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Dejan sin efecto fallo que declaró incompetente a tribunal laboral para tramitar reclamo contra la Dirección del Trabajo

Acudir a este concepto "configura un obstáculo impropio para el recurrente de acceder a la tutela efectiva de sus derechos", indica la sentencia de la Corte Suprema. En tanto, la ministra Andrea Muñoz y la abogada integrante Leonor Etcheberry estimaron que los antecedentes presentados no permiten concluir que los jueces "hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar".

Viernes, 14 de febrero de 2020 a las 14:13
Crédito: Claudio Cortés.
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A.Z.C.

Hace unos días, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago donde confirmaba la declaración de incompetencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma ciudad para tramitar una demanda por tutela laboral. Nuevamente, la Cuarta Sala del máximo tribunal —aunque esta vez en fallo dividido— ordena al organismo especializado fijar la audiencia pertinente para continuar con el proceso.

De esta forma, el fallo de los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto y la abogada integrante Leonor Etcheberry acogió el recurso de queja presentado por la empresa Sodexo Chile S.A. contra el tribunal de alzada capitalino que confirmó la resolución de primera instancia donde, por oficio, este último se declaró incompetente para conocer la reclamación presentada contra la Dirección del Trabajo. La decisión, sin embargo, tuvo los votos en contra de la ministra Muñoz y de la abogada Etcheberry.

La decisión de mayoría señala que acudir a este concepto, como hacen los jueces recurridos, “configura un obstáculo impropio para el recurrente de acceder a la tutela efectiva de sus derechos, coartando la posibilidad de que un tribunal especial, se pronuncie, en el fondo, sobre una disputa que se encuentra dentro de la esfera de su conocimiento conforme fluye del literal e) de artículo 420 del Estatuto del Trabajo, lesionando el derecho de igualdad y debido proceso que obliga al Estado de Chile a garantizar el acceso efectivo a la justicia de todos sus habitantes".

Siguiendo con lo señalado en el fallo anterior, indican que “tal error configura sin duda una falta grave, desde que impide el acceso al sistema judicial, teniendo en consideración el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos”.

Tal basamento —agregan—, que la doctrina denomina como derecho a la tutela judicial efectiva, “se constituye como fundamento esencial de todo Estado de Derecho, y se encuentra garantizado mediante el numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al consagrar la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y el derecho a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, encuentra como contrapartida orgánica, los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, en especial el de inexcusabilidad, que impone a los jueces el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo".

Así, estima el tribunal que “toda interpretación, o yerro que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el Nº 26º del artículo 19 de la Carta Fundamental, máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia, como el del derecho del trabajo, de modo que se hace menester corregir por esta especial vía la equivocación acusada”.

Las opiniones en contra

Para la ministra Muñoz y la abogada integrante Etcheberry, quienes fueron de la opinión de rechazar el recurso de queja, los antecedentes presentados no permiten concluir que los jueces recurridos, al decidir como lo hicieron, “hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte. En efecto, el recurso gira en torno a la interpretación que hicieron de los artículos 420, 503 y 504 del Código del Trabajo, que reglan la reclamación judicial, en relación con la posibilidad de impugnar judicialmente la decisión administrativa que se indica, concluyendo que tal reclamación judicial, atendidas, además, las deficiencias de su petitorio, no es susceptible de conocer en sede laboral, la que deviene en incompetente”.

Y agregan que siguiendo lo resuelto anteriormente por el propio tribunal, “el proceso de interpretación de la ley que llevan a cabo los juzgadores en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquellos, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que en la especie no concurre, por cuanto se limitaron a argumentar, arribando a conclusiones jurídicas que se enmarcan dentro de los criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción, constituyendo el presente arbitrio, en definitiva, una mera expresión de la disconformidad del recurrente”.

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