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Profesor de UCLA y procedimientos consensuados: “Su uso facilita y disminuye el trabajo, ya que es mucho más fácil resolver un caso que llevarlo a juicio oral y público”

El abogado argentino y académico de la U. de California, Los Ángeles, Máximo Langer, agrega que con estos mecanismos hay un riesgo de que los actores del sistema “pongan por delante su interés particular en lugar del interés general”.

Domingo, 23 de junio de 2019 a las 9:58
- Máximo Langer, profesor de UCLA, de visita para un seminario organizado por la UDP.
Control de jueces y fiscales
—En el Poder Judicial chileno se han dado una serie de situaciones críticas en relación a su funcionamiento: ministros de Corte formalizados por delitos como prevaricación y enriquecimiento injustificado y denuncias cruzadas entre fiscales por tráfico de influencias. ¿De qué manera esta clase de hechos impactan al sistema? ¿Cómo se pueden mejorar los mecanismos de control para evitar que ocurran?

—Sin duda que hechos como estos pueden afectar la credibilidad y legitimidad de la administración de justicia y de las agencias de seguridad pública. Uno de los desafíos en este sentido es cómo garantizar la independencia de los jueces y fiscales, entre otros actores, y, al mismo tiempo, que haya mecanismos de control y sanción sobre estos.

Recientemente co-compilé un libro sobre fiscales y democracia en el que exploramos estos temas en perspectiva comparada. Una de mis conclusiones en este estudio es que todos los países tienen desafíos en este sentido, aun los países desarrollados. Mi otra conclusión es que no hay una fórmula mágica para lograr el perfecto equilibrio entre estos distintos valores en juego. Aun cuando un sistema logre un buen equilibrio entre estos valores en un determinado momento, este puede ser alterado más adelante, como muestra la situación actual en Estados Unidos. El objetivo es lograr un buen equilibrio entre estos valores e intentar reestablecerlo cuando se resquebraja o se quiebra y ocurren situaciones como las que menciona.

Creo también que no es posible lograr un equilibrio sin una cultura de profesionalismo de los abogados y funcionarios que aspira a ser imparcial, independiente y democrática dentro de las distintas prácticas, instituciones y actores que componen la administración de justicia. Las reformas o regulaciones formales solas no alcanzan.

—Recientemente se anunció una serie de mecanismos de transparencia y probidad en todas las cortes y tribunales del país, como agendas públicas o canales de denuncia institucionales, ¿son estas medidas suficientes?

—Es importante que el Poder Judicial reaccione ante este tipo de situaciones e intente crear mecanismos para evitar que se repitan, pero ninguna medida o serie de medidas son de por sí suficientes.

La administración de justicia tiene la obligación ante la ciudadanía de ser profesional, transparente, de rendir cuentas, de autoevaluarse y dejar que otros la evalúen y la critiquen, de autodepurarse de actores incompetentes o corruptos, de ser independiente e imparcial, de no representar un interés particular y buscar el interés general, de respetar la dignidad de las personas, el debido proceso y la igualdad ante la ley y de tratar de mejorar continuamente en estas dimensiones. Muchas administraciones de justicia en América Latina están lejos de entender plenamente que tienen estas obligaciones y de actuar en consecuencia con ellas.
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Alejandra Zúñiga y Andrea Chaparro
Todo el sistema penal, tanto anglosajón como continental y cualquier otro, corre el riesgo de condenar inocentes”, asegura el académico argentino Máximo Langer, doctor en Derecho de la U. de Harvard y profesor de la U. de California, Los Ángeles (UCLA), de visita en el país para exponer sobre las implicancias de la expansión del procedimiento abreviado y las condenas sin juicio oral en el derecho comparado y chileno, en la U. Diego Portales, y también acerca de la constitucionalización del Derecho Penal, en la U. Adolfo Ibánez.

