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Presidenta del TC dice que están disponibles para contribuir a las reformas o a la elaboración de una nueva Constitución

Durante la primera cuenta pública de la ministra María Luisa Brahm, donde aseguró que como magistratura constitucional “ponemos a disposición del país nuestros conocimientos y experiencia“. Además se refirió a asuntos como los conflictos de competencia con la Corte Suprema, que, dijo, “deben resolverse por los cauces institucionales“.

Martes, 31 de marzo de 2020 a las 21:10
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Cinthya Carvajal / Alejandra Zúñiga

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, realizó hoy su primera cuenta pública de manera virtual, debido a la contingencia sanitaria por la que suspendió la ceremonia programada para el lunes.


Brahm dijo en su discurso que es una obligación constitucional rendir la cuenta, aludiendo a la complicada situación que vive el país: una cuenta pública que “no puede descontextualizarse de las excepcionales circunstancias que vive nuestro país, y el mundo entero”.

“Tener una justicia oportuna exige instituciones sólidas, fuertes, robustas, capaces de enfrentar desafíos y superar contingencias. En ese marco debe desarrollar su rol el Tribunal Constitucional. La crisis que ha experimentado nuestro país desde octubre de 2019 y la emergencia sanitaria que está en pleno desarrollo, nos invitan a reflexionar en torno a diversas cuestiones”, agregó en su presentación.

En la primera parte hizo ver el gran número de causas ingresadas el 2019. “El tribunal actual es fruto de un consenso social. Las dieciséis competencias con que está dotado emanan del acuerdo alcanzado en la Reforma Constitucional de 2005. La principal, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, generó durante el año 2019 el 98,7% de sus ingresos, cuestión que evidencia la forma en que la justicia constitucional se acerca en la resolución de casos concretos, a través de, eventualmente, inaplicar disposiciones legales que pudieran vulnerar normas constitucionales”, expuso la presidenta.

Sobre la reforma constitucional y nueva Constitución sostuvo que están disponibles para la colaboración en este proceso: “Ponemos a disposición del país nuestros conocimientos y experiencia (…) para contribuir a las reformas o a la elaboración de una nueva Constitución, conforme lo que resuelva la ciudadanía, de acuerdo con la reforma introducida en diciembre de 2019 al Capítulo XV de la Carta Fundamental, en un procedimiento (el plebiscito) que, por la pandemia que afecta al mundo entero, ha debido posponerse”.

La presidenta del TC enfatizó que se sumarán “a todos los esfuerzos nacionales que sea necesario realizar para continuar solidificando nuestra democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Con los aciertos y desaciertos propios de las obras humanas, pero en un ánimo constante de entregar justicia oportuna y de calidad para cumplir la función esencial que el Tribunal Constitucional cumple en el Estado de Derecho”.

Respecto al estallido social del 18 de octubre, aseguró que como magistratura “creemos firmemente que todos los cambios, aun los más profundos y significativos, que se resuelva llevar adelante, deben adoptarse por medios pacíficos, sin que jamás sea legitimo el uso de la violencia, por lo que es imperativo realizarlos a través de las vías institucionalmente dispuestas al efecto en la propia Carta Fundamental, ejerciendo cada órgano del Estado sus competencias con pleno respeto de los derechos de las personas y de las atribuciones de los demás”.

Diferencias con el Poder Judicial

Brahm explicó que debido al gran número de inaplicabilidades que se presentan, por la cual se debe suspender la gestión pendiente en tribunales, debe haber un “diálogo constante, franco, sereno, con respeto en el ámbito competencial respectivo, pero siempre buscando la mejor solución posible al o los problemas que sea necesario resolver, cualquiera sea la contingencia”.

En su discurso planteó que esta interrelación exige que el tribunal se sitúe “con plena independencia de su rol y funciones, resguardando celosamente su autonomía, pero, también, con la mayor apertura posible al diálogo con los demás poderes y órganos que conforman el Estado de Chile”.

