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Ex presidenta del TC sobre rol de los jueces: "Si algún criterio ha cambiado en la sociedad, lo correcto es promover el cambio de la norma”

Durante un encuentro con estudiantes de la U. Católica, Marisol Peña, la primera mujer en ocupar este cargo en el organismo, señaló que el problema surge cuando “se judicializan asuntos que los órganos colegisladores no han podido o no han querido resolver”. Y agregó: “Se traslada, entonces, la responsabilidad al juez y es obvio que su sentencia nunca va a dejar contentos a todos”.

Domingo, 03 de mayo de 2020 a las 11:32
“Es un ejercicio de autolimitación permanente en un espacio donde confluyen personalidades muy fuertes”
Al referirse a su trayectoria en el TC, que integró entre 2006 y 2018, la ex ministra Peña aseguró que el primer desafío es mantener la independencia y objetividad.

“Ello supone solo hablar a través de los fallos y partir de la base de que todos los justiciables son iguales frente a la justicia, que no hay litigantes de primera y de segunda”, dijo, y agregó que, además, “uno aporta su visión del derecho, pero debe ceder también en aspectos no sustanciales para favorecer los consensos”.

“Es un ejercicio de autolimitación permanente en un espacio donde confluyen personalidades que suelen ser muy fuertes. Sin embargo, siempre he pensado que en un tribunal la posición del que grita más nunca lidera, sino la de quien muestra prudencia y conocimiento acabado del asunto”, indicó.

Y, finalmente, aseguró que es central darse cuenta de que una sentencia no es un paper académico, sino que este tiene que reflejar jurídicamente y con un razonamiento lógico la solución a un conflicto concreto.

“Cuando me tocó estar en la minoría, ello fue una exigencia mayor, pues sentía que debía esforzarme aun más para entregar argumentos de peso que justificaran que no hubiera compartido la posición de la mayoría, pero siempre por razones estrictamente jurídicas”, aseguró.
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A. Zúñiga C.
“En el caso de los jueces constitucionales, ellos velan por la integridad del ordenamiento jurídico, no por lo que aparentemente es lo más popular. Si algún criterio ha cambiado en la sociedad, lo correcto es promover el cambio de la norma que lo rige a través de las vías democráticas establecidas”, planteó la ex presidenta del TC, Marisol Peña, la primera mujer en cumplir este rol en el organismo, durante un conversatorio organizado por el Centro de Alumnos de Derecho de la U. Católica.

Sus palabras toman fuerza en medio de las polémicas últimas semanas vividas por el Tribunal Constitucional (TC): cuestionamientos a los plazos de tramitación de las causas, especialmente en materia de derechos humanos, con acusaciones de su actual presidenta, María Luisa Brahm, señalando en una entrevista que antes de su arribo al cargo había suspensiones “al límite de la corrupción” y reconociendo que son una "tercera cámara", como en reiteradas ocasiones se ha definido y cuestionado al organismo.

El tema está actualmente en debate e investigación. Es más, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte está indagando posibles actos de prevaricación y cohecho por parte de los magistrados y la situación repercute no solo a nivel legal, sino también en la concepción misma de cómo debe funcionar el organismo y sus magistrados.

¿Se puede ser imparcial ante un caso mediático? Se le preguntó en el encuentro a la profesora de Derecho Constitucional —invitada a exponer junto al fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Jaime Salas, sobre la judicatura como opción de futuro profesional para los estudiantes —.

La ex ministra señaló, entre otras cosas, que “el mayor problema se presenta cuando se judicializan asuntos que los órganos colegisladores no han podido o no han querido resolver. Se traslada, entonces, la responsabilidad al juez y es obvio que su sentencia nunca va a dejar contentos a todos”.

Y agregó: “Uno no falla conforme a quienes gritan más o a quienes manejan los medios de comunicación. El único norte es y debe ser la justicia del caso concreto”.

“Lo ideal sería que el TC no tuviera que dictar sentencias exhortativas instando al legislador a llenar los vacíos”

Las competencias del Tribunal Constitucional, así como de otros organismos públicos, ha estado con frecuencia en la palestra durante los últimos meses. Uno de ellos se refiere a si el Poder Judicial debiera tener mayor injerencia en el proceso de formación de la ley.

Al respecto, Marisol Peña respondió de manera negativa, llamando a ser “cuidadosos de respetar el principio de separación de funciones del Estado.

Recordó además que por ley, en la inauguración del Año Judicial, el presidente de la Corte Suprema está obligado a plantear públicamente las dudas del organismo respecto a la aplicación de las normas vigentes para que se introduzcan los cambios necesarios. También, dijo, es obligación del máximo tribunal entregar su opinión en la tramitación de las leyes orgánicas constitucionales.

“Lo ideal sería que el Tribunal Constitucional no tuviera que dictar sentencias exhortativas instando al legislador a llenar los vacíos normativos. Creo que eso se supera con mayor diálogo, con seminarios conjuntos, como los que se hicieron en tiempos pasados”, añadió.

Sobre la posibilidad de que haya real justicia sin apego estricto al texto de la ley, Peña respondió de manera afirmativa, asegurando que se trata de una norma de carácter general y obligatorio “llamada a regir las relaciones que se dan al interior de la sociedad, pero que no puede prever las particularidades de cada caso concreto”.

Puede ocurrir, afirmó la ex ministra en su exposición, “que la ley tenga una laguna o haya omitido desarrollar la regulación de un derecho constitucional, como ocurre con los derechos sociales. El juez no puede excusarse de resolver y allí, más que 'interpretar' el derecho, está llamado a 'integrar' el derecho, en una labor más creativa, que lo transforme en un colaborador del legislador".

No obstante, agregó que aquello que está definitivamente prohibido en este contexto es "la interpretación contra legem, es decir, abiertamente opuesta a la norma, donde el juez se transforma en un activista que tiende a sustituir al legislador o, al menos, a competir con él".

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