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Santiago de Chile. Mar 27/10/2020

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Fallo de la Corte Suprema reabrió debate sobre control de los fiscales: ¿Qué tan amplias son sus atribuciones?

Una patrulla de infantes de marina hizo una denuncia ante Carabineros y el fiscal a cargo los interrogó en calidad de imputados. Su defensa apeló, la Corte de Concepción les encontró la razón, pero el máximo tribunal revocó. Un grupo de litigantes y académicos se refiere a esta discusión, que cada cierto tiempo reflota entre los especialistas.

Viernes, 19 de junio de 2020 a las 23:46
El fallo de la Suprema: voces a favor y en contra
Esta sentencia de la Corte Suprema, asegura López, “ha sido mal entendida”, ya que no señala —dice— que la “atribución de la calidad de imputado por el fiscal esté libre de control judicial sino que, en el caso concreto, el mero disenso o discrepancia con el juicio del fiscal no habilitaba para interponer un recurso de amparo, en la medida que no se estaba invocando alguna afectación actual o futura de los derechos constitucionales de los amparados”.

Al declararlo así, agrega, el máximo tribunal “no solo deja a salvo el control de los jueces de garantía sobre la atribución arbitraria de esa calidad cuando se pretenda fundar en ella la afectación de derechos constitucionales sino que, incluso, sugiere que el mismo recurso de amparo podría ser la vía, si los derechos afectados por tal arbitrariedad fueran la libertad personal o la seguridad individual”.

Por su parte, Medina asegura que se aplica el criterio propio del recurso de amparo, “que fue la vía procesal por la cual conoció del asunto y, por lo tanto, examina la existencia de amenazas para la libertad de la persona”, pero que, sin embargo, “la responsabilidad de asumir un manejo responsable de la calificación de imputado de una persona recae en el Ministerio Público, el cual debe tomar consciencia de las consecuencias reales que trae aparejada la decisión de atribuir esa calidad a alguien, más allá de los presupuestos teóricos que se pueden invocar al fundar la decisión de hacerlo”.

María Elena Santibáñez, en tanto, estima que la decisión fue la correcta, ya que “corresponde a la primera decisión que tomas en un caso, y, a lo mejor uno pudiese pensar que tal vez puede faltar algo de criterio si se dice que se trata de una situación de legítima defensa, pero el fiscal tiene que investigar, porque te pueden plantear una denuncia en un caso, pero hay que investigar si es real o no”.

Además, plantea que “respecto de una persona que percutió un arma, aunque esta puede decir que actuó en legitima defensa, eso se tiene que investigar”, y también recuerda que una misma persona puede tener la calidad de víctima e imputado, “aunque todo en un ámbito provisional, mientras no se aclare la situación real”.

En la misma línea, Riego plantea que “si de cualquier versión surge que una persona puede haber cometido un delito, entonces el fiscal debe tratarlo como imputado en un momento inicial”.

Por esta razón, añade, califica de “correcto” el fallo de la Suprema, y concluye que “este debate solo surge cuando la fiscalía, de algún modo, afecta a grupos poderosos, con o sin razón. Pero ese riesgo tenemos que sufrirlo todos”.
Las críticas por la calificación de imputados
“Una de las razones de fondo acá, que incluso hace inadmisible el recurso de amparo interpuesto, es que no se afecta de ninguna manera algún derecho fundamental de los militares. Es decir, la mera calificación de imputados, la única consecuencia práctica que tenía era que les advirtieran de sus derechos antes de que prestaran declaración, y eso es una garantía, no va en desmedro de las personas imputadas. Por el contrario, esto favorece sus derechos”, señala Claudio Uribe para justificar la decisión tomada por el fiscal.

Aunque concordando con esa definición, Medina asegura que el problema es que en la práctica se toma “como si existieran ya respecto de la persona antecedentes que fundan una posible participación en un hecho delictivo, afectando por ello su derecho a ser tratado como inocente”.

Sucede el mismo fenómeno, añade, con la formalización, “que debería operar como un mecanismo de garantía, porque a través de esa actuación la persona puede ejercer ciertos derechos, además de conocer los hechos por los cuales se le investiga, pero que actualmente se ha convertido en un estigma”.

En la misma línea, López agrega que esta calidad tiene una doble connotación: “Por una parte, tiene una dimensión garantista, en cuanto activa el estatuto de protección de los derechos del imputado; pero, por la otra, tiene un claro efecto incriminatorio, en cuanto expone públicamente a esa persona como probable autor de un delito, lo que puede tener efectos devastadores en su vida personal y laboral”.

También abre la posibilidad, plantea, “de que sea detenido o lo afecten medidas intrusivas que de otra manera no serían admisibles, como los exámenes corporales, la retención de correspondencia o las interceptaciones telefónicas. Es por eso que la atribución arbitraria de la calidad de imputado debe ser controlada por los jueces cuando a través de ella se pretende justificar la afectación de derechos. Decir que ella tiene una dimensión puramente garantista es hacer una falsa representación de la realidad y para aceptarla hay que pecar de mucha ingenuidad”.
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Alejandra Zúñiga y Daniel Inostroza
El debate se reabrió hace unos días, luego de que la Corte Suprema se pronunciara sobre un recurso de protección presentado por la defensa de tres infantes de marina que en mayo pasado denunciaron ante Carabineros un intento de atropello mientras realizaban labores de fiscalización en la cuidad de Lota en medio del toque de queda.

