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Jefe de Estudios de la Defensoría y debate sobre la ilegalidad de detenciones por riesgo a la salud pública: “De modo alguno supone impunidad”

El organismo ha sostenido ante los tribunales que es una falta y no un delito, consiguiendo acogida de algunos jueces en esa tesis. En entrevista con el “Mercurio Legal” aborda este tema y también hace un balance sobre cómo ha funcionado la institución en pandemia.

Viernes, 05 de junio de 2020 a las 20:47
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Andrea Chaparro S.
Que si es una falta o un delito. Esa es la discusión que se ha dado en las últimas semanas en los tribunales. Todavía no hay un criterio asentado entre los jueces, pero sí en la Defensoría Penal Pública, que salió a argumentar que si la persona no está contagiada de coronavirus no se dan las exigencias del artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública. Una tesis que ha empezado a ser acogida en algunas jurisdicciones.

El jefe de estudios de la institución, Rubén Romero, en entrevista con “El Mercurio Legal,” abordó este tema, la manera en que han enfrentado la emergencia sanitaria y el estado de causas surgidas antes de la actual situación, como las iniciadas durante la crisis social, entre otras.

—¿Cómo han enfrentado la emergencia sanitaria desde el punto de la gestión de recursos humanos y de las nuevas políticas de persecución penal?

—En primer lugar, desde el punto de vista de la gestión interna se han tomado todos los resguardos necesarios para la debida protección y disminución de riesgos para la salud de todas las personas que defendemos, así como para quienes integran el sistema y, en particular, nuestra institución y ejercen labores asociadas a la defensa pública. Ello incluye la realización de trabajo a distancia a partir del 16 de marzo, la aplicación de medidas sanitarias, la disponibilidad de medios para el trabajo a distancia y el mejoramiento de herramientas informáticas, entre otras.

“Todas estas medidas han estado siempre orientadas a la mantención de la prestación de un servicio de excelencia para nuestros representados y sus familias”, dice Romero. Y agrega: “Se han ampliado considerablemente los canales de información mediante llamadas telefónicas, entrevistas remotas con personas imputadas o condenadas y sus familiares, uso de redes sociales, coordinación con otros servicios públicos pertinentes para operativos conjuntos en centros de reclusión, comisarías, etc”.

“A su vez, las defensorías regionales y defensorías locales de todo el país han prestado toda la cobertura necesaria. Los defensores públicos, asistentes, profesionales de apoyo y directivos han maximizado su capacidad de trabajo, de forma de evitar que la grave crisis sanitaria que afecta al país genere un desmedro de la atención, la cobertura y el ejercicio de defensa técnica”.

—¿Cómo ha sido la experiencia de las audiencias por videoconferencia? ¿Cuáles diría que son las ventajas del método y los desafíos que plantea para el futuro?

—El uso de la tecnología para la realización de audiencias a distancia ha sido uno de los aspectos centrales del funcionamiento del sistema penal en el contexto de la pandemia. Y, ciertamente, esta genera importantes ventajas en orden a disminuir el riesgo de contagio de las personas vinculadas al proceso penal, sean usuarios, testigos, peritos o funcionarios, jueces, fiscales o defensores.

Sin embargo, advierte que es “fundamental dejar bien asentado que el proceso penal, es decir, el juzgamiento de hechos de gravedad imputados a personas, debe ser tramitado conforme a reglas y principios que deben ser debidamente respetados, a fin de otorgar legitimidad tanto a la investigación como a la eventual condena impuesta por el Estado”. Y, en este sentido, Romero puntualiza: “Estamos convencidos de que el resguardo de la salud y el respeto por el debido proceso y las garantías y derechos fundamentales no resultan incompatibles per se”.