Acerca de esta realidad, el especialista agrega que aunque se trata de una inquietud de larga data, por ejemplo, fue una fuente de reflexión para los pensadores del Iluminismo en el siglo XVIII, “en años recientes ha habido una renovación muy importante de esta preocupación debido, en buena medida, a innovaciones tecnológicas” que han permitido identificar estas situaciones con un nivel de confianza muy alto. Por ejemplo, el uso de ADN. Se trata de un movimiento que, en esta última etapa, comenzó en Estados Unidos y se ha expandido a muchos lugares alrededor del mundo.

—¿Cómo percibe la realidad chilena en esta materia?

—Es una buena e importante noticia que esta preocupación en su versión contemporánea haya llegado a Chile porque ningún sistema está exento de este problema y el reconocerlo como tal es el punto de partida para poder abordarlo. Es también importante que el estudio del profesor Duce identifique posibles debilidades en el sistema chileno que pueden llevar a la condena de inocentes en procedimientos abreviados y juicios simplificados con reconocimiento de responsabilidad. El paso siguiente sería discutir y tomar medidas concretas para reducir estos riesgos.

Una de las preguntas que surge en este contexto es por qué una persona inocente se declararía culpable. Langer comenta que existen una serie de factores, entre ellos, incentivos “perversos”, como la llamada “pena por ir a juicio” en Estados Unidos, donde la amenaza son penas gravosas y excesivas para quienes deciden no hacerlo.

También menciona, entre otros elementos, el uso de la detención y la prisión preventiva; debilidades en la defensa —sea pública o privada—; falta de control de los jueces del trabajo de la policía y los fiscales, fenómenos sicológicos, como la aversión al riesgo.

—¿Cuándo se produce el mayor riesgo de inocentes condenados previa declaración de culpabilidad? ¿Qué clase de conductas llevarían a estos problemas?

—Esa es una cuestión a analizar en cada país, en cada jurisdicción, aunque también hay fenómenos que se repiten en más de un lugar. En Estados Unidos, la gravedad de las penas y la discreción que tiene el fiscal para controlar la escala penal aplicable y desestimar o recaracterizar cargos pueden crear incentivos irresistibles para que los imputados se declaren culpables. Recientes reformas del procedimiento abreviado y el juicio simplificado con reconocimiento de culpabilidad responsabilidad para casos de robos y hurtos en Chile han aumentado el riesgo de que esto también esté ocurriendo aquí. Y esto también ocurrir en casos de menor gravedad si el fiscal crea una diferencia sustancial entre la posible pena luego del juicio y la pena por declararse culpable.

La regulación y el uso de la detención y prisión preventiva es otro factor importante en Estados Unidos, como explicaba antes.

En general, para casos de gravedad mediana y menor, muchos imputados (incluyendo imputados inocentes) se sienten alienados dentro del sistema, no tienen suficiente información o comprensión de la situación y de sus alternativas y pueden sentir que no tienen una alternativa real a declararse culpables o que es mejor hacerlo para darle fin a su caso y no tener que volver a los tribunales. Además, como decía antes, las audiencias en estos casos pueden ser muy rápidas, informales y automatizadas, lo que contribuye a la baja capacidad de reflexionar y decidir informadamente por parte de los imputados.

Creo que es importante pensar en este tema no solo como un problema de conductas individuales sino como un problema estructural y sistémico. Ha habido una tendencia global, que he documentado en mi trabajo, hacia la adopción de mecanismos para llegar a una condena sin juicio basados en el consenso formal del imputado, tales como el plea bargaining, el procedimiento abreviado, el juicio simplificado con reconocimiento de responsabilidad, el procedimiento monitorio y otros. Yo denomino a este fenómeno como una tendencia hacia la “administratización de las condenas penales”, porque estos mecanismos implican la transferencia de poder y autoridad de los jueces a los fiscales y la policía para decidir quién es condenado, por qué delito y hasta qué pena. Y los fiscales y la policía toman estas decisiones en procesos que pueden caracterizarse como administrativos, porque no son públicos y no incluyen o permiten el ejercicio de las garantías procesales que el imputado tiene en el juicio oral y público.

