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Corte Suprema deja sin efecto fallo que confirmó declaración de incompetencia de tribunal laboral en demanda por tutela

A juicio de los ministros, “tal error configura sin duda una falta grave, desde que impide el acceso al sistema judicial, teniendo en consideración el derecho de las personas a acceder libremente para la protección de sus derechos" y, en consecuencia, ordenó al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago fijar una audiencia para continuar con el proceso.

Miércoles, 12 de febrero de 2020 a las 16:17
Crédito: Felipe Vargas Figueroa.
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A.Z.C.
“Atento a la configuración legislativa del sistema procesal de protección de los trabajadores, aparece que acudir al concepto de incompetencia del tribunal, como hacen los jueces recurridos, configura un obstáculo impropio para la recurrente de acceder a la tutela efectiva de los derechos de aquellos por quienes, en definitiva, acciona, coartando la posibilidad de que un tribunal especial se pronuncie, en el fondo, sobre una disputa que se encuentra dentro de la esfera de su conocimiento”, señala el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y declaró competente al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, tribunal que deberá fijar la audiencia pertinente para continuar con el proceso.

Y agrega que esta decisión actúa “lesionando el derecho de igualdad y debido proceso que obliga al Estado de Chile a garantizar el acceso efectivo a la justicia de todas las personas”.

De esta forma, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Mauricio Silva, María Angélica Repetto y el abogado integrante Antonio Barra, acogió de manera unánime el recurso de queja presentado contra el fallo que confirmó la declaración de incompetencia del tribunal laboral para tramitar una demanda de tutela en la que se arribó a un acuerdo extrajudicial, estimando que “tal error configura sin duda una falta grave, desde que impide el acceso al sistema judicial, teniendo en consideración el derecho de las personas a acceder libremente para la protección de sus derechos”.

A continuación señala que “tal basamento, que la doctrina denomina como derecho a la tutela judicial efectiva, se constituye como fundamento esencial de todo Estado de Derecho, y se encuentra garantizado mediante el numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al consagrar la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y el derecho a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, encuentra como contrapartida orgánica, los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 de la misma, en especial el de inexcusabilidad, que impone a la judicatura el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo".

De este modo, añade el fallo, “toda interpretación, o yerro que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible (...), máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia, como el del derecho del trabajo, de modo que se hace menester corregir por esta especial vía la equivocación acusada".

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