“Por ello, desde un principio desde la Defensoría hemos pedido el reagendamiento de los juicios orales para poder hacerlos presenciales, cuando las condiciones de resguardo de salud lo permitan, anteponiendo siempre la voluntad de nuestros representados, para que sean juzgados en un plazo razonable. Eso es factible también en el actual escenario, puesto que forman una parte muy menor del total de audiencias a realizarse y no son la fuente de atochamiento del sistema. Todo lo anterior, con el propósito de realizar los juicios orales conforme a nuestra legislación y sin afectar las garantías judiciales, el debido proceso y el derecho de defensa como corresponde a un Estado de Derecho”.

Romero profundiza en este punto: “Hemos propuesto establecer y aportar en instancias interinstitucionales de discusión y acuerdo sobre las formas concretas en que se debe desarrollar cada tipo de audiencia, siempre buscando representar nuestra postura de resguardo al debido proceso y al principio de igualdad ante la ley. Solo un acuerdo entre los intervinientes, que considere todos los aspectos técnicos y tenga presente opiniones expertas, puede entregar pautas para el óptimo funcionamiento del sistema en este momento excepcional”.

Los casos antes de la pandemia: crisis social, delitos de corrupción y otros

—¿Cómo van a enfrentar el eventual regreso a la normalidad y la sobrecarga de trabajo?

—Toda la defensa penal pública ha continuado trabajando y si bien varias de las actividades de defensa se han tenido que hacer de manera remota, como las entrevistas con los usuarios y gran parte de las audiencias, los defensores públicos siguen preocupados por cada uno de sus defendidos e incluso instando para que avance la tramitación de las causas cuando ello es urgente. Desde esa perspectiva, el retorno a la normalidad nos encontrará preparados, sin perjuicio de lo cual estamos monitoreando día a día la marcha del sistema.

—¿En qué están las causas de la crisis social en que ustedes tienen representados? Por ejemplo, las por saqueos y desórdenes públicos de gravedad.

—La mayoría de esas causas ya están terminadas, pues se trata de personas imputadas de delitos con penalidad más bien baja. Por lo mismo, aunque hubo muchas personas detenidas, eso no se tradujo en muchas personas en prisión preventiva. Las causas que siguen vigentes son aquellas más graves (por ejemplo, los incendios en el Metro), pues se trata de hechos que requieren de un mayor plazo de investigación y tienen asociada penas más altas.

—¿Qué ha pasado con causas por delitos de corrupción o económicos?

—Respecto de las causas en que se investigan delitos económicos o de corrupción en que defensores penales públicos representan a todas o algunas de las personas que se les atribuye participación por el Ministerio Público —ya sea funcionarios de Carabineros o el denominado caso SQM, el de las luminarias de Iquique y las adjudicaciones de contratos del Ministerio de Vivienda—, todas se encuentran en tramitación, bien en plena investigación o en etapa intermedia previa al juicio, por lo cual aún no hay pronunciamiento judicial sobre las responsabilidades que se imputan.

Poner en riesgo la salud pública, ¿más o menos pena?

—¿Qué opinión tienen de las penas por los delitos sanitarios por la pandemia?

—Respecto de los criterios de persecución penal, la Defensoría Penal Pública es respetuosa de las decisiones político-criminales que determina el Ministerio Público. Con todo, seguiremos haciendo nuestro trabajo y esfuerzo en argumentos jurídicos que permitan que los tipos penales atribuidos sean interpretados conforme a derecho.

“Un claro ejemplo lo constituye la masiva imputación de personas por el artículo 318 y su recta interpretación. Como ya es de público conocimiento, cada vez son más los tribunales que acogen nuestra postura institucional, entendiendo que la mayoría de las detenciones producidas en el actual contexto corresponden a una falta que no admite detención y posterior traslado y puesta a disposición ante el juez respectivo”.

Pero, dice, “ello de modo alguno supone impunidad. Solo da cuenta de la importancia de aplicar las reglas procesales vigentes, que cada caso se investigue y sea tramitado conforme a derecho, evitando la imposición de penas desmedidas en casos de mera desobediencia, cuando no hay afectación real el bien jurídico protegido y, de paso, reduciendo el riesgo de que el sistema aumente el riesgo para la salud que genera el traslado de detenidos hacia comisarías, tribunales y centros penitenciarios”.

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