos otros temas”.

“Falta saber si va a haber alguna reacción institucional y que la crisis del covid-19 puede haber impedido preocuparse hasta ahora de ello”.

Los resultados de 2019 serán contrastados, anticipa el especialista, con un nuevo estudio sobre lo resuelto durante este año. En él se ampliarán las materias a analizar, a 30 o más temas, entre ellos, tutela laboral de funcionarios públicos y competencia de tribunales laborales.

¿Dónde se mantiene la disparidad?

Tres son los temas en los cuales las diferencias de interpretación se siguen dando, ya sea a nivel de salas o de ministros y abogados integrantes. Se trata de regularización de derechos de aguas, invalidación ambiental y término anticipado de empleos a contrata en el sector público.

En este último caso, el estudio distingue varios momentos: uno de vaivén; otro, a partir de mayo con el caso “De La Fuente”, donde se demuestra una clara tendencia a “no aceptar la precariedad” de estos empleos en la Administración de Estado, con 26 fallos seguidos en este sentido en la Tercera Sala, y, al finalizar el año, una nueva serie de disparidades, “resolviendo la sala en un sentido y en otro indistintamente”.

“No se ve la consolidación de una tendencia jurisprudencial, esto, principalmente, por el constante cambio de integración de la sala y por los zigzag de sus ministros”, indica el análisis.

Las otras son materias con menos fallos: en derecho de aguas —fueron cuatro y hubo empate— fue por modificaciones en la integración, mientras que en la única sentencia por invalidación ambiental ocurrió por el cambio de voto de un ministro.

Mayor unificación de jurisprudencia

En este período, señala Vergara, “hay más temas en que la jurisprudencia ha sido admirablemente lineal y menos en los que lamentablemente se mantiene el zigzagueo”.

Durante 2019 la Corte Suprema estabilizó su criterio en siete materias: plazos fatales para que la Administración responda solicitudes del ciudadano, plazos para la acción sancionatoria, cómputo de plazos e indemnización por responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, además de los ya conocidos de funcionarios a honorarios y supletoriedad del Código de Trabajo, desviación de poder y recurso de protección como vía idónea, ambos en desvinculaciones de funcionarios a contrata.

El estudio destaca lo ocurrido en la Cuarta Sala con los funcionarios a honorarios: tanto en la investigación anterior como hasta mayo del año pasado la jurisprudencia siguió siendo vacilante, sin embargo, a partir de junio pasado dejó de hacerlo, ofreciendo “de manera admirable una sola línea hasta fin de año”.

Así, con la sentencia “Domínguez” se habría dejado atrás una histórica disparidad sobre si se debe o no aplicar el Código del Trabajo en estos casos —con ministros y abogados integrantes pasando de una tendencia a otra—, señalándose en 32 fallos consecutivos que esa respuesta es negativa y donde la ministra Gloria Ana Chevesich ha mostrado desde el inicio una disidencia constante. En total, se analizaron 71 resoluciones: 18 a favor y 53 en contra.

Desde ese fallo “la jurisprudencia se estabiliza completamente, resolviendo este caso y los sucesivos sin darle aplicación al Código del Trabajo”, dice el estudio, y añade que, no obstante ello, “solo en el futuro sabremos si esta actual uniformidad se encuentra del todo consolidada”.

Un mismo fenómeno se dio con la desviación de poder y la protección como vía idónea en materia laboral, ambos vistos por la Tercera Sala. En ambos casos, desde mayo y junio, respectivamente, se unificó un criterio.

“Lamentablemente no tiene mayor efecto en contratas, vinculado a los anteriores, en que la sala sigue zigzagueando”, plantea el estudio.

Cambio de actitud de ministros y abogados

Esta mayor unificación de criterio de las salas, plantea Vergara, se debe a “una conducta más lineal de sus ministros”, pero “también se mantienen conductas erráticas de algunos”, aclara.

“No hay evidencia alguna de que la Corte Suprema (en Pleno) haya adoptado alguna decisión institucional para enfrentar el zigzagueo. No hay evidencia alguna, por otra parte, que las salas respectivas hayan adoptado decisiones internas dirigidas a evitar las vacilaciones, pero sí resulta bien ostensible que los resultados evidenciados en este nuevo estudio se deben a un cambio de actitud de magistrados y abogados integrantes”, sostiene.

En este sentido, destaca el trabajo de la ministra Chevesich, la única que, dice, nunca cambie de criterio. “Podemos decir que ella es hoy en la Corte Suprema un modelo, el paradigma de la jurisprudencia uniforme y de conformación de precedentes”, señala.

Finalmente, plantea que “hay una tendencia muy saludable de que después de la molestia inicial, la Corte ha comenzado a reaccionar por conductas individuales, y que los ministros está captando que están en exposición frente a la opinión pública”.

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