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Actores del sistema de justicia instan por ley que regule suspensiones de causas y Gobierno prepara proyecto

Ejecutivo decretó hoy estado de emergencia ante crisis sanitaria provocada por el covid-19. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría y el Consejo de Defensa del Estado coinciden. El ministro de Justicia adelantó a “El Mercurio” que esperan ingresar pronto la iniciativa al Congreso.

Miércoles, 18 de marzo de 2020 a las 22:18
Estudios de abogados divididos por norma general, pero piden uniformar criterios para asegurar certeza jurídica
Fernando Samaniego, socio a cargo del equipo Judicial de Prieto, señala sobre las decisiones adoptadas por la Corte Suprema que como estudio han “logrado cumplir todas las actuaciones (...) En muchos casos, con la colaboración de los abogados de las contrapartes, hemos coordinado suspensiones o actuaciones de mutuo acuerdo, como corresponde especialmente en este tipo de circunstancias”.

Dice que el avance de la tecnología y su fácil acceso “nos permiten creer que contamos con las herramientas para poder llevar satisfactoriamente a cabo alegatos y audiencia a través de sistemas de videoconferencias”, pero mientras ello se concreta “lo más efectivo es suspender la vista de las causas que no revistan el carácter de urgente”. En su opinión, las medidas del máximo tribunal serían suficientes y, por ello, “no consideramos necesario la creación de una ley para estos efectos”.

Por su parte, el director del Grupo de Litigios Civiles y Arbitrajes de Albagli Zaliasnik, Félix Antolín, califica positivamente las gestiones de la Corte Suprema, sin embargo, cree que es necesario “uniformar los criterios y resoluciones de los distintos tribunales”, porque eso “otorgaría una mayor seguridad y certeza jurídica para las partes que hoy, dada la grave contingencia sanitaria, se ven enfrentadas a una enorme cantidad de instrucciones e información desde distintas instituciones, circunstancia que evidentemente genera incertidumbre”.

Sin perjuicio de ello, dice, “una eventual solución legislativa podría igual concretarse mediante la tramitación de una ley ‘corta’, que debiese ir encaminada a otorgar mayores facultades a los tribunales de justicia para suspender o prorrogar audiencias y alegatos durante un período determinado”.

Orlando Palominos, abogado senior de Litigios y Arbitrajes de Morales & Besa, afirma que, en general, “los tribunales civiles no están realizando las audiencias programadas y los receptores judiciales no están asistiendo. Con todo, no hay un criterio uniforme y hay desde tribunales completamente cerrados hasta otros donde se realizan algunas audiencias”. Agrega que en cuanto a las cortes, “han reducido el número de alegatos y limitado a causas urgentes; no obstante, se han producido aglomeraciones importantes, pues no existe claridad sobre el alcance de la suspensión y los abogados hemos debido asistir igualmente para verificar si las causas tendrán sus alegatos o no”.

Sobre una norma de carácter general, cree que “es recomendable que se dicte una ley que regule claramente la suspensión de audiencias, alegatos y plazos (…) Es una medida necesaria para asegurar el debido ejercicio del derecho a defensa de las partes y el acceso a la justicia”.

Para Raúl Montero, socio y director de Litigios y Arbitrajes de Alessandri, “la tramitación electrónica ha permitido continuar el proceso de la mayoría de los procedimientos que contemplan mecanismos remotos. La suspensión o reprogramación de audiencias para después del 31 de marzo, en la mayoría de las situaciones, es manejable, priorizándose los casos de urgencia o tutela de derechos fundamentales”.

Sin embargo, puntualiza, “una de los temas que se volverá indispensable es la suspensión de ciertos plazos, lo que requiere de una norma legal, ya que los tribunales carecen, en general, de facultades en tal sentido. El sistema de entorpecimiento está previsto para situaciones de normal ocurrencia y, por ende, no puede hacerse cargo de una situación tan extraordinaria como la actual”.

En tanto, Sergio Yávar, socio del área de Litigios y Arbitraje de Guerrero Olivos, cuestiona que la Corte Suprema haya dictado normas claras sobre materias penales, laborales y de familia, pero que no haya sucedido lo mismo en el aspecto civil.

Aunque reglamentariamente no se contempla esa facultad, “en tiemos de emergencia la Corte (…) podría perfectamente haber ordenado a los tribunales que suspendieran todas las audiencias para estos días”, dice, y agrega: “Debió haber sido más clara y enfática y tomar una decisión completa, más que ‘pasarle la pelota’ a los juzgados de primera instancia, que están colapsados porque son los que atienden público todos los días y, por lo mismo, los más afectados con las aglomeraciones”.

