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Dictamen de Contraloría prohíbe que docentes de universidades estatales litiguen contra organismos de la Administración del Estado

Se trata de una nueva interpretación de la entidad, cuya jurisprudencia hasta ahora estimaba que el impedimento se refería específicamente a la defensa en causas de contenido patrimonial. En la actualidad, solo podrán ejercer esta representación docentes que se desempeñen en las clínicas jurídicas de estos planteles.

Jueves, 23 de mayo de 2019 a las 17:44
Crédito: La Segunda.
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A.Z.C.

La consulta se remonta a 2011. En ese momento, el decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, se dirigió a la Contraloría General de la República para que el organismo indicara si a los académicos del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de ese plantel les resultaba aplicable la inhabilidad (según los artículos 56, inciso segundo, de la Ley 18.575, y 84, letra c), de la Ley 18.834) que establece como incompatible con la función pública la representación de un tercero en acciones civiles contra un organismo de la Administración del Estado, que es precisamente lo que puede ocurrir al desempeñarse en una clínica jurídica.

Esto, porque dichos profesores, en el ejercicio de sus labores docentes, podrían actuar como apoderados en sede administrativa contra decisiones de las autoridades administrativas y, además, patrocinar a particulares en causas civiles, independientemente de que esta pudiera resultar en una condena pecuniaria. Lo anterior —según sostenía la universidad en su presentación—, “en virtud de la autonomía académica de esa casa de estudios, la cual prevalecería por sobre las citadas prohibiciones”.

La respuesta de la Contraloría, aunque confirmó que estos docentes pueden ejercer dichas labores, decidió dar un vuelvo en la que hasta ahora había sido su interpretación sobre la definición de "acciones civiles" afirmando que con motivo de un nuevo estudio sobre la materia, "y atendido que el establecimiento de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades constituye una manifestación del principio constitucional de probidad administrativa que pretende evitar que sean comprometidos los intereses superiores del Estado en general, no solo los pecuniarios, se ha estimado procedente reconsiderar la aludida jurisprudencia administrativa".

El resultado de ese análisis fue definir dicha figura como “comprensiva de cualquier acción judicial en contra de un organismo de la Administración, que no revista el carácter de criminal, interpretación que, por lo demás se aviene con el tenor literal de las normas de que se trata, cuyo sentido natural y obvio no restringe su aplicación a acciones de naturaleza patrimonial”.

Hasta ahora, el organismo había entendido que las prohibiciones se referían específicamente a la defensa de las causas litigiosas de contenido patrimonial, en que la contraparte sea un organismo de la Administración del Estado y en las que existe la posibilidad de que sea condenado pecuniariamente, precisando el dictamen 21.843, por ejemplo, “que en virtud de ello el recurso de protección no se encuentra comprendido dentro del término ‘acciones civiles’”.

De esta forma, se reconsideraron seis dictámenes (79.895, de 1976; 2.118, de 2002; 31.267, de 2010; 4.474, de 2012; 21.843, de 2013, y 79.119, de 2014), así como toda la jurisprudencia contraria a este nuevo criterio, lo que traduce, en la práctica, en que ningún abogado que haga clases en una universidad del Estado puede litigar contra el fisco, salvo aquellos que se desempeñen en las clínicas jurídicas.

Académicos habilitados

Para que se configuren inhabilidades o prohibiciones en este sentido, indica el dictamen de Contraloría, la representación debe desarrollarse en el ejercicio privado del abogado, lo que no aplica a los docentes "cuando actúan en el desempeño de la labor docente que les encomienda una universidad estatal, la que, en el marco de su autonomía académica, puede definir que esta clase de actividades sean parte de uno de sus programas de estudio”.

Por lo tanto, concluye el oficio, procede que los profesores de este departamento, tanto de la U. de Chile como de todos los planteles estatales del país, ejerzan acciones civiles representando a terceros contra la Administración del Estado o que actúen como apoderados en sede administrativa contra la decisiones de las autoridades.

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