Es importante notar, en este contexto, que todos los actores profesionales de la administración de justicia penal tienen incentivos para usar estos mecanismos procesales y permitir la transferencia de poder y autoridad a la policía y a los fiscales. Ello es así porque el uso de estos mecanismos facilita y disminuye el trabajo de los fiscales, jueces y abogados defensores, ya que es mucho más fácil para todos ellos resolver un caso mediante el procedimiento abreviado u otro mecanismo consensual que llevar el caso a juicio oral y público. De este modo hay un riesgo de que estos actores pongan por delante su interés particular en lugar del interés general.

Y paradójicamente, como también muestro en mi trabajo, los sistemas acusatorios presentan este fenómeno en mayor medida que otros sistemas, ya que los sistemas acusatorios dan mayor poder y autoridad a las partes para resolver casos penales y tienden a naturalizar la resolución de casos mediante mecanismos consensuales.

En este sentido, es importante notar que este no es un problema solo o principalmente de malos actores individuales, sino más estructural y sistémico. Los actores profesionales tienen incentivos para resolver casos y llegar a condenas mediante estos mecanismos consensuales también en los casos en donde el imputado es inocente.

—¿Se ha estudiado o explorado alguna solución, ya sea a nivel académico o institucional, para remediar estas situaciones?

—Ha habido muchísimas propuestas para solucionar o enmendar los problemas del plea bargaining y otros mecanismos consensuales, y ha habido mucha experimentación en el derecho comparado en este sentido. Creo que en la discusión de propuestas es importante tener siempre presente que este es un fenómeno estructural y sistémico que requiere entonces regulaciones estructurales y sistémicas.

La actuación por parte de los jueces, fiscales y abogados, en cada caso particular, es muy importante para asegurar que el consentimiento del imputado sea inteligente y voluntario, pero es también necesario articular, desarrollar e implementar evaluaciones y cambios estructurales. Por ejemplo, en Estados Unidos, como parte de una tendencia general a reducir la punitividad del sistema penal, distintas jurisdicciones han eliminado o reducido los mínimos de las escalas penales que solían ser muy elevadas para ciertos delitos. Esto puede reducir el poder del fiscal sobre el caso, facilitando una decisión más libre por parte del imputado sobre si se declara culpable. De modo similar, podría reducir el poder del fiscal sobre el caso eliminar las regulaciones especiales sobre el procedimiento abreviado y el juicio simplificado para hurtos y robos en Chile.

Muchas jurisdicciones aceptan solamente negociaciones o concesiones sobre la pena, pero no sobre los delitos o hechos imputados para reducir el poder del fiscal de realizar una propuesta irresistible para el imputado y para que los acuerdos no distorsionen qué delito realmente se cometió.

Otras jurisdicciones, como Inglaterra e Italia, establecen una reducción fija de un tercio, un cuarto o incluso un décimo, para evitar grandes diferencias entre la potencial pena luego del juicio y la pena luego de la declaración de culpabilidad, justamente para evitar crear incentivos para que incluso imputados inocentes puedan declararse culpables.

La recolección y preservación de muestras de ADN también puede ser importante en este contexto para ciertos casos. Pero hay muchas otras posibles reformas que se pueden explorar.

Creo que también es importante que las distintas instituciones de la administración de justicia penal tampoco piensen en este problema solo como una serie de casos individuales, sino también de modo más sistémico. Por ejemplo, en Estados Unidos algunas fiscalías han establecido programas de monitoreo interno para determinar si la fiscalía trata de modo más punitivo a ciertas minorías. Para esto hay que tener un sistema de recolección de datos que permita hacer estas evaluaciones y también tomar medidas una vez que se identifican problemas.

O para dar otras ilustraciones. Si las regulaciones procesales de una jurisdicción indican que el juez debe comprobar que el imputado entiende la situación, que la reducción de pena debe ser de un tercio o que la negociación o concesión solo puede ser sobre la pena y no sobre la imputación, las instituciones de la administración de justicia deberían monitorear de modo sistemático mediante la recolección de datos y el control aleatorio de casos en qué medida cumplen con estos requisitos. Y si no los cumplen, deberían introducir cambios para modificar estas prácticas.

