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Mahnke aboga por comité de emergencia en justicia ante escenario que se viene, porque “no hemos llegado al peak

Dice que el gran dilema es no poder hacer un juicio oral contradictorio hoy, cuando hay “un debate acerca de los hechos que se están imputando”. El defensor nacional rinde este miércoles su cuenta pública anual vía streaming.

Martes, 19 de mayo de 2020 a las 23:16
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Lilian Olivares

Por primera vez desde que está en el cargo —hace cinco años—, el defensor nacional, Andrés Mahnke, entrega hoy su cuenta anual vía streaming. Ahora, en medio de la pandemia, le corresponde hacerlo justo cuando se cumplen 20 años de la reforma procesal penal. Destaca que esta “instaló definitivamente el derecho a defensa, el debido proceso y la garantía de la presunción de inocencia en nuestro país”.

Veinte años de la reforma, comenta, que, pese a sus bondades, ha tenido 60 modificaciones que han desequilibrado la balanza porque los delitos han cambiado, algunos se han penalizado más y, para el defensor nacional, urge el nuevo Código Penal que tanto empujó el Ministerio de Justicia antes de sobrevenir la crisis social y el covid-19. Lo visible, dice Mahnke, no debe quitarle fuerza a lo importante.

Pero también la pandemia habría limitado algunos derechos que consagró la reforma.

—¿Cómo ha visto restringidos esos derechos?

—Lo que estamos haciendo por videoconferencia está funcionando en forma muy adecuada. Los intervinientes nos hemos coordinado bien, y es una modalidad que uno no encuentra en el resto de América Latina. Pero no podemos hoy entrevistarnos directamente con nuestros representados, fundamentalmente en las audiencias de control de detención. Lo mismo ocurre respecto de los condenados. Todos los contactos son vía tecnológica. Hemos hecho más de 65 mil videoconferencias y más de 50 mil entrevistas por llamado telefónico. Eso sirve para informarles de su causa, pero la confianza y la posibilidad de tener una conversación privada no son las mismas.

Aun más complejo, advierte, es el tema del juicio oral.

—Como defensoría, nos ha tocado transmitir la imposibilidad de llevar un juicio oral contradictorio cuando realmente hay un debate acerca de los hechos que se están imputando en la participación, de la evidencia que se quiere incorporar para acreditar esos hechos y la credibilidad de esa evidencia. Para hacer ese debate, el juicio oral por videoconferencia es imposible de realizar.

Detalla:

“En volumen, en promedio nosotros en 2019 tuvimos 17 mil juicios orales. Para junio, una vez que termine el estado de excepción constitucional fijado al 16 de junio que eventualmente se puede alargar, hay 570 juicios orales reagendados, y para el mes de agosto ya hay 1.032 juicios orales más. Estamos lejos de las cifras que habitualmente tenemos al año: 1.200 o 1.300 juicios al mes. Y eso va generando una dilación, que es el dilema en que nos encontramos en este momento.

—La fiscalía tiene contemplado endurecer las cautelares que solicita y optará por más prisiones preventivas ante el aumento de personas que violan las normas sanitarias. ¿Cómo ve la Defensoría ese escenario?

—Es una resolución que debe darse caso a caso, porque hay muchas variables. Algunos de ellos además estaban cometiendo otro ilícito mayor. Entonces, ahí claramente la consideración de que eventualmente queden en prisión preventiva no está determinada por la vulneración del art. 318 del Código Penal, sino que por el ilícito mayor que habían cometido. Y también es determinante ver si la persona era portadora del virus, al definir si estaba poniendo en riesgo la salud de terceros. Son los debates que legítimamente tienen que llevarse en los casos particulares, en cada una de las audiencias.

—En el sistema de justicia penal, ¿estamos en el peak de los problemas por la pandemia?

—No hemos llegado, aparentemente, al Peak. Por lo tanto, el retorno a un funcionamiento natural del sistema de justicia todavía no se ve. El problema es que cuando volvamos lo haremos con un arduo trabajo, en que tenemos que prepararnos para dimensionar cuán voluminoso va a ser, dónde tenemos que priorizar y en qué condiciones estamos para abordarlo, considerando que además luego de esta emergencia puede haber restricciones presupuestarias. Urge un plan de contingencia para este retorno. Ese es un punto que abordamos en la comisión coordinadora de justicia penal: tener un comité de operación de emergencia para empezar a levantar las líneas de base de ese plan. Tenemos que hacerlo con todas las instituciones del sistema porque si no, nos vamos a pegar un par de costalazos.

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