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Tribunal Constitucional: abogado Rodrigo Pica es elegido ministro

Su designación ocurrió tras dos votaciones del pleno de la Corte Suprema, al no lograrse mayoría absoluta en la primera ronda para llenar la vacante dejada por el magistrado Domingo Hernández. El académico de la U. de Chile es conocido del organismo: por más de una década se desempeñó como secretario, relator y abogado asistente.

Miércoles, 04 de marzo de 2020 a las 21:11
La votación
Según el auto acordado de la Corte Suprema que regula el nombramiento de cargos en el TC, se requiere mayoría absoluta de los componentes para la designación. Por eso, aunque en la primera ronda la delantera la tenía Eduardo Sepúlveda Crerar, con siete votos, seguido por Pica, con cuatro, el resultado varió en la segunda tanda, donde este último recibió 11 preferencias del pleno, versus ocho para Sepúlveda.

En la primera vuelta también obtuvieron votos Liliana Galdámez Zelada, con tres preferencias; Tomás Jordán Díaz y Sandra Ponce de León Salucci, con dos, y Cristián Román Cordero, con uno.

El resto de los postulantes fueron los abogados Pablo Alarcón Jaña, Sebastián Zárate Rojas, Jorge Balmaceda Hoyos, José Luis Alliende Leiva y Teresa Álvarez Bulacio.
Su trayectoria
Abogado de la Universidad Central, desde donde egresó con la memoria de título “La supremacía material de la constitución: justicia e interpretación constitucional", es además magíster en Derecho Constitucional por la U. de Talca y diplomado en Derecho Constitucional por la U. Complutense de Madrid y en Justicia Constitucional por la U. Carlos III de Madrid.

En la actualidad es profesor de Derecho Procesal en la U. de Chile y de Derecho Constitucional en las universidades Católica del Norte, Central y San Sebastián, esta última donde desde el año pasado está cargo del Departamento de Derecho Público y dirige el posgrado. Junto con eso, se desempeña como asociado en el estudio Zúñiga y Campos Abogados.
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Alejandra Zúñiga C. / Rocío Gómez A.

Once candidatos se presentaron hoy en audiencia ante el pleno de la Corte Suprema. ¿El motivo? La designación de un nuevo ministro del Tribunal Constitucional (TC) en reemplazo del magistrado Domingo Hernández, quien en enero cumplió la edad máxima para permanecer en el cargo.

Tras dos votaciones, al no lograrse una mayoría absoluta en la primera ronda, se eligió al abogado Rodrigo Pica Flores, conocido en el organismo por más de una década, entre los años 2006 y 2018, ocupando diversos cargos: fue secretario, relator y abogado asistente. El resultado fue de 11 preferencias contra ocho, que obtuvo Eduardo Sepúlveda Crerar, no obstante, en la primera ronda llevaba la delantera (ver recuadro).

El recién electo ministro, que actualmente es profesor de Derecho Procesal en la U. de Chile y de Derecho Constitucional en distintos plantes, se mantendrá en el puesto hasta mayo de 2021, que corresponde a los meses que restaban para el período de nueve años del ministro Hernández.

El rol del juez

Durante su presentación Pica se refirió, entre otras cosas, al papel que le compete a un juez constitucional, señalando que “no debe caerse en la tentación de utilizar el Derecho Constitucional como una mascarada o como una excusa para esconder e imponer decisiones de tipo político”.

En ese sentido, añadió que por ello es importante el perfil que este magistrado tenga, “pues el conflicto constitucional tendrá siempre un algún elemento político, pero un órgano de ese tipo no tiene ni tendrá jamás la legitimidad democrática directa que se requiere para tomar decisiones legislativas”.

La validez del ejercicio de un Tribunal Constitucional, aseguró, está determinada por la calidad jurídica y la seriedad de la argumentación en la motivación de la sentencia, por lo que hizo un llamado a “rescatar lo inminentemente jurisdiccional de su función, resolver conflictos conforme a derecho”.

“No cualquier norma, no cualquier acto del poder público, podrá ser declarado inconstitucional”

Igualmente, hizo alusión a una necesaria diferencia de competencias entre la Corte Suprema y todo el Poder Judicial, conociendo la gestión de fondo, y el TC, al momento de verificar el control de normas en esa gestión.

”La inaplicabilidad no puede ser usada para sustraer el conocimiento del tribunal de fondo ni tampoco para sustituir al juez de fondo ni para pretender resolver la gestión en que esta incide, pues es función exclusiva del Poder Judicial conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en causas según lo dispone la propia Constitución”, aseguró.

Luego, refiriéndose al fin último del control de constitucionalidad de la ley, señaló que “no cualquier norma, no cualquier acto del poder público, podrá ser declarado inconstitucional, ni tampoco a todo evento”.

Así, a la hora de conocer inaplicabilidades —añadió— existe otro gran desafío: identificar qué es un real conflicto constitucional en esta materia, “descartando todo aquello que sea cuestión de mera legalidad y descartando todo aquello que sea una tentación planteada por un litigante para sacar de la órbita de atribuciones del tribunal de fondo el conocimiento de una causa y llevarla al Tribunal Constitucional disfrazada de una cuestión de inaplicabilidad”.

Es ese el punto, agregó, donde debidamente juzgados y conocidos los requisitos de admisibilidad y lo que es en realidad un control de inaplicabilidad se puede evitar el choque de competencias y el traslape de atribuciones entre el Poder Judicial y el TC.

Controles preventivos y designación de ministros

Otro de los temas tratados por el nuevo ministro en su presentación fue el de los controles preventivos, expresando que el Tribunal Constitucional “no es una cadena que esclavice a la sociedad actual a la voluntad pretérita de los redactores de una Constitución (…) No es garante de un testamento, sino un órgano de resolución de conflictos actuales, pero no de cualquier conflicto, sino de algunos de relevancia jurídica y, además, de ultima ratio”.

Por otro lado, señaló que en el marco de lo que es hoy día el TC es un hecho que estos controles previos afectan la actividad del Congreso Nacional y del Ejecutivo en sus funciones colegisladoras.

“Se juega así el equilibrio del reparto de poderes en un Estado de Derecho, por ejemplo, la inaplicabilidad afectará por una parte al Poder Legislativo al dejar sin eficacia, aunque sea parcialmente, normas de rango legal, y, por otra parte, puede afectar también la actividad jurisdiccional en la medida que (…) puede terminar limitando el abanico de posibilidades de resolución de un conflicto por parte del tribunal de fondo”, afirmó en su presentación.

Acerca del mecanismo de designación, también otro tema de constante polémica al hablar del Tribunal Constitucional, reconoció que parte de las críticas de la opinión pública tienen justificación. Sin embargo, de las fórmulas actualmente vigentes —elegidos por el Presidente de la República, el Senado y la Corte Suprema— a su juicio es la administrada por el máximo tribunal la única que garantiza el nombramiento de “jueces constitucionalmente idóneos” mediante concurso público y control de pares.

“En este procedimiento no hay opacidad en la generación de los nombres, no hay dinámicas de reparto como puede ocurrir en el Poder Legislativo, que es un órgano plural, y, por otro lado, no existe una tentación que los poderes políticos tendrán”, dijo, y agregó: “El control de la función legislativa siempre dejará como tentación la posibilidad de nombrar a un abogado vicario, un representante de ese poder para que sea lo más deferente posible y poder eludir así los controles que en un Estado de Derecho un Tribunal Constitucional debe realizar”. Lo mismo sucede, añadió, con el Poder Ejecutivo, “que siempre tendrá la misma tentación”.

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