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Corte Suprema da a conocer argumentos para rechazar remoción de fiscal Emiliano Arias

Para los ministros, los antecedentes presentados por el fiscal nacional no fueron suficientes para acreditar que el "reproche merezca imponer su exoneración del Ministerio Público". No obstante, los magistrados Rosa María Maggi, María Eugenia Sandoval y Arturo Prado disintieron, entre otras cosas, por considerar que la destitución "no implica un doble juzgamiento" de las conductas que han sido sancionadas disciplinariamente con anterioridad.

Jueves, 13 de febrero de 2020 a las 19:31
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Entre los hechos cuestionados se cuenta la obtención de un documento interno (ficha SAO) para entregárselo a un tercero —su hermana y su cuñado— por una causa de microtráfico de drogas que afectaba a su sobrino.

“Ciertamente es una imputación que compromete su labor principal, cual es el ejercicio de la acción penal, dando cuenta del uso indebido de información que no puede ser divulgada salvo para los fines para los que ha sido concebida”. Sin embargo, agrega el fallo, “es un hecho que no ha sido controvertido por las partes que el uso que se le dio a la información recibida por un tercero ajeno al Ministerio Público tuvo como objetivo denunciar la comisión de un posible delito (…), situación que si bien no contrarresta la falta de deber de probidad, no se vislumbra en ella el uso para fines personales”.

En lo que se refiere a la acusación de no haber informado de la existencia de una causa en su contra, los ministros indican que “de los antecedentes arribados a este proceso queda de manifiesto que el requerido informó en la oportunidad debida a quien en su momento tenía el cargo de fiscal nacional en calidad de subrogante, por lo que la imputación en este acápite carece de la debida sustancialidad”.

El caso Caval fue otra de las aristas donde Arias fue investigado al acusársele de haber ordenado a la Unidad de Alta Complejidad que estaba a su cargo no prestar apoyo jurídico a la fiscal adjunta para comparecer a las audiencias relacionadas a esta investigación.

Para la Corte Suprema, si bien este hecho sucedió, bajo la justificación de Arias de que los profesionales estaban tramitando causas de mayor envergadura que necesitaban de su dedicación, “no puede ser desoído lo referido por la defensa (…), y que no fue cuestionado por la parte requirente en estrados, esto es, que sí dispuso que fuera asesorada en las audiencias respectivas por la fiscal adjunta, lo que no fue aceptado por doña Marcela Allendes, al señalar que dicha persecutora no conocía el caso”. En consecuencia, este cargo tampoco fue considerado.

Finalmente, la última infracción de la causal de mal comportamiento que se le imputaba era infringir la normativa relativa al uso de vehículos fiscales y disponerlo para fines particulares. “Como fue observado, en la investigación administrativa no se le formuló cargo alguno por este hecho, de manera que esa sola circunstancia es suficiente para establecer su falta de relevancia para ser constitutiva de una sanción como la pretendida”, estimaron los ministros.

Lo mismo sucedió con la negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones relativa a haber faltado sin aviso o explicación al Consejo General del Ministerio Público, sobre el cual el fallo hace presente que “este reproche no fue objeto de investigación alguna; por lo demás, de la prueba rendida por la defensa se advierte que el requerido puso en antecedentes de quien correspondía los motivos de sus ausencias, disponiendo que lo representara quien correspondía”.
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A.Z.C.

El resultado de 11 votos contra tres fue conocida a fines de enero, sin embargo, los argumentos de la Corte Suprema para desestimar la solicitud de remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, bajo la acusación de “mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, se revelaron recién hoy con la publicación de la sentencia íntegra.

“Por lo expuesto, el cúmulo de antecedentes esgrimidos (…) no han tenido la entidad suficiente para acreditar que los hechos que fundamentaron las causales esgrimidas sean de tal envergadura que su reproche merezca imponer su exoneración del Ministerio Público”, señala el fallo que tuvo los votos en contra de las ministras Rosa María Maggi y María Eugenia Sandoval, junto al ministro Arturo Prado.

Asimismo, agrega la resolución, “se ha tenido en consideración que de acuerdo con la historia fidedigna del establecimiento de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la medida de remoción solo resulta aplicable ‘para aquellos casos en que las causales sean gravísimas’ y tratándose de faltas de menor gravedad, aunque también fueren manifiestas, ‘la reparación debe buscarse por la vía administrativa o de derecho común, haciendo efectivas las responsabilidades civiles y penales nacidas de actos u omisiones atribuibles a dolo o negligencia’”, según el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados al referirse al proyecto de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en octubre de 1998.

La sentencia presenta los argumentos de mayoría de los ministros Guillermo Silva, Haroldo Brito, Carlos Künsmüller, Rosa Egnem, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Ángela Vivanco, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Juan Manuel Muñoz y Jorge Zepeda.

El fiscal nacional “ejerció su potestad sancionatoria”

El voto de mayoría, entre otras cosas, recordó que en dos de los tres sumarios realizados contra el fiscal Arias se resolvió sancionarlo con una serie de medidas administrativas. De esta forma, indican los ministros, al optar el fiscal nacional por imponerle la sanción, en una ocasión, de suspensión de funciones por dos meses con goce de media remuneración, “ejerció su potestad sancionatoria, la que no puede ser desplegada en otro procedimiento distinto de aquel en que se tuvieron por acreditadas las conductas que, a su juicio, ameritaban su destitución”.

