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El arriesgado estilo que marca algunos de los fallos de los ministros que permitieron retiro de fondos de pensión

Sala de la Corte de Antofagasta la integraron los jueces Clavería, Soublette y el abogado Orellana. Para el profesor de Derecho Público de la U. de Chile, Luis Cordero, los magistrados tienen una sensibilidad especial frente a situaciones de inequidad. “El punto es que esa sensibilidad los expone a riesgos que, de no tenerlos presente, puede llevarlos a sobrepasar la frontera del derecho al mérito de la política pública”, asegura.

Sábado, 27 de junio de 2020 a las 12:50
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A. Chaparro y A. Zúñiga

Enviaron el caso al Tribunal Constitucional (TC) y esperaron el resultado. No había inconstitucionalidad en la norma y no correspondía liberar los fondos de pensión que solicitaba una profesora jubilada, estableció esa magistratura. Volvió la causa a Antofagasta y los ministros de la Corte de Apelaciones Óscar Clavería, Virginia Soublette y el abogado integrante Fernando Orellana —quien dejó su cargo en marzo, pero había estado en la revisión del recurso el año pasado— iniciaron su estudio.

Sin perjuicio de lo fallado por el TC acogieron, de manera unánime, la acción de protección y permitieron el retiro de los dineros. Tras resolver, Clavería, como presidente de la sala, afirmó: “En este caso, se habla de un sistema de pensiones regulado por el decreto ley 3.500, que es constitucional y es legal. Pero para el caso preciso, respecto de la situación particular con relación a varias otras situaciones, aparece que hay que tomar medidas y resolver como lo dijo la sentencia”.

La ministra Soublette, ayer, complementó: “Esa sentencia lo que pretende es aplicar justicia a un caso específico, a un caso concreto. Para tomar una decisión no se piensa principalmente en la repercusión social o política que esto vaya a tener”.

Las opiniones a favor y en contra de la resolución coparon el debate público. Detractores, como el abogado que representó a la AFP ante el TC, Jorge Correa Sutil, aseguró en cambio que “nunca he visto un mamarracho jurídico igual”.

Se cuestionó que el fallo planteara una visión específica sobre cómo debiera ser un sistema previsional, lo que es una materia propia del debate político que debe darse en instituciones democráticas que responden ante la ciudadanía.

Lo anterior se habría manifestado en frases como “no puede concluirse que exista sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones respecto de una trabajadora que a la luz de las cotizaciones efectuadas no obtenga una jubilación suficiente”. Y como “la única medida racional... no es más que disponer la devolución de los fondos, sin perjuicio de que el organismo administrativo en el futuro le otorgue una pensión mínima que surja de la solidaridad”.

Los autores de la sentencia, que está ahora apelada a la Corte Suprema, estuvieron en este y otros fallos integrando sala —por separado o juntos— y, en ellos, aparece una prioridad de tipo social.

Para el profesor de Derecho Público de la U. de Chile Luis Cordero, el denominador común de esta corte “es que tiene cierta sensibilidad, porque Antofagasta es una región que, pese a su alto PIB, tiene mucha desigualdad, pobreza y contaminación. Así que son testigos directos de inequidades”.

“El punto es que esa sensibilidad —advierte el académico— los expone a riesgos que, de no tenerlos presente, puede llevarlos a sobrepasar la frontera del derecho al mérito de la política pública”.

El robo a los profesores y el supermercado

Hace cerca de una década, quizá una de las primeras resoluciones que llamó la atención en el mundo jurídico, estuvo relacionada con establecer la responsabilidad de un supermercado por un robo ocurrido en uno de sus estacionamientos.

En ese fallo estuvo el ministro Clavería, que presidió la sala del caso AFP, y cuya voz —comentan— se escucha en el tribunal nortino. Quienes lo conocen dicen que es “muy directo” al expresarse y que, esa manera de ser, a veces le juega en contra, pero también le ha significado ganarse afectos. Él mismo lo reconoce, aunque explica: “Lo que ocurre es que la media judicial es reservada. No son de los que opinan fuerte y duro, y yo creo que la mejor manera de difundir nuestra política judicial no es ir al choque, pero sí es decir las cosas como son”.

