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“Simplemente se ha consolidado que no hay un control interno en el Ministerio Público y tampoco hay un interés por ejercerlo”

Los abogados y profesores de derecho procesal penal, Jorge Bofill y Julián López, son críticos del rol de los jueces de garantía, se refieren a la paralización de causas en el Tribunal Constitucional y a la situación ocurrida en la jurisdicción de Rancagua.

Domingo, 07 de julio de 2019 a las 0:10
Crédito: Manuel Herrera.
Visiones encontradas por las suspensiones en casos penales del TC
—¿Qué opinión tienen del rol del TC en las investigaciones penales, de la posibilidad de paralizar investigaciones? Ahora fue en el caso Ejército, pero ha sucedido también en casos de financiamiento de la política y otros.

JB: Me parece que la existencia de un TC con funciones como las que tiene nuestro TC es importante, esto no es un invento chileno. De hecho, el TC alemán cumple funciones relativamente similares al TC chileno. La critica que se hace tiene que ver con la designación de los miembros del TC, que es una designación totalmente política”.

Ahora, explica Bofill, si todo funciona normalmente, “la actuación del TC no es criticable y es parte del diseño institucional que nos hemos dado, si alguien, por el contrario, ve sesgo en la actuación o ve otro tipo de problemas en la forma en que se resuelve, creo que la crítica debiera partir por ahí, creo que ahí hay un poco de hipocresía en la forma en que se formulan los cuestionamientos”.

JL: Aquí tenemos un matiz, porque yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho en términos generales, pero creo que la relevancia estadística de los casos que el TC tiene suspendidos hoy en día es excesiva. Me parece que es necesario que el TC tenga una mirada mucho más estricta sobre los casos que realmente ameritan esa suspensión.

“Creo que se está generando ya un conflicto a nivel institucional, porque hay una molestia a nivel de Poder Judicial en relación con el tema de las suspensiones que a mí, en lo personal, me parece justificado por la importancia estadística que tiene el número de casos que están cayendo bajo la lógica de la suspensión”.
Las desconfianzas que ha revelado el caso Rancagua
—¿Debiese haber preocupación cuando los mismos fiscales, como ocurrió con el fiscal Moya, plantean aprensiones o desconfianzas respecto de pares?

JB: Me cuesta utilizar el ejemplo de Rancagua porque corremos el riesgo de identificar los problemas del Ministerio Público con los casos de los fiscales Arias y Moya, y no me gustaría que eso pasara. No hay que olvidarse de algo, los que están hablando hoy día no son los fiscales Arias y Moya, son los imputados Arias y Moya y, por lo tanto, la forma de plantearse frente al caso particular no necesariamente refleja lo que pensaría tranquilamente un fiscal.

“Uno se preocupa por el funcionamiento del Ministerio Público, porque efectivamente hay cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas Y, si lo que hace el Ministerio Público está mal y afecta derechos fundamentales, y eso no lo controla ni la institución ni nadie más, entonces tenemos un gran problema a nivel del Estado.

JL: Yo concuerdo en que es tremendamente complejo que haya problemas de desconfianzas internas dentro del Ministerio Público, porque es difícil esperar confianza de los que están lidiando con el Ministerio Público desde fuera, si es que no hay confianzas internas, pero creo que el problema es que la confianza tiene que ver con la previsibilidad de las conductas y acá no hay una definición previa acerca de lo que es esperable frente a una situación determinada.

“Como dice el viejo dicho ‘la confianza es buena, pero el control es mejor’, tiene que haber un sistema de control que asegure que las conductas esperadas puedan ser efectivamente impuestas y no queden sometidas sencillamente al libre entendimiento de cada fiscal”.
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Andrea Chaparro

Fueron parte de la reforma a la justicia penal. Recuerdan la creación del Ministerio Público y sus participaciones en prácticamente todas las comisiones convocadas por los distintos gobiernos para la revisión de su funcionamiento y la generación de propuestas para nuevos ajustes. Y, como abogados de litigio, saben también cómo opera el sistema y sus instituciones.
 
Jorge Bofill y Julián López, además profesores de derecho procesal penal de la Universidad de Chile, repasan la situación de la fiscalía a casi 20 años de su instauración e identifican sus principales problemas, son críticos del papel de los jueces de garantía y entregan su visión de cómo impactan las decisiones del Tribunal Constitucional las causas criminales.  
 
