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Ayer fue aprobado por unanimidad en la Cámara:

Jueces ponen reparos a proyecto para suspender causas mientras avanza urgente discusión en el Congreso

Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, plantea críticas y abogados realizan observaciones, valorando la necesidad de poner la norma en vigencia.

Martes, 24 de marzo de 2020 a las 21:29
Los 10 puntos principales de la normativa
1. Suspensión de audiencias: Se faculta a la Corte Suprema para ordenar las suspensiones de audiencias que estime pertinentes y por los tiempos necesarios, dentro de la vigencia del estado de excepción, respecto de los Juzgados de Letras, los con Competencia en Materias de Familia, los de Letras del Trabajo y los de Cobranza Laboral y Previsional. La Suprema podrá ordenarlo también a los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Ello, con excepción de las de control de detención, de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, y aquellas que requieran la intervención urgente del tribunal. Respecto de la realización de las audiencias y vistas de causas que no podrán suspenderse, se autoriza a los tribunales para proceder en forma remota. A los tribunales arbitrales y los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, se les faculta para que puedan suspender las audiencias que corresponda realizar en el marco de los procedimientos de que conocen, con excepción de aquellas que requieran la intervención urgente del tribunal.

2. Prohibición, durante el estado de catástrofe, de decretar actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a consecuencia de las restricciones del estado de excepción, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria.

3. Suspensión de los plazos judiciales en curso: en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe. Lo anterior no será aplicable en materia penal en términos generales, en cuyo caso se dispone específicamente que la señalada suspensión aplique solo respecto de los plazos establecidos en los artículos 247, 248, 281, 392, 393 y 402 del Código 10 Procesal Penal, y en los artículos 424 al 549, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Penal.

4. Nueva causal de entorpecimiento: se establece un régimen especial para reclamar entorpecimientos dentro 10 días siguientes de publicada la ley, en procesos en trámite o que deban tramitarse ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país.

5. Régimen especial en materia de interrupción de la prescripción de las acciones civiles: bastará que la demanda sea válidamente notificada por sistema electrónico dentro de los 50 días hábiles posteriores al término del estado de catástrofe, y, en caso de que el tribunal provea la demanda con posterioridad al término de la emergencia, se podrá notificar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la resolución del tribunal.

6. Prórroga para el ejercicio de acciones laborales y ante los Juzgados de Policía Local: se prorrogarán los plazos de prescripción y de caducidad, hasta 50 días hábiles posteriores al cese del estado de catástrofe.

7. Régimen especial en materia procesal penal: Los intervinientes que se hayan visto impedidos de cumplir los plazos establecidos para diligencias, podrán alegar entorpecimiento en los términos del artículo 17 Código Procesal Penal, pero fundada en cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria. En este caso, el tribunal decretará un nuevo plazo el que empezará a correr una vez concluido el estado de excepción.

8. Nueva causal de suspensión de las vistas de causas y las audiencias en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema: se podrá alegar un impedimento justificado, generado en la calamidad pública o la emergencia sanitaria. No será aplicable en la tramitación de los recursos de amparo y de los recursos protección, y en las causas que requieran la intervención urgente del tribunal.

9. Régimen de aplicación para tribunales ordinarios, especiales y arbitrales: entre los tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial están los Juzgados con Competencia en Materias de Familia, los de Letras del Trabajo y los de Cobranza Laboral y Previsional, y los Tribunales Militares en tiempos de paz. Y entre los tribunales especiales que no integran el Poder Judicial, están el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los Tribunales Ambientales, entre otros órganos que ejercen jurisdicción.

10. Para procedimiento en forma remota, el tribunal deberá tomar todas las medidas necesarias que asegurar las condiciones para el cumplimiento de las garantías judiciales del proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales.
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L. Olivares y C. Carvajal

En una semana se realizó el proyecto de ley que ayer ingresó al Congreso, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, por el impacto de la enfermedad del coronavirus en el país.

Al mediodía inició su tramitación, con la asistencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a la Comisión de Constitución de la Cámara: fue aprobado de inmediato. Pasó a Sala, ocurrió lo mismo, y siguió al Senado.

Diversas reacciones surgieron desde el mundo judicial sobre la disposición. Esta regirá desde su entrada en vigencia y hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo, y el tiempo en que esta sea prorrogada, si hubiere la necesidad.