Sobre esa resolución, el ministro Clavería recuerda que era el caso de unos profesores “bien sencillos, que después de no sé cuántos años iban de vacaciones”, y advierte que en ese momento “dijimos esto no puede ser: hicimos un fallo que iba contra la jurisprudencia de la Corte Suprema y después de esta sentencia la misma Corte Suprema cambió de criterio”.

“Varios fallos de 2008 y 2009 fueron un poco precursores de modificaciones a normativas y esa idea, esa jurisprudencia, ha continuado en la corte”, dice Orellana, quien asumió como abogado integrante en 2011.

En esa época, Soublette venía llegando a la Corte como ministra, pero —coinciden ambos— se conocían de mucho antes. Desde 1988, dice ella, cuando llegó a Antofagasta y después fue secretaria del tribunal cuando Clavería era juez de Letras. “Somos de los antiguos, la gracia que tiene esta Corte es que son todos como familiares”, apunta el ministro.

Enfermos y medicinas de alto costo

Junto con los estacionamientos hubo otros fallos en Antofagasta que también dan cuenta de su sensibilidad en ciertas materias. Entre ellos, algunos sobre entrega por la vía judicial de medicamentos de alto costo, que están en la línea de lo resuelto por la Corte Suprema en los últimos años y que ya es un criterio asentado. El abogado Orellana comenta que son “varios fallos en el país, pero hay dos o tres de la Corte de Antofagasta y, en uno de ellos, participé”.

Los tres con el gaviotín de Mejillones

Hace prácticamente un año, los tres integrantes de la sala que resolvió a favor de la profesora jubilada, dictó una resolución que acogió con costas un recurso de protección para resguardar el gaviotín chico de Mejillones y, de manera unánime, consideraron que la Superintendencia del Medio Ambiente había incurrido en ilegalidad, al no fiscalizar en terreno proyecto que amenaza especie protegida. En el mismo fallo se ordenó, además, la suspensión por un mes del proyecto por US$ 1 millón. Era julio de 2019. Luego, la Corte Suprema confirmó parcialmente esa resolución.

Restricción al uso de perdigones

Avanzaron los meses y llegó octubre, y con él la crisis social. Había pasado un mes y la Corte de Antofagasta resolvía una orden de no innovar, en el contexto de un recurso de protección —que después se rechazó— presentado contra Carabineros y el Ministerio del Interior. Era la primera que restringía el uso de armas letales y perdigones y limitaba el uso de bombas lacrimógenas.

Estaba en la sala el ministro Clavería, la ministra Myriam Urbina y el fiscal judicial Rodrigo Padilla. “Ahí lo que hicimos fue consolidar el mismo reglamento de Carabineros, dijimos, ‘señor obedezca lo que está en los reglamentos y no utilice el balín de la forma en que lo están utilizando, porque va contra sus propios reglamentos'”, explica el magistrado.

Clavería estudió Derecho en la Universidad de Chile, en Valparaíso. Ahí fue alumno de profesores como Manuel Rivacoba y Agustín Squella. Trabajó de manera privada un tiempo y luego entró al Poder Judicial, en 1985. A Antofagasta llegó cuatro años después y a la Corte de esa jurisdicción, el 98.

Soublette estudió también en la U. de Chile, pero en Santiago, donde fue alumna en Derecho Penal, recuerda, de Máximo Pacheco, “en primer año, una enseñanza incomparable, era muy humano y cercano”; Alfredo Etcheberry, “un maestro de la claridad”; el actual ministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, que en esa época era profesor auxiliar de la cátedra de Etcheberry, “se destacaban por su claridad, conocimiento y precisión en enseñar las materias”, y Luis Ortiz Quiroga.

Como los ministros, el abogado Orellana lleva tiempo en la región. Llegó hace casi 20 años a Antofagasta —zona que conocía por su padre, el premio nacional de Historia Mario Orellana— para hacer clases en la UC del Norte, donde actualmente y desde hace seis años es secretario general y ha tenido diversos cargos directivos.

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