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Según los últimos informes de inspección semestral del MOP al recinto:

Los problemas que arrastra el Centro de Justicia de Santiago: burocracia para reparaciones y dificultades ante nuevas obras

La concesionaria cumple con los denominados “hitos contractuales”, pero se registran deficiencias en algunos mantenimientos y surgen nuevas necesidades de usuarios institucionales no contempladas en el convenio.

Domingo, 22 de marzo de 2020 a las 22:45
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Andrea Chaparro S.

Cada semestre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reporta a la Subsecretaría de Justicia, institución que actúa como mandante en el contrato de concesión del Centro de Justicia de Santiago, cómo está funcionando la operación del mismo.

Los reclamos de las instituciones que cohabitan en el recinto son de larga data y de distinta naturaleza, incluso, el Poder judicial hace dos años llegó a pedir término anticipado del convenio, que acaba en 2025. Entre las razones para ello se esgrimía una “prestación de servicios con estándares deficientes” y “altos costos cobrados por la concesionaria en obras de mejoramiento”.

Así quedó consignado en el informe N° 739 de la Contraloría General de la República, de diciembre de 2017, que contenía los resultados a la auditoría que se hizo a la Subsecretaría de Justicia (ver recuadro).

“El Mercurio” solicitó, mediante Ley de Transparencia, acceso a los informes con las últimas inspecciones que el MOP realizó al recinto que alberga a los tribunales penales —de garantía y orales de Santiago—, dependencias de la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública.

De los entregados, los más recientes están fechados en mayo y noviembre pasado y corresponden a la fiscalizaciones que van de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Ellos constatan las eventuales variaciones en el funcionamiento del recinto.

Cumplimiento de hitos de contrato

Según ambos informes del MOP los denominados “hitos contractuales” para el período de 12 meses fueron cumplidos en un 100% por la Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.

“Con la información presentada, se puede observar que, de las 44 actividades o tareas controladas entre los meses de octubre de 2018 a marzo del año 2019, la Sociedad Concesionaria dio cumplimiento al 100% de las obligaciones contractuales, siendo estas de periodicidad mensual, semestral y anual. Sin perjuicio de haber registrado dos (02) atrasos, en el marco de la totalidad de los compromisos, lo cual se encuentra en proceso de propuesta de las multas que corresponden”, se lee, por ejemplo, en el reporte de mayo de 2019. Y, una descripción similar, se halla en el de noviembre del mismo año.

Observaciones y multas

Hay otras áreas, sin embargo, en las que hay observaciones. La inspección fiscal deja consignado, entre otras cosas, que en el caso de los servicios básicos se registraron más de una decena de reclamos, siendo “el servicio que más reclamos recibe es el de Seguridad y Vigilancia”. Ello se repite en ambos informes y tiene relación principalmente con el trato que se da a los usuarios, sea público general o institucional, en los accesos a los edificios.

Existe también un apartado para las multas propuestas y cursadas por el MOP a la concesionaria. Sumadas llegan a 14 en el período, alcanzando alrededor de $116.130.000 (se cobran en UTM).

Un grupo corresponde a problemas con el mantenimiento del sistema de climatización de distintos edificios del Centro de Justicia, otro con equipamiento y sistema de seguridad, con el servicio para la mantención de infraestructura (astas de banderas, espejo de agua). También con mantenimiento del piso de hormigón, muros interiores, muebles de cocina, estanque de agua nuevamente y escaleras metálicas.

Ahora, “el Ministerio de Justicia debe pagar semestralmente a la sociedad concesionaria por concepto de subsidio fijo de la operación (SFO) una cuota equivalente a UF 100.000, más IVA, como también pagar semestralmente según lo establecido en el Decreto Supremo N° 247 de 11 de noviembre de 2016 por concepto de mantenimiento del nuevo sistema de climatización la suma de UF 11.631,85 más IVA”, recuerdan los informes. Eso es sumado, a la fecha, cerca de $3.181.000.000.

Mejoras que tardan

“En consenso de todas las instituciones mandantes y usuarias del Centro de Justicia, se ha resuelto que necesariamente se debe elevar el estándar de lo contratado en materia de Segundad y Vigilancia”, reseñaba el informe de mayo de 2019. Seis meses después, en el reporte de noviembre del mismo año, se puede leer la misma observación.

Igualmente, en ambos reportes se agrega: “El Concesionario, junto a la Inspección Fiscal, en base al nuevo Plan de Seguridad, despacharon al MOP la evaluación de los costos y valores definidos asociados al nuevo estándar de Seguridad, para que sean incorporados a los actos administrativos”. Es decir, de un semestre a otro seguían en el mismo punto, lo que daría cuenta de que las mejoras de ciertos aspectos, al no estar incluidas en el contrato original, pueden demorar.

Tramitación de fondo de reserva

Lo mismo podría entenderse de otros asuntos que reseñan los informes. En el reporte de mayo de 2019 se habla de la idea de instaurar un fondo para inversiones menores para evitar el largo trámite que puede significar incorporar aspectos nuevos al contrato de concesión.

“En cuanto al mecanismo previsto en las Bases de Licitación, fueron pensadas para obras mayores, requiriendo prolongadas tramitaciones en altos niveles de la administración pública, que no constituyen experiencias exitosas en cuanto a tiempos de tramitación”, apunta la inspección fiscal de mayo.

Mientras que la de noviembre indica que se reitera la “necesidad de contar con una herramienta contractual denominada ‘fondo de reserva’, que surge por la urgencia e interés público de las instituciones de contar con un mecanismo que admita la ejecución directa y simplificada de nuevas inversiones en obras y equipamiento, que no estaban contempladas en el proyecto original del Contrato Concesión y que permita la adecuación del proyecto a las necesidades de las instituciones y del público”.

Nuevo borrador

Explicándose, además, que durante el período del último informe se volvió a hacer borrador —hubo uno previo no aprobado por los involucrados— para su creación y se compartió con instituciones. Fiscalía y Defensoría no hicieron observaciones y se estaba a la espera de una decisión de la autoridad.

La Subsecretaría de Justicia comunicó por escrito a este medio que ello aún no se concreta, sin perjuicio de que se está trabajando “en coordinación con la Dirección General de Concesiones, tramitando una modificación al contrato de concesión que establecerá un ‘Fondo de Inversiones Menores’, para la ejecución de obras por parte del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública”.

Pronto, en mayo, debiese emitirse el próximo reporte del MOP respecto de los últimos seis meses de funcionamiento del Centro de Justicia.

El 12 de febrero pasado —previo a la declaración de estado de emergencia por el brote de coronavirus en el país— “El Mercurio” contactó al Poder Judicial para saber si mantenía sus reparos sobre el funcionamiento del Centro de Justicia. A la fecha, el requerimiento no se ha respondido.

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