El Control, un problema interno y externo
 
—¿Qué les dice la crisis de la fiscalía de Rancagua de la institución?
 
Jorge Bofill (JB): Una cosa es el problema institucional y la situación en particular de los fiscales (Emiliano) Arias y (Sergio) Moya no tiene que ver con esa cuestión sino más bien, yo lo describiría, como exorbitante, en el sentido que está bastante más allá de lo que es la normalidad del problema del Ministerio Público.  Ahora, si uno mira hoy la fiscalía hay un primer problema de origen que tiene que ver con la inexistencia de un órgano constitucional interno que ejerza un control de lo disciplinario y de las decisiones de los fiscales, que salga de la línea del funcionamiento directo de los fiscales regionales con los fiscales adjuntos.
 
“Por lo tanto, nos quedamos cojos con todo lo que tiene que ver con el control interno del Ministerio Público. Creo que estamos de acuerdo en eso los dos. Este problema lo hemos vistos desde siempre y, en este último tiempo, quizá simplemente se ha consolidado el que no hay un control interno en el Ministerio Público y tampoco, diría yo, hay un interés por ejercer el control interno”.
 
Julián López (JL): Comparto que el caso de Rancagua no puede ser visto como representativo de los problemas actuales del Ministerio Público. Es un caso que provoca mucha incomodidad interna. Lo que puede estar en la base de la forma en que se ha dado ese conflicto es un problema de cultura organizacional, me da la impresión de que el Ministerio Público no ha logrado generar una identidad acerca de lo que significa ser fiscal y cuáles son las conductas esperadas de un fiscal.
 
“Entonces, uno se encuentra hoy con que hay maneras diferentes de entender el modo de ser fiscal. Hay fiscales que ven al Ministerio Público como una plataforma para proyectarse en una carrera profesional, donde lo importante es el prestigio personal o la fama que van a adquirir para después ocupar otros lugares que no tienen que ver con el desarrollo de la organización; otros, viven la función en el Ministerio Público como los empleados de una organización que cumplen con sus deberes mínimos sin mayor compromiso; y un tercer grupo, que es muy numeroso pero poco visible que está absolutamente comprometido con la institución, con el trabajo que la ley les asigna”.
 
—Pero por algo se llega a ese extremo, ¿quién debiese poner orden?
 
JL: Creo que el Ministerio Público sufre de una debilidad institucional que tiene que ver precisamente con la incapacidad que ha tenido para definir modelos de actuación que sean universalmente aceptados, entonces, no hay una identidad de fiscal, que existe por ejemplo entre los jueces.
 
“Cuando uno habla de lo que espera, por ejemplo, cuando surge un conflicto dentro del Poder Judicial uno tiene una cierta capacidad de predecir cuáles son las vías institucionales a través de las que ese conflicto va a ser planteado y resuelto, pero cuando el conflicto se plantea dentro del Ministerio Público es absolutamente imprevisible saber hasta dónde va a llegar y así tenemos que en el caso de los fiscales se puede pensar en un problema expuesto a través de los medios de comunicación, con divulgación de comunicaciones privadas, con recursos de protección presentados contra la máxima autoridad de la institución y eso indudablemente exorbita cualquier sentido de lógica institucional”.
 
—Lo de Rancagua afectó a jueces y fiscales…

JB: Ese es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir.
 
—¿La deficiencia en el control es solo un problema interno?
 
JB: Para no echarle toda la culpa a los fiscales, también estamos de acuerdo en que lamentablemente la figura del juez de garantía ha ido perdiendo el control de las decisiones del Ministerio Público. Si bien en un comienzo los jueces de garantía fueron más estrictos con el paso de los años han ido mostrando en su gran mayoría una enorme deferencia con el fiscal, en el sentido de reconocerle márgenes de discrecionalidad donde en rigor, de acuerdo a la ley, no la tienen y simplemente se abstienen de controlar, porque entienden que si la ley dice que el fiscal tiene una facultad, bueno, el fiscal la ejerce como él quiere.
 
“Por lo tanto, tenemos un problema tanto de adentro como de afuera, de control judicial”.
 
Dificultad para distinguir lo correcto
 
El mismo Bofill reflexiona sobre la formación de los abogados en relación con lo que podría operar como una especie de auto-control en el caso de los fiscales: “Es muy raro o extraordinario que en las escuelas de derecho chilenas se enseñe a los abogados cuál es el comportamiento ético esperable de ellos, de hecho, son muy pocas las facultades de derecho que tienen un curso”.
 
