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Reporte jurídico de fallos destacados

Thomson Reuters informa su selección de sentencias de las cortes Suprema y de Apelaciones entre el 31 de enero y el 06 de febrero. Reporte completo.

Lunes, 10 de febrero de 2020 a las 11:30
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Thomson Reuters               
Desafectación de bien familiar. Declaración de bien familiar busca amparar la estabilidad de la vivienda de la familia en crisis. Suficiencia probatoria para acreditar que el inmueble constituye la residencia de la familia. Inmueble habitado por la ex cónyuge y la hija menor del matrimonio. Solo hecho del divorcio no basta para pedir la desafectación de un bien declarado familiar.
Corte Suprema Cuarta Sala (Especial)
Fecha sentencia: 04/02/2020


Reclamo de ilegalidad municipal. I. Ciertos permisos de edificación deben publicarse en el Diario Oficial, dado que por circunstancias específicas se relacionan con el interés general de la comuna. II. Extemporaneidad del reclamo de ilegalidad municipal.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 04/02/2020


Recurso de protección. Negativa del SENADIS a otorgar financiamiento para prótesis mioeléctricas. Improcedencia de rechazar solicitud de financiamiento de dos prótesis mioeléctricas, prescritas por facultativo tratante, sin evaluación previa a la menor. Rechazo de financiamiento importa el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa. Vulneración del derecho a la vida.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 04/02/2020


Cobro de prestaciones laborales. I. Semana corrida. Requisitos para que proceda respecto de los trabajadores sujetos a un sistema de remuneraciones mixto. Remuneración variable debe devengarse día a día. II. Voto disidente: Improcedencia de exigir a trabajadores con remuneración mixta, que la remuneración variable sea devengada diariamente para poder acceder al beneficio de semana corrida.
Corte Suprema Cuarta Sala (Especial)
Fecha sentencia: 03/02/2020


Recurso de amparo económico. Inhabitación de la Universidad recurrente del registro electrónico oficial de contratistas de la Administración. Inhabilidad para contratar con la Administración del Estado a quienes hayan condenados por infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Inhabilidad fundada en la condena judicial por infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores empece tanto a entidades privadas como públicas que contraten con el Estado.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 03/02/2020


Responsabilidad del Estado. Obligación de la Municipalidad de velar porque las obras que se desarrollan en una vía que tiene el carácter de bien nacional de uso público se ejecuten en forma segura. Incumplimiento del deber de conservación y administración de los bienes nacionales de uso público.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 29/01/2020


Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. I. Protección de derechos ancestrales de los pueblos originarios. Existencia de usos ancestrales por personas pertenecientes a pueblos originarios que ejercen derecho consuetudinario reconocido por el legislador. II. Voto disidente: Incumplimiento de requisitos contemplados en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas. Insuficiencia probatoria para acreditar uso del recurso hídrico.
Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional)
Fecha sentencia: 29/01/2020


Novedades legislativas 

Ley N° 21.197, modifica la Ley Nº 19.712, Ley del Deporte; la Ley Nº 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, y la Ley Nº 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, para establecer el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. Publicada en el Diario Oficial de 3 de febrero de 2020.

El objetivo principal de la presente ley radica en establecer la obligación de contar con un protocolo que prevenga y sancione las conductas de acoso sexual en la actividad deportiva nacional.

La norma promueve el trato digno entre las personas, con especial énfasis en la sanción y prevención de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la práctica deportiva.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Conducta discriminatoria: cualquiera que implique una discriminación arbitraria en los términos del artículo 2 de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

b) Maltrato: cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos u omisiones que puedan atentar contra la dignidad o integridad física o psicológica de una persona.

c) Acoso sexual: cualquier conducta en que una persona realice, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación deportiva o sus oportunidades de competición.

d) Abuso sexual: conductas de acceso al cuerpo de otra persona que se realicen por cualquier medio, que no sean consentidas por quien las recibe, en los términos establecidos en los artículos 366 y 366 bis del Código Penal.

Asimismo, se establece que las organizaciones deportivas profesionales deberán promover el respeto irrestricto a las personas y, muy especialmente, deben adoptar el protocolo necesario para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, aprobado por el Ministerio del Deporte.

La normativa en comento modifica las siguientes leyes:

- Ley N° 19.712, del Deporte.
- Ley N° 20.019, regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.
- Ley N° 20.686, crea el Ministerio del Deporte.


Ley N° 21.211, sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. Publicada en el Diario Oficial de 4 de febrero de 2020.


El nuevo texto legal define como gastos reservados “aquellos egresos que, por el ministerio de esta ley, se faculta realizar exclusivamente a las entidades mencionadas en el artículo 3, para el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes, siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de la Presidencia de la República, se entenderán comprendidos dentro del concepto de gastos reservados sólo aquellos egresos que, siendo inherentes a sus funciones, por su naturaleza deban ser reservados o secretos”.

La norma mantiene en forma íntegra las entidades que podrán contar con esta clase de recursos, a saber: Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Agencia Nacional de Inteligencia.

Por su parte, entrega nuevas facultades a la Unidad de Análisis Financiero, de modo que pueda proporcionar a la Contraloría General de la República la información que requiera para fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio, tanto respecto de los jefes de unidades operativas como de sus cónyuges o convivientes civiles, parientes establecidos en el artículo 4 de la Ley Nº 19.863, y personas que tengan bajo tutela o curatela, para el cumplimiento de los fines de la referida ley. Para dicho efecto, la Contraloría remitirá a la Unidad de Análisis Financiero una nómina con los jefes de las unidades operativas que requieren para su operación del uso de gastos reservados.

La normativa en comento modifica las siguientes leyes:

- Ley N° 19.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.
- Ley Nº 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile.
- Ley Nº 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
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“…El máximo tribunal, después de haber otorgado la tutela laboral a 15 trabajadores anteriores, en virtud de sentencias uniformes de la Cuarta Sala, ahora la Primera Sala niega esa tutela en un caso idéntico…”

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"...La constitucionalización de la jurisdicción ético profesional —que a su vez constituye el reconocimiento de un régimen de responsabilidad diferenciado de otros más tradicionales (ej. civil o penal) que no han gozado de esa jerarquía normativa— carece de una distribución de competencias respecto a la creación de normas de fondo aplicables a toda una profesión, así como en aspectos procesales y sancionatorios..."

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"....Parece razonable pensar que el derecho no solo tiene que ver con el interés superior del niño, sino también y conjuntamente con el status familiae que se genera como efecto derivado de la filiación entre un niño y los parientes de su padre y madre; aunque corresponde precisar de inmediato que el derecho de relación con los abuelos es un derecho autónomo, distinto e independiente..."

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“…La Corte Suprema inició el año 2020 de un modo intenso en los asuntos urbanísticos, especialmente porque vuelve sobre tres aspectos centrales: la estabilidad de los permisos, la caducidad de los mismos y quien interpreta la legislación urbanística. La Corte ha dado este mes más certezas de los que muchos esperaban para enfrentar algunas ambigüedades que se debaten hasta hoy…”

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"...A pesar del léxico empleado, las partes podrían elegir cualquier ley aplicable, no debiendo entenderse que deben remitirse necesariamente a una ley estatal, convencional o normas del soft law. En la práctica, sin embargo, se ha observado que estas siguen eligiendo derechos nacionales o convencionales y solo como complemento mencionan otras alternativas..."

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