Junto con esa denuncia, explicaron que al notar que el automóvil no se detenía, uno de ellos disparó con su escopeta antidisturbios un balín de goma hacia el vehículo, mientras que otro realizó un disparo de salva al aire.

La decisión del fiscal de tomarles la declaración como imputados llevó a que sus defensas presentaran un recurso de amparo, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción, ordenando que de volver a interrogarlos se cambiara dicho estatus. La decisión, sin embargo, fue revocada por el máximo tribunal, al considerar que el Poder Judicial no tiene atribuciones para indicar al Ministerio Público cómo guiar su investigación.

“Son los jueces los llamados a revisar sus prácticas”

Para el abogado penalista Julián López “es una realidad que, en general, los fiscales están sometidos a menos control jurisdiccional del que parece deseable”. Y agrega: “Muchos jueces de garantía extienden en demasía el ámbito de discrecionalidad del Ministerio Público”.

Así, cuestiones como la agrupación de investigaciones, la asignación de carácter reservado o las calificaciones jurídicas de los hechos imputados suelen ser entendidas —dice— como “privativas del fiscal” y el control estricto sobre la procedencia de las medidas intrusivas “es una excepción más que una regla”.

En materia de medidas cautelares, señala, “es usual que los cuestionamientos de la defensa sobre la existencia del delito o la participación del imputado sea considerada por el juez como una ‘cuestión de fondo’ que no corresponde discutir en ese momento, pese a que la ley dice exactamente lo contrario”.

“Puede que sea conveniente hacer más explícitas ciertas reglas legales pero, entretanto, son los jueces los llamados a revisar sus prácticas y defender su rol”, plantea.

En la misma línea, el también penalista Gonzalo Medina dice que “es claro que el modelo de persecución penal otorga significativas facultades discrecionales a los fiscales para decidir cómo llevar adelante las investigaciones”.

Sin embargo, también recuerda que el sistema contempla diversos mecanismos para el control, tanto por la vía administrativa ante el propio Ministerio Público como ante los tribunales de justicia, como la cautela de garantías en cualquier etapa del procedimiento. “Estos mecanismo dependen, asimismo, del ejercicio de control horizontal por parte de los diversos intervinientes, lo que es propio de sistemas adversariales como el nuestro y de una judicatura que custodie de manera efectiva las garantías de las personas”, explica Medina.

Necesidad de controles externos

“Antes de la judicialización, efectivamente el Ministerio Público actúa autónomamente, en tanto no se afecten garantías de las personas, y ahí la única forma de poder ejercer algún control es efectuando reclamos, por ejemplo, respecto de actuaciones de los fiscales que se pudiesen considerar que se han ejercido de forma arbitraria”, plantea la profesora de la U. Católica, María Elena Santibáñez, y agrega que en este diseño el problema es que esa fiscalización se efectúa ante el propio organismo.

“Por lo mismo es que ha existido una discusión permanente, con la que estoy de acuerdo, en el sentido de que debiese existir algún tipo de control externo, porque o si no es la misma institución la que se autorregula, y eso evidentemente puede llevar en ciertos casos a abuso o a situaciones arbitrarias”.

Algunas sugerencias, dice, podrían ser cambios en los nombramientos. Aunque le parece que el sistema para elegir fiscales y, también, al propio fiscal nacional, está bien pensado, “en cuanto deben intervenir los tres poderes de Estado”, cree que se podría pensar en mecanismos adicionales, como la posibilidad de una acusación constitucional o algún tipo de control cuando se investiga a los miembros de la institución, como “fiscales ad-hoc”, que existen en otros países.

“Todos estamos sometidos al riesgo de ser perseguidos penalmente”

En tanto, el académico de la U. Diego Portales, Cristián Riego, agrega una nueva arista al debate sobre el control de los fiscales, señalando que estas críticas hacia la actuación del Ministerio Público “se deben a que hay grupos que sienten que ellos no deben nunca ser sometidos a la persecución penal”.

Y agrega que “en una sociedad democrática, todos estamos sometidos al riesgo de ser perseguidos penalmente, lo que es muy duro, pero podemos defendernos en un proceso con garantías. Nadie puede pretender que eso no se le aplica a él por quién es”.

La defensa de los fiscales

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, entra al debate señalando que “esto de que nadie controla a los fiscales es una falacia”.

“Tenemos un sistema jerárquico bastante estricto, donde cualquier acción puede ser revisada por los fiscales regionales. Ahora, por otro lado, no podemos afectar ningún derecho de persona alguna, sino es con autorización de un juez. Ahí tenemos dos fuentes de control bastante importantes”, añade.

Luego, también plantea que además de controles administrativos existen controles jurisdiccionales, y que todos operan “en la medida que se está pretendiendo afectar derechos de terceros”.

Finalmente, Uribe cuestiona a quienes plantean esta tesis, asegurando que cuando no les gusta como actúa el Ministerio Público “optan por descalificar a la contraparte y tratar, en definitiva, de litigar por otra vía. Lo que pretenden es no discutir el fondo, sino que atacar la forma”.

De igual forma, un dato que desde el Ministerio Público se puntualiza es que cuando el fiscal del caso, Enzo Osorio, debió informar a la Corte de Concepción sobre la situación, reportó que “inicialmente no se señaló que el conductor del móvil habría intentado arrollar a los funcionarios de la Armada, sino solo que estos se habrían visto en la necesidad de esquivarlo”. Y agregó que “la atribución de la calidad de imputado que se reclama no es tal, pues (…) es una condición objetiva que surge del tenor de los hechos que eran puestos en conocimiento de Carabineros y del fiscal de turno”.

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