Recuerda el Código de Ética del Colegio de Abogados (2011), pero —dice— en el Ministerio Público no hay uno. “En el Ministerio Público no hay una definición desde la cabeza de qué tipo de actuaciones son correctas y qué tipo son incorrectas desde el punto de vista ético. Qué cosas un fiscal puede hacer y qué cosas no puede hacer y esto se refleja en la práctica en lo que te decía Julián, que cada fiscal es un universo independiente que decide por sí mismo prácticamente todo lo que tiene que ver con la investigación”, advierte Bofill.
 
Junto con ello, agrega López: “Creo que el Ministerio Público ha sido ineficiente en lidiar y comunicar las consecuencias que tienen las conductas indebidas de sus funcionarios. O sea, la forma en que se han llevado adelante los sumarios administrativos al (interior del) Ministerio Público y en que se han conocido sus resultados es de una oscuridad inmensa, convirtiéndose en una gran fuente de conflictos internos, porque normalmente un fiscal es designado para investigar las conductas de otros colegas”.
 
Bofill retoma la palabra y dice que tiene “la impresión de que los casos Huracán, Catrillanca y lo que ha ocurrido en Rancagua con los fiscales son la gota que rebalsó el vaso, o sea, esto era la crónica de algo que estaba anunciado. Como nunca hemos controlado nada respecto de la actuación de los fiscales y de los policías, los policías y los fiscales actúan de la manera que ellos creen que tienen posibilidades de actuar y terminamos con policías falsificando o fabricando pruebas, en el caso Huracán, destruyendo pruebas, en el caso Catrillanca, con fiscales que se acusan recíprocamente de delitos, y esto no es más que la consecuencia de una completa ausencia de voluntad del aparato político por resolver estas situaciones. Y si la política no asume que tenemos un serio problema para el ejercicio del poder y lo incorpora en su agenda, esto no va a cambiar”.
 
La fiscalía y el temor a la crítica

 
Piensa además que “mientras el Ministerio Público no asuma que tiene que organizarse de un modo previsible en la actuación de sus fiscales, no va a cambiar nada, porque eso es cultural”.
 
— ¿Cómo se fija esa cultura?
 
JL: Lo cultural supone dirección institucional, y creo que hoy día el Ministerio Público es una institución de poca madurez institucional, porque le cuesta mucho tomar decisiones difíciles. El temor a la crítica pública lo está llevando a tomar sus decisiones al ritmo de lo que marca la temperatura política de los problemas que se le presentan. Así puede declarar públicamente que va a investigar un delito que está prescrito y donde el imputado está muerto, porque sencillamente hay una demanda social.
 
Los fiscales se están viendo a sí mismos como agentes de justicia social o agentes para la propagación de valores culturales y están olvidando que su función, constitucional y legal, es la persecución de los delitos y que eso les impone ciertos límites, cuando uno pasa ese límite, entonces, la ley se convierte en una mera sugerencia y las interpretaciones legales se convierten en calificaciones abusivas, que es un problema también con el que nos estamos topando frecuentemente.
 
JB: Hubo un caso hace poco que se trataba de alguien que aparentemente había cometido abusos sexuales, esta persona estaba en Alemania y se decía que habían ocurrido conductas similares en Chile. En Chile, el Ministerio Público declaró la voluntad de investigar hechos que estaban prescritos; en Alemania, se dijo ‘no, esos hechos están prescritos, no tengo que investigarlos’.
 
—Eso es parte de las declaraciones públicas que se han hecho desde la dirección del Ministerio Público…
 
JB: Es un buen reflejo de lo que estamos diciendo. Si eso lo dice el fiscal nacional es un reflejo de que esto es un problema de diseño institucional y de autoconcepción de la función. Por lo tanto, no se trata de apuntar con el dedo a un fiscal u otro, sino simplemente de exigir, si se quiere exigir, la generación de esa autoconcepción que hoy día no existe.
 
JL: Una institución madura debería ser capaz e comunicar ‘señores, esto no es un delito penal’ o ‘señores, este delito está prescrito’ y de absorber el costo que tendría eso, explicando cuál es su función institucional, pero el Ministerio Público se siente tan debilitado, esa es la impresión que da, que cuando tiene un requerimiento de este tipo, en vez de tomar esa decisión y explicarla, asume un rol que no le corresponde, y eso es problemático.
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