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Descartan ilegalidad en exclusión de licitaciones públicas de universidad por condena en causa de tutela laboral

La U. de La Serena alegaba que esta inhabilitación vulnera su derecho a desarrollar una actividad económica lícita; sin embargo, la Corte Suprema, entre otras cosas, estimó que el plantel "no sostuvo ante el juez que resolvió el fondo de la infracción imputada los argumentos que ha postulado", conformándose con la sentencia de primera instancia y sin prever las consecuencias de un fallo de estas características.

Miércoles, 05 de febrero de 2020 a las 19:07
Crédito: Vladimir Bigorra.
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A.Z.C.
“Se hace necesario recordar que la actora postula en su acción que la inhabilidad que la afecta constituye una sanción que vulnera su derecho a desarrollar una actividad económica lícita. Empero, dicha alegación ha de ser desestimada desde que la U. de La Serena fue condenada, por sentencia definitiva ejecutoriada, como infractora de los derechos fundamentales de una de sus trabajadoras, habiéndose verificado, en consecuencia, las exigencias previstas en el artículo 4 (…) que justifican la decisión impugnada ", indica el fallo de la Corte Suprema que descartó ilegalidad en la sanción aplicada a la casa de estudios correspondiente a su exclusión de los procesos de licitación del Estado.

Así, la Tercera Sala del máximo tribunal, compuesta por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Ángela Vivanco y la abogada integrante Leonor Etcheberry, rechazó el amparo económico presentado por el plantel al estimar que “las argumentaciones que sirven de sustento a su acción no podrán ser oídas en esta sede, toda vez que, habiendo podido hacerlo, la recurrente no sostuvo ante el juez que resolvió el fondo de la infracción imputada los argumentos que ha postulado en autos, vale decir, la existencia de una sanción que conculca la garantía constitucional de libertad económica".

"El procedimiento seguido para esclarecer si, efectivamente, la entidad empleadora conculcó ciertas garantías constitucionales de uno de sus trabajadores constituye la instancia propia y adecuada para que el sentenciador examine los derechos fundamentales de las partes allí involucradas y, a partir de los antecedentes aportados por estas, lleve a cabo el análisis de ponderación necesario a su respecto, de modo que, concluido tal examen en la señalada sede (Juzgado del Trabajo), como efectivamente acaeció, no puede esta Corte volver a examinar una cuestión que ya está decidida por sentencia firme”.

La sentencia añade que no resulta admisible que una institución como la U. de La Serena “no haya previsto las consecuencias que, una eventual decisión condenatoria en sede de tutela laboral, podrían suponer para su parte, entre las que cabe incluir, sin duda alguna, la prohibición que es materia de estos autos", y, por el contrario, se haya conformado con la sentencia de primera instancia del juzgado laboral, “por cuanto no desarrolló una actividad útil para su revisión por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad".

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