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Investigación UDP incluye análisis de fallos de 10 años, entrevistas y observación de audiencias:

Estudio identifica problemas en sistema penal: imputados inocentes optan por declararse culpables para evitar juicio oral

Entre factores que inciden está la baja de comprensión que tienen del proceso y el atractivo de las ofertas que les hacen los fiscales, como la rebaja de pena y libertad inmediata.

Domingo, 23 de junio de 2019 a las 9:53
- Casos. En 12,5% de los abreviados, los fiscales modificaron circunstancias fácticas. Por ejemplo, que venta de drogas se había realizado a menores. Foto: Héctor Aravena.
Los casos
Licencia falsa que era auténtica. “El señor (Víctor) Moreno, peruano, accedió un poco presionado por la situación de audiencia; el fiscal haciéndole un ofrecimiento de pena bastante atractivo, aunque sabía que la licencia era auténtica”, explica el defensor público Humberto Sánchez.

Y agrega: “En los casos uno ve a veces que viene el fiscal con el ofrecimiento y la persona a veces lleva tres meses presa y, bueno, cede a esa tentación, porque no tienen un conocimiento detallado del procedimiento legal. Para ellos es la libertad”, dice el defensor Sánchez.

Doble juzgamiento. En 2010, Diego Nieto fue condenado a 60 días de prisión y multa por conducción en estado de ebriedad. La Corte Suprema estableció que su condena era errónea al fallar un recurso de revisión presentado por el defensor penal público Eduardo Rosado, quien asumió en esta etapa el proceso.

Se lo estaba juzgando dos veces por un mismo hecho, procedimiento que, además, había sido suspendido condicionalmente casi un año antes. Esto sucedió porque hubo una confusión administrativa que concluyó en que “de un mismo hecho nacieron dos causas por esta desviación”, dice Rosado.

El abogado afirma que hay una serie de elementos que “restringen cada vez más las facultades de los jueces”, lo que deriva en que se empiece a actuar de una manera más bien automática, “lo que coloquialmente llamamos la ‘moledora de carne', donde entra una persona, se le procesa con rapidez porque hay 20 o 30 casos más”.

Quebrantamiento cautelar sin vigencia. Fue condenado en 2012 como autor del delito flagrante de desacato por incumplir la medida cautelar decretada por Ley sobre Violencia intrafamiliar. Jorge Paillicán recibió una pena de 61 días y la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante la condena (pena sustituida por la de reclusión parcial nocturna).

El recurso de revisión fue acogido al acreditarse que la medida cautelar no estaba vigente al momento de su supuesto incumplimiento.

Para el defensor Sánchez este es un caso distinto. Siempre el tema había estado en los juzgados de familia, hubo una denuncia y una cautelar, pero esta había perdido vigencia y “nadie se percató. Ni el juez, ni el fiscal ni el defensor, que eran los llamados a hacerlo”.

Lo suplantó su hermano. Omar Castro fue condenado por un delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado ocurrido en 2013. Su hermano en la audiencia usó su nombre y él no lo delató. “En este caso, me acuerdo que los ministros de la Corte Suprema le preguntaron a la fiscalía qué estaba pasando, por qué tantos casos de este tipo”, dice el defensor público Claudio Fierro. La mayoría los llevaban los mismos fiscales, recuerda, aunque dice ahora las suplantaciones debiesen ir en retirada porque en los últimos años comenzó a utilizarse el sistema biométrico en las comisarías.

Sobre por qué un inocente se declara culpable, cree que puede darse a veces que una persona sin contacto con el sistema, siente que está casi en una “situación kafkiana”, acepta, y piensa “bueno después solucionaré el problema”. “La gente pondera”, apunta.
El estudio en cifras
35 de estos 38 casos de condenas erróneas obtenidas en abreviados y simplificados correspondió a casos de suplantación de identidad, según el análisis de los recursos de revisión acogidos por la Corte Suprema.

80% de los abreviados y 61,9% de los simplificados la rebaja fue de más de la mitad de la pena, informándosele al imputado de la sanción que arriesgaba en abstracto si no aceptaba procedimiento.

87,5% de los abreviados y en un 52,4% de los simplificados el fiscal invocó circunstancias atenuantes no reconocidas originalmente y la eliminación de agravantes que sí habían sido consideradas.

12,5% de los casos de abreviado los fiscales modificaron circunstancias fácticas del caso. Por ejemplo, en uno se eliminó que una venta de drogas se había realizado a menores de edad.

17,5% de los abreviados y un 6,3% de los simplificados los jueces verificaron, preguntándole al imputado, si habían sido informados previamente por su abogado defensor sobre los alcances de aceptar estos procedimientos.

50% de los abreviados y en un 19% de los simplificados los jueces hicieron alguna pregunta a los imputados destinada a verificar su entendimiento y voluntariedad para proceder conforme a estos procedimientos.
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Andrea Chaparro y Alejandra Zúñiga

Fue controlado por Carabineros en abril de 2013 en la intersección de las calles San Antonio y Esmeralda, cuando conducía su automóvil. Le pidieron su licencia de conducir. Estaba en mal estado porque —explicó— se le había caído a la lavadora. No le creyeron.

Víctor Moreno fue detenido y derivado al juzgado de garantía correspondiente. En la audiencia fue condenado a una pena de 61 días por el delito de uso de licencia de conducir falsa, mediante un procedimiento simplificado. Le dijo a su defensa que el documento era auténtico, pero la recomendación fue aceptar la oferta de la fiscalía.

Solo en noviembre de ese año fue exonerado por la Corte Suprema, que acogió un recurso de revisión y declaró errónea la condena (ver recuadro 1).