Es importante también que la administración de justicia penal no tenga temor a ser estudiada por la academia, que también tiene un rol que cumplir en este espacio. De hecho, creo que la administración de justicia penal tiene la obligación de dejarse ser estudiada por la academia. Es un requisito de una sociedad libre y es una forma de tomar decisiones basadas en hechos.

"Las audiencias pueden ser muy rápidas, informales, y automatizadas"

—Ante la posibilidad de negociación que ofrecen este tipo de figuras (en algunos países con más capacidad de discrecionalidad para los fiscales que en otros), ¿cuáles podrían ser identificados como los principales factores para que una persona acepte culpabilidad sin tenerla? ¿Cuáles se presentan como incentivos “perversos” del sistema?

—Hay distintos factores, incluyendo una serie de incentivos “perversos”, que pueden llevar a una persona a aceptar su culpabilidad sin tenerla. La llamada en Estados Unidos “pena por ir a juicio” es una de ellas. Es decir, la amenaza de penas gravosas y excesivas para quienes deciden no declararse culpables e ir a juicio genera incentivos para declararse como tal. También una diferencia sustancial entre la potencial pena después del juicio y la pena luego de declararse culpable genera incentivos en esta dirección, aun en casos en donde la posible pena de juicio no es excesiva o muy gravosa.

El uso (incluyendo el uso indebido) de la detención y la prisión preventiva es otro factor, porque si al imputado se le promete su liberación en caso de declararse culpable, el incentivo para hacerlo es muy grande, aun para imputados inocentes.

Debilidades en la defensa, incluida la defensa pública, también es otro factor de riesgo, porque si el imputado no tiene un abogado defensor o el abogado defensor no realiza adecuadamente su trabajo, el imputado puede sentir que no tiene alternativa salvo declararse culpable o que es mejor terminar con el caso ya para poder seguir con sus vidas.

Confesiones de inocentes ante la policía también puede llegar a hacer que estas personas se declaren luego culpables ante el juez y fenómenos sicológicos, como la aversión al riesgo, también pueden contribuir a explicar porqué imputados inocentes pueden declararse culpables, dado el riesgo de ser penado más gravosamente luego de ser encontrado culpable en juicio.

La falta de control por parte de los jueces del trabajo de la policía y de los fiscales, y de las declaraciones de culpabilidad, también puede ser otro factor.

Existen también una serie de causas para las condenas erróneas más en general, como reconocimiento en rueda mal ejecutados o cuándo los fiscales no le revelan a la defensa ciertos elementos de prueba, sobre todo exculpatorios, la realización de pericias no confiables, etc., que también pueden influir en casos de declaración de culpabilidad por parte de inocentes.

—El estudio también indica que estas condenas erróneas se dan muy frecuentemente en casos delictuales de gravedad mediana o baja. ¿Sucede lo mismo a nivel comparado (tanto en el mundo anglosajón como en el continental)? ¿A qué se debe esto?

—Sí, el riesgo de que inocentes se declaren culpables en casos de gravedad mediana y baja también existe en otros sistemas. Por ejemplo, el estudio clásico de Malcolm Feeley “El Proceso es la Pena” muestra un sistema en donde esencialmente todos los imputados se declaran culpables.

Varios de los factores que mencionaba antes pueden ayudar a explicar este fenómeno. Por ejemplo, en casos menores, declararse culpable aun siendo inocente puede ser una forma de terminar con la propia detención; o terminar con el caso y dar vuelta la página, en lugar de tener que regresar múltiples veces a tribunales para la continuación del proceso y la realización del juicio. Y en estos casos, los imputados pueden no tener abogado defensor o pueden tener un defensor público que prioriza los casos más serios a costa de estos casos de gravedad mediana y baja, y abogados públicos o privados que no le proveen suficiente información al imputado para que este tenga una buena comprensión de la situación en la que se enfrenta. Además, las audiencias en casos de complejidad media o menor pueden ser muy rápidas, informales y automatizadas, de modo que ni el fiscal, ni el juez, ni el abogado defensor realizan adecuadamente su trabajo. 

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