Es probable, dice, que se esté esperando a que sea el Congreso el que dicte alguna norma, similar a lo ocurrido tras el terremoto de 2010.
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A. Chaparro, L. Olivares y A. Zúñiga

La primera en hacer un llamado a las autoridades fue la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, quien además es la vocera del máximo tribunal. El lunes pasado, cuando informaba del protocolo adoptado por el Pleno para el funcionamiento de los tribunales del país, instó a “los poderes colegisladores para regular los efectos que, en los procesos (judiciales) en tramitación, tendrá la emergencia sanitaria que vive el país, como se hizo mediante la Ley N° 20.436 (con ocasión del terremoto)”.

Hoy, con el decreto de estado de emergencia comunicado por el Ejecutivo, la preocupación en los pasillos del Palacio de Tribunales en Santiago, en las distintas cortes de apelaciones del país y en las oficinas de los distintos actores del sistema de justicia comenzó a incrementarse.

También el ministro de Justicia, Hernán Larraín, prestaba atención al anuncio y los efectos que pudiera producir el mismo en los procesos en curso —tanto del sistema penal como civil, de familia y otros— y adelantó a “El Mercurio” que ya se trabaja en un proyecto de ley.

Norma necesaria, importante y prudente ante crisis

Por la mañana la ministra Chevesich sostuvo una videoconferencia con los tribunales de alzada para abordar las medidas que estas han ido adoptando. Fue designada por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, como “enlace”. Reuniones a distancia similares realizaban el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

Tras ello, el fiscal nacional, Jorge Abbott, advirtió que era necesario “hacerse cargo de adecuar los procedimientos (penales), a objeto de evitar la propagación del coronavirus dentro de la población y, particularmente, de aquellos que forman parte del sistema”. Para ello, dijo, es “necesario dictar una norma de carácter general que se haga cargo de regular esos plazos y adecuarlos, de forma de postergar las audiencias que sea posible, y realizar las restantes mediante sistemas tecnológicos que eviten la presencia física de personas en un mismo lugar”, puntualizó.

En la misma línea estuvo el defensor nacional, Andrés Mahnke. “El Código Procesal Penal regula varios escenarios en que se pueden suspender audiencias o pedir ampliación de plazo. En general, justificado por situaciones que no sean atribuibles a las partes y en algunos casos, por fuerza mayor o caso fortuito”, puntualizó. Sin embargo, agregó, el Código no regula todos los aspectos que puedan verse afectados en una emergencia como esta. “Y, en la medida que otorgue mayor claridad y no disminuya las garantías de las personas detenidas, imputadas o condenadas, la dictación de una ley corta, que contribuya a avanzar en el escenario actual, parece prudente”, expresó.

Una posición que en términos generales comparten desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que defiende los intereses del fisco ante los tribunales de justicia en distintas materias. Su presidente (s) Carlos Mackenney indicó sobre este punto que es de “gran importancia adoptar medidas de excepción similares a las adoptadas después del terremoto de 2010, en materia de suspensión de plazos judiciales, lo que, por cierto, requiere de tramitación urgente de un proyecto de ley que así lo señale”.

En tanto, el presidente de los jueces de policía local del Maule, Mirko Bonacic-Doric, aseguró que “lo ideal sería una ley que unificara y que diera certeza jurídica a los ciudadanos”, pues “ante la emergencia ha quedado al descubierto la disparidad de criterios y soluciones: hay algunos que han cerrado, otros que se han visto obligados a cerrar, otros que atienden con turnos, etc”. Y agrega que los juzgados de policía local “son por lejos los más concurridos en esta época, por las multas de vacaciones o del tag y todo lo relacionado con el pago del permiso de circulación”.

Alistan ley similar a la dictada el 27/F

“Con el objeto de adoptar medidas que resguarden el derecho de las partes y ayuden a paliar ciertas consecuencias negativas que esta emergencia sanitaria ha producido en el ámbito jurídico, especialmente en el desarrollo de procedimientos judiciales en tramitación, es que el Ejecutivo se encuentra estudiando, al igual como se hizo frente a la tragedia del terremoto del 27 de febrero del año 2010 y que dio lugar a la Ley N° 20.436, la posibilidad de ingresar un proyecto de ley”, expresó el ministro Larraín.

El secretario de Estado informó a “El Mercurio” que, entre otras materias, la disposición está destinada a regular “la prórroga de plazos para diligencias, actuaciones y ejercicio de derechos que se encontraban pendientes al inicio de esta pandemia y que, como consecuencia de las medidas sanitarias que se han adoptado, se verá dificultado su ejercicio o no se podrán ejercer oportunamente”.

Además recordó que sobre esta materia también se ha pronunciado el Pleno de la Corte Suprema, en acta N° 42 de fecha 16 de marzo del 2020, en la cual, junto con establecer medidas administrativas para el funcionamiento de los tribunales y del Poder Judicial, reconoce la necesidad de regular legislativamente los efectos que tendrá esta emergencia sanitaria en los procedimientos judiciales en tramitación, “razón por la cual se está trabajando junto con este poder del Estado para la elaboración del proyecto de ley, el que se espera ingresar próximamente al Congreso”.

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