Lo mismo en lo referido al hecho de haber ordenado al fiscal adjunto de Rancagua iniciar una investigación penal por el delito de “grabación ilegal” en la que poseía la calidad de víctima, sin informar al fiscal nacional, y por conceder entrevistas y cuñas a medios de comunicación sobre los incendios que afectaron a las comunas de Pumanque y Paredones, encontrándose a cargo de las investigaciones. Tras la investigación se le impuso una multa equivalente al 5% de su remuneración mensual por el lapso de un mes.

Igualmente, sobre una entrevistada dada por Arias sin informar de ella al fiscal nacional ni a la Dirección de Comunicaciones de esa repartición, hechos que en su minuto fueron investigados y desestimados. “Se aprecia que el propio requirente aceptó, en su oportunidad, la propuesta de sobreseer el hecho imputado (…), de tal suerte que esa actuación excluye, a juicio de esta Corte, la gravedad necesaria para imponerle una sanción como la que se pretende”, estimaron los ministros.

“La comisión de las imputaciones referidas, si bien, tienen un cariz infraccional, al contravenir la normativa del Ministerio Público, su envergadura no alcanza la magnitud necesaria para merecer la separación de su cargo, sobre todo porque si bien, el requerido actuó de forma imprudente, tal como se expresa en la sanción impuesta en su oportunidad, tales actuaciones no ameritan su destitución, más aún tomando en consideración la data de ocurrencia de las mismas, esto es, hace más de dos años desde la fecha en que se efectúo la presentación que sirve de base para estos antecedentes”, señala el fallo.

Sobre la filtración de boletas de Sebastián Dávalos, el fallo indica que se encuentra acreditado que el fiscal regional fue objeto de una querella interpuesta por el propio afectado, causa que terminó con el sobreseimiento, “lo que descarta su gravedad y plausibilidad para fundar estos antecedentes”.

No obstante, se le cuestionó por la omisión de medidas para evitar filtraciones en causas denominadas emblemáticas, como esta última, por lo que se le impuso la suspensión de funciones por dos meses con goce de media remuneración.

Al respecto el fallo indica, sin embargo, que es constatable que la información recabada por los medios de comunicación no fue obtenida a través de funcionarios del Ministerio Público, como da cuenta la propia investigación al indicar que lo que se solicitó fue corroborar la existencia de una carta entregada por la propia Iglesia Católica, “lo que lleva a descartar la imputación y gravedad atribuidas en la presentación efectuada por el fiscal nacional”.

Tres votos en contra y una prevención

Para las ministras Maggi y Sandoval, la destitución de un fiscal regional resuelto por la Corte Suprema “no constituye ni una sanción administrativa, ni tampoco es una sanción disciplinaria”, y añaden que la potestad disciplinaria que la ley le ha entregado al fiscal nacional “se agotó en su ejercicio en las investigaciones efectuadas y ahora, lo que le corresponde determinar es si de los antecedentes en que se funda el requerimiento de la remoción se configura el mal comportamiento que establece la Constitución Política de la República en si artículo 89”.

Igualmente, estiman que esto “no implica un doble juzgamiento de las conductas que han sido sancionadas disciplinariamente”, por lo que —dicen en su disidencia— sostener la tesis que al haber sido sancionadas una o mas conductas de un fiscal regional impediría al fiscal nacional o, en su caso, al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados o a 10 de sus miembros, pedir la remoción “lleva al absurdo de que este tendría que abdicar de la potestad disciplinaria que la ley le entrega”.

Recordaron, de igual forma, el caso de un notario de Temuco y de dos ministros de cortes de apelaciones sometidos a procedimientos sancionatorios, donde resultaron amonestados, y que luego fueron removidos de sus cargos.

Por su parte, el ministro Prado, que también votó por acoger el requerimiento de remoción, asegura que la Corte Suprema, al conocer de este requerimiento del fiscal nacional, “ejerce de manera inequívoca e incuestionable la jurisdicción”.

Enseguida señala, al igual que las magistradas Maggi y Sandoval, que la remoción contemplada en el artículo 89 de la Constitución no es una sanción disciplinaria y que aunque “importa un acto desfavorable para su destinatario, no obedece a una infracción específica del ordenamiento jurídico, sino a causales genéricas como la incapacidad, mal comportamiento o la negligencia manifiesta, las que aluden a un deficiente desempeño o rendimiento en sus respectivos cargos y que tiene por finalidad no de reprimir conductas, sino que garantizar el buen funcionamiento del Ministerio Público”.

En consecuencia, Prado estima que en este caso no puede haber infracción al principio non bis in idem, ya que este “no opera cuando a partir de una conducta una persona es sancionada y, a la vez, se le aplican otras medidas desfavorables, pero que no son sanciones”.

Por su parte, el ministro Künsemüller reparó en su prevención, entre otras cosas, sobre la falta de una necesaria precisión jurídica al utilizar de manera “equivalente e intercambiable” los conceptos de mal comportamiento y negligencia manifiesta, imprecisión que, dice, “se ve ratificada por la circunstancia de que, como se hizo ver en estrados por el señor abogado del funcionario acusado y sin objeción de la parte contraria, la mayoría de los hechos denunciados en su oportunidad fueron objeto de una indagación disciplinaria, algunos con sanción propuesta y otro no, pero llevaron a una decisión —correcta o incorrecta, objetable o inobjetable— del o los órganos competentes encargados de la materia”, dice y agrega: “De modo que resultan contrarios a principios jurídicos cardinales un nuevo enjuiciamiento sobre lo ya resuelto y una nueva y más gravosa sanción”.

El magistrado concluye, además, que varios de los casos denunciados como de gravedad extrema y conducentes a la destitución, “son más bien infracciones de menor entidad, de bagatela e, incluso, de índole meramente doméstica-anecdótica, como el cargo referido al traslado de unas aves muertas en su vehículo”.

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