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Corte Suprema ordenó al Estado pagar más de $13.920 millones por medicamentos de alto costo

Se produjo un aumento de 6,6 veces respecto de 2018 en los ingresos de causas, y se acogió el 85% de los recursos, cuando se demostró el riesgo de la vida, según un Estudio del Observatorio Judicial sobre la jurisprudencia de 2019.

Viernes, 19 de junio de 2020 a las 23:13
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Cinthya Carvajal A.
Un creciente aumento en los ingresos de los recursos de protección, en los cuales se ha obligado al Estado a costear el financiamiento de medicamentos de alto valor, fuera de la Ley Ricarte Soto, se ha experimentado en los dos últimos años.

En 2019, el ingreso creció 6,6 veces respecto de 2018. Entre 2014 y 2018 se interpusieron tan solo 23 recursos, mientras que el año pasado hubo 87 presentaciones.

La sentencia que abrió la puerta a la judicialización de estos casos para que más personas buscaran cobertura para fármacos fue de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la que ve materias constitucionales. En 2018 obligó al Ministerio de Salud a financiar el nusinersen (Spinraza), que tiene un costo de más de $500 millones —solo el primer año de tratamiento—, para un niño de un año y dos meses de concepción con atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que afecta las neuronas.

El otro incremento es la expansión en el tipo de tratamiento solicitado. Si durante 2017 y 2018, los principales medicamentos requeridos fueron tres: Soliris, Spinraza y Vinzimin, en 2019 el universo aumentó a 37 tipos diferentes. Así lo refleja un estudio realizado por el Observatorio Judicial, que analiza la jurisprudencia del máximo tribunal en esta materia.

Diferencias entre la Suprema y las cortes

Durante el año pasado, las cortes de Apelaciones del país fallaron un total de 78 recursos de protección relativos a tratamiento de alto costo, de los 87 que se interpusieron (aún no se han fallado todos). De estos, el 53% fue acogido, mientras que el 47% restante fue rechazado.

Lo que refleja, a juicio del Observatorio Judicial, “que la jurisprudencia del máximo tribunal no ha calado en todos las cortes de Apelaciones de igual manera”. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago es “más contraria a conceder el financiamiento”, se rechazaron 19 recursos y se acogieron solo cinco.

Durante el año pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló un total de 41 recursos de apelación sobre tratamientos de alto costo. En el 85% de las veces se ordenó al Estado a financiar el fármaco requerido.

El costo que tuvo para el Estado el financiamiento de estos 41 tratamientos de alto costo fue de US$ 19.830.216 o $13.920.811.632 (se calculó a $702, valor promedio del dólar en 2019), lo que representa un crecimiento exponencial.

Hace dos años, en 2018, las sentencias por medicamentos de alto costo representaron una suma de US$ 3.500.000, por tanto, el 2019 dicho valor aumentó 5,7 veces.

Al desglosar los montos, según tipo de medicamentos, se aprecia que la mayor parte es para el financiamiento del Spinraza con 24 casos, lo que representa un monto total de $12.000 millones. Hay tres casos de Vinzimin, $800.280.000; dos de Soliris, $702 millones, y cuatro casos por trasplante de médula, $257.808.000. A esto se debe agregar otros ocho fármacos distintos por $160.723.553.

Según el Observatorio Judicial, el máximo tribunal destinó un valor 38 veces mayor por recurrente que un beneficiario promedio de la Ley Ricarte Soto.

Jurisprudencia más definida

El 2019 representa un punto de inflexión para el Observatorio Judicial, por el número de ingresos que refleja que el “incentivo creado por la corte para preferir la vía judicial, que aquella que dispuso el legislador, está rindiendo efectos”.

En segundo lugar, creen que hay “una jurisprudencia más definida” y compartida por todos los miembros de la Tercera Sala: si está en peligro la vida, entonces procede conceder el tratamiento, hay fallos en los cuales la mayoría también ha rechazado recursos por no estar acreditado el riesgo vital.

Esto implica que el máximo tribunal “ha puesto, en principio, un coto a la expansión ilimitada de la judicialización de tratamiento de alto costo al exigir que la vida del recurrente deba necesariamente estar en peligro, es decir, de no recibir el tratamiento significaría la muerte de aquel”. Por tanto, la solicitud de medicamentos que únicamente mejoren las condiciones de vida no sería procedente.

Políticas públicas de salud y distribución de fondos

Otro aspecto que destaca el estudio es la mención explícita en las sentencias que el otorgamiento de los medicamentos “no es una intromisión en las políticas públicas de salud. Sin embargo, esta declaración de intenciones por parte de la Tercera Sala, es una evidente falacia performativa, es decir, negar lo que realmente se está haciendo”. Un ejemplo de ello, dicen, es que el remedio Spinraza fue sometido a evaluación para ser financiado por la Ley Ricarte Soto y fue rechazado por las respectivas comisiones científicas.

“Que la vida está sobre las consideraciones económicas es una forma errada de plantear el problema. Precisamente, como la vida es un bien fundamental, es necesario establecer políticamente los criterios más justos para distribuir los recursos en pos de salvar la vida y mejorar la salud de la mayor cantidad de ciudadanos. ¿Es justo destinar tal monto en solo una persona, cuando decenas de personas fallecen día a día producto del covid-19?”, concluye el estudio.

Sobre el futuro de este fenómeno, el autor de esta investigación, Juan Francisco Cruz, piensa que se van a seguir expandiendo cada vez más los ingresos, porque la mayoría de los ministros comparte jurisprudencia. “Cualquier persona que esté en riesgo su vida y no pueda financiar el tratamiento curativo podrá recurrir vía protección. La pregunta que surge es: ¿qué sentido tienen las políticas de salud para la Corte Suprema? A pesar de que afirme no interferir en la política pública, es evidente que sí lo hace. Lo preocupante es que con ello evade el problema político-ético de fondo, que es el de justicia distributiva, donde el centro es la vida humana. Problema que justamente la política y la discusión democrática buscan resolver”, sostiene Cruz.

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