La presidenta de la Asociación de Magistrados, la ministra Soledad Piñeiro, dijo que “si bien valoramos que se haga cargo de una demanda que hemos promovido desde que los contagios se intensificaron, creemos que es un proyecto extenso, complejo y perfectible, tal como se lo hicimos saber en detalle a la Comisión hoy. En lo inmediato es indispensable adoptar reglas claras y concretas que aporten seguridad a usuarios y funcionarios. Una ley que no resuelve directamente nudos críticos, delegando facultades legislativas en la Corte Suprema mantiene la incerteza jurídica y aumenta la perplejidad sobre cómo los superiores abordarán el resguardo de la salud de los actores internos y externos del sistema de justicia”.

Cristóbal Osorio: La única prueba será documental

Para el abogado administrativista Cristóbal Osorio, hay tres puntos problemáticos en el cuerpo legal. El primero es respecto al entorpecimiento o impedimento que señala el artículo 4°, el cual establece un régimen especial para reclamar dentro 10 días —después de publicada la ley— en los procesos en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país. Esto es una regulación especial que permitirá solicitar que se vuelvan a realizar diligencias judiciales respecto de las cuales no se pudo participar en razón de la emergencia sanitaria, nuevos plazos que permitan concretar actuaciones que no se pudieron realizar a causa de algún impedimento causado por la calamidad pública, entre otras.

“Si se presenta, el tribunal tendrá dos opciones: lo va acoger de plano o lo va a tramitar como incidente. Si lo tramita como un incidente va a tener la obligación, el que solicite entorpecimiento, de tener que acreditarlo y la única prueba que va a tener es la documental, porque hoy en día no se puede llevar a cabo la prueba testimonial, confesional y exhibición de documentos, porque la propia acta 42 de la Corte Suprema señaló que esas audiencias o diligencias se podrían retrasar o retardar en virtud de proteger a funcionarios de los tribunales civiles, que están cerrados”.

El segundo problema sería el artículo N° 1, que es una norma solo para el coronavirus o Covid. “Las facultades debieran ser siempre para la Corte Suprema en estados de excepción”.

A su juicio, lo otro que se debiera mejorar es que no se regulan otro tipo de procesos. “Esto también debiera ser para los procedimientos administrativos, no solo judiciales que tienen plazos, como los procedimientos de sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente, la Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Electricidad y el Servicio de Impuestos Internos, los reclamos de ilegalidad ante municipios; por ejemplo, de permisos de construcción u otros. No pueden quedar materias tan delicadas al criterio de la autoridad, como fijó la Contraloría en un reciente dictamen. No puede haber una disparidad de criterios”.

Gonzalo García: Lo que pueden perfeccionar

Para el penalista y catedrático de la U. de Los Andes Gonzalo García, esta ley es perfectible. “Algunas de las regulaciones específicas parecen incompletas —no regulan todas las hipótesis de excepción a la suspensión por necesidad de audiencia urgente—, en otras se le otorga una preeminencia o jerarquía a esta ley por sobre garantías establecidas del imputado o acusado que resultan inconstitucionales, y algunas soluciones a la suspensión de audiencia no son contempladas”.

Indica que el primer grupo de problemas, por ejemplo, se refiere a que no contempla a todas la medidas cautelares que limitan gravemente derechos como excepciones a la suspensión de audiencia (ej. arriendo domiciliario) o, menos graves, no se aclara si los plazos son de días corridos o días hábiles. “Ejemplo del segundo grupo de problemas es que contempla (art. 7) que le otorga preeminencia a la suspensión del juicio oral por la razón de catástrofe por sobre las condiciones que permiten sostener la legitimidad del juicio oral, sin posibilidad de anularlo si resulta afectado los presupuestos. Finalmente, la ley no contempla la posibilidad de realizar peticiones o solicitudes o incidentes escritos —por ejemplo, relativas a la suspensión temporal de medidas cautelares (art. 156 CPP)— que excepcionalmente pueden desarrollarse por esos medios y pueden resolverse en despacho”.

María Elena Santibáñez: “Salvaguarda lo más urgente”

En general, a la abogada penalista María Elena Santibáñez, de la U. Católica, le pareció un buen proyecto.

”Permite hacer frente a la emergencia sanitaria que vivimos y que salvaguarda al mismo tiempo los casos más urgentes o aquellos que supongan una afectación importante de la libertad personal o derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), entre otros, así como también adopta medidas para evitar dejar en la indefensión a las personas, postergando la resolución definitiva de los casos luego del cese del estado de excepción”, comenta.

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