Ese es uno de los casos que el profesor de derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Mauricio Duce, analiza en “Los procedimientos abreviados y simplificados y el riesgo de condenas erróneas en Chile: resultados de una investigación empírica”, donde trabajó con 48 fallos de la Corte Suprema, estadísticas institucionales, entrevistas a 36 actores del sistema penal y los resultados de la observación de 103 audiencias en que imputados reconocieron responsabilidad bajo alguna de estas salidas distintas al juicio oral.

Cuando las personas cometen un delito por el que no arriesgan una pena superior a cinco años pueden acceder a un procedimiento abreviado; mientras que si la sanción no excede los 540 días, a uno simplificado. Ello implica en ambos casos reconocer responsabilidad en los hechos y la investigación detectó que en estos casos había imputados inocentes que se declaraban culpables. Las razones son múltiples. Un dato relevante, advierte Duce, es que si se agrupan las sentencias de abreviado y simplificado suman más un 80% del total anual y casi el 99% de ellas es condenatoria.

Reconocer hechos para evitar juicio oral

El primer hallazgo del estudio —dice el profesor— es que “cerca de un 80% de todos los recursos de revisión acogidos por la Corte Suprema en 10 años (2007-2016), corresponden a procedimientos abreviados y simplificados con reconocimiento de responsabilidad”. Y esos son casos, explica, de los que “jurídicamente en Chile nadie puede dudar que hubo un inocente condenado”.

La investigación consigna que se acogieron 48 recursos en el período y, de ellos, 38 correspondieron a abreviados (7) y simplificados (31). También que mayoritariamente hubo suplantaciones de identidad, lo que sugiere que “la vertiginosidad del procedimiento, el escaso control realizado por los actores del sistema y la presión por sacar el caso adelante en forma rápida los lleva a cometer un error bastante básico, como es no verificar con cuidado la identidad de la persona”. En todos los casos la “persona pudo haber sido absuelta por el delito imputado prefirió recibir una condena antes que arriesgarse” a un juicio, reseña el estudio.

Ofertas “atractivas” y baja interacción

Fiscales, defensores públicos y privados, y jueces respondieron por qué creían que inocentes se declaraban culpables, lo que sumado a la observación de audiencias de abreviados (40) y simplificados (63) permitió verificar que los mismos tres factores documentados en otros países están presentes en Chile (ver entrevista).

Para Duce, primero, “más allá de lo que en teoría establece la ley, en la práctica los fiscales cuentan con herramientas para hacer ofertas muy atractivas de rebaja de pena a quienes acepten responsabilidad en un procedimiento abreviado o simplificado, lo que podría incidir en que los imputados digan: ‘Bueno, me conviene’, aunque sea inocente”.

Los mismos fiscales, por ejemplo, mencionan que la obtención de libertad a cambio de estos procedimientos es un factor que el imputado pondera a la hora de decidir. Mientras que la observación de las audiencias reveló distintas prácticas que acrecientan el problema, como que en el 80% de los abreviados y el 61,9% de los simplificados observados la rebaja de pena fue de más de la mitad de la pena.

O que en casi el 90% de los abreviados y en más de un 50% de los simplificados el fiscal invocó circunstancias atenuantes no reconocidas originalmente y eliminó agravantes.

El profesor UDP agrega: “Pudimos ver que los defensores probablemente tienen un nivel de interacción con el imputado relativamente menor, lo que sugiere que los imputados no están bien informados de los alcances y consecuencias de aceptar” estos procedimientos.

Según el estudio en los procedimientos abreviados hubo un 60% de casos en que el defensor interactuó con el imputado. En los simplificados, un 71,4%. En los restantes no hubo.

También se determinó duración de esas conversaciones: en los abreviados en un 57,1% de las audiencias hasta 30 segundos; en los simplificados, casi un 70%.

Escaso control judicial


Y, en este escenario, puntualiza Duce “los jueces tendrían que cumplir un rol de control muy intenso” y no parece ser así.

Algunos de los entrevistados piensan que hay un problema en la comprensión del rol que deben cumplir en estos procesos. Por ejemplo, un juez de garantía, refiriéndose a las aceptaciones de responsabilidad en los procedimientos simplificados, afirma que “no debiéramos meternos en los antecedentes” para corroborar la aceptación, como sí lo hacen en el abreviado, indica la investigación.

¿Le preguntan los jueces al imputado si fueron informados previamente por su abogado defensor acerca de las consecuencias al aceptar estas salidas?. La respuesta de la observación es que solo ocurre en un 17,5% de los abreviados y un 6,3% de los simplificados.

“Podríamos tener un problema”

Entonces, dice Duce, si se suman los tres hallazgos: “se tiene la combinación perfecta que da el derecho comparado para decir que aquí podríamos tener un problema más profundo”.

Con todo, quiso recordar que esta no es una investigación que haya visto todo el país, “no puedo afirmar que en todos los tribunales ocurre lo mismo, pero lo que sí he podido hacer es tener un indicio que antes no teníamos, que es consistente con la evidencia comparada”.

—¿Qué hacer?

—Las normas que establecen un rol de control son más intensas en los abreviados que en el simplificado, entonces algún juez podría leer que no se le ha pedido esta ‘pega’ en el simplificado y no estaría tan equivocado normativamente, por tanto, ese es un tema a revisar.

“Pero no solo es un problema normativo, sino también un problema cultural de cómo se le da herramientas a los jueces para que de manera muy eficaz y en breve tiempo puedan hacer estos controles. Parte del problema hoy es la presión por la carga de trabajo y, por tanto, el apuro, por decirlo así, de hacer audiencias muy rápido. Otra línea que, en mi opinión, es clarísima es que hay que trabajar en fortalecer el tema de la comunicación e información que viene desde la defensa”.
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