Respecto a las diferencias que han tenido, por las sentencias de la Tercera Sala de la Corte Suprema en la que algunos ministros sostienen que es posible revisar resoluciones del TC, dijo que estas discrepancias “deben resolverse por los cauces institucionales que solo el diálogo respetuoso y franco permite”, como lo dijo el presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, durante la inauguración del año judicial a principios de mes.

“Es cierto, las diferencias existentes con otros órganos jurisdiccionales han experimentado instantes de algidez, que son connaturales a las adaptaciones de cambios competenciales que aún repercuten en ámbitos de decisión en que existen aparentes concurrencias. Sin embargo, podemos decir que manteniendo cada órgano jurisdiccional su espacio de autonomía y atribuciones, hemos sabido superar esa tensión, volviendo al clima de cordialidad”, afirmó.

Brahm además defendió la competencia que la Constitución ha definido para cada órgano del Estado y recalcó “que no procede recurso alguno en contra de las resoluciones del TC”.
“El año en que, en toda su historia, el TC ha debido conocer y resolver la mayor cantidad de acciones”

En 2014 la tendencia de ingreso de recursos era a la baja, como expresó en su cuenta pública el presidente del Tribunal Constitucional de esa época, Carlos Carmona.

Hoy, en cambio, el escenario es radicalmente distinto, se lee en la cuenta pública de 2020 del TC, apreciándose un aumento relevante en los últimos cuatro años: pasando de 357 ingresos en 2016 a 916 durante 2017 y, luego, de 1.663 en 2018 a 2.210 durante todo 2019, “por lejos el año en que, en toda su historia, el Tribunal Constitucional ha debido conocer y resolver la mayor cantidad de acciones, experimentando un incremento de un 32,89% respecto de la anualidad anterior”.

Esos 2.210 ingresos representan el 27,25% de las 8.110 causas que el TC ha conocido en toda su historia, desde 1971. “En un año, esta magistratura conoció más de la cuarta parte de los asuntos que ingresaron en sus cincuenta años de existencia”, añade la memoria.

Por esta razón, en mayo pasado se modificó el auto acordado sobre sesiones ordinarias y horarios de audiencia y atención de público, adelantando el inicio de las sesiones ordinarias a las 9 horas y ampliándolas en un día, por lo que el pleno pasó a reunirse para fallar asuntos, en muchas oportunidades, los martes, miércoles y jueves, sesionando en forma extraordinaria también en las tardes.

Dicha modificación permitió un despacho de sentencias durante 2019 que superó también las de los años anteriores, alcanzando un total de 1.819 soluciones a conflictos constitucionales, lo que representa un incremento de 141,24% respecto de 2018, en que se dictaron 754 sentencias.

Esta información, agregó la presidenta, entrega otro dato de relevancia estadística: entre 2005 y 2018 el TC dictó un total de 2.217 sentencias, “por lo que el número final de 2019 se acercó al registro histórico global que puede contabilizarse desde la Reforma Constitucional de 2005 en torno a los fallos dictados por esta magistratura”.

En lo que concierne al control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley, el tribunal ejerció la competencia del artículo 93, inciso primero, N° 1 de la Constitución, en 13 oportunidades, lo que representa solo 0,58% de los asuntos que conoció en igual período.

“Analizando el número global de ingresos, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad continúa siendo la principal vía de acceso en Chile a la justicia constitucional”, añadió.

Prueba de ello es que los requerimientos de inaplicabilidad representaron un total de 2.181 asuntos, es decir, el 98,68% de los ingresos totales del período, con 1.797 sentencias. De esos 1.797 fallos dictados en sede de inaplicabilidad se continúa apreciando, como en los últimos años, que el porcentaje mayoritario corresponde a impugnaciones a la Ley N° 17.798, de control de armas. En esta materia se dictó el 76,35% del total de sentencias de inaplicabilidad, con 1.372 fallos, siguiendo impugnaciones a la modificación de la Ley N° 20.770, que reformó la Ley N° 18.290, la denominada Ley Emilia, con 83 fallos (5%) y otras materias de diversas áreas del derecho, en que hubo 233 fallos de término, representando el 13% de las señaladas 1.797 sentencias.

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