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Ministro Haroldo Brito recalca necesidad de reactivar reformas a la justicia civil y penal

Fue la primera cuenta pública del nuevo presidente de la Corte Suprema, quien también se refirió a la urgencia de revisar los sistemas de nombramiento, carrera judicial y régimen disciplinario al interior del Poder Judicial. Igualmente presentó las cifras del año anterior, reconociendo, entre otras cosas, los avances logrados tras la implementación del nuevo régimen laboral y la tramitación electrónica.

Jueves, 01 de marzo de 2018 a las 21:15
Las cifras de 2017
Más de 3 millones 370 mil causas ingresaron durante el año pasado a los distintos tribunales de primera instancia del país, que conocen de asuntos civiles, penales, de familia, laborales y de cobranza laboral y previsional, lo que representa un 12,4% menos que en 2016, y siendo resueltas poco más 2 millones 700 mil causas.

De ellas, las de tipo civil concentran más de la mitad, aunque disminuyeron en un 21% respecto del período anterior. Al respecto Brito aseguró que este comportamiento coincide con la puesta en marcha de la Ley de Tramitación Electrónica —cuya Oficina Judicial Virtual ha tenido a más de 384 mil usuarios—, “pues hoy tenemos menos causas que en años precedentes, sin embargo, la gran mayoría siguen ligadas a cobranzas, las que en un alto número no cuentan con una motivación real para ser tramitadas”.

El ministro, sin embargo, puntualizó que la mayoría son usuarios institucionales, como empresas de retail, cobranza y entidades comerciales, “lo que se traduce en un problema estructural de nuestro sistema de justicia en que los incentivos no están puestos en el ciudadano común, generando dificultades de acceso a la justicia que justifican la urgente necesidad de reformas”.

Respecto a la judicatura de familia, esta representa el 17% de los ingresos totales, siendo las materias más comunes demandas de alimentos (33%), vulneración de derechos (18%), relación directa y regular (15%) y violencia intrafamiliar (11%). En lo relativo a los términos de las causas, la mayoría lo hace por mediación (37%) y sentencia (32%), seguido por conciliación (7%).

Después de finalizado el período, quedaron en tramitación un millón 859 mil asuntos, lo que representa 10% más que el año pasado y donde la mayor variación se dio en causas de reforma laboral, que experimentó un 28% más respecto de 2016.

A las cortes de apelaciones, en tanto, ingresó un total de 245 mil causas, esto es un 16% menos que el año pasado, lo que se explica por la menor presentación, aunque siguen siendo significativos, de recursos de protección contra las Isapres por alza de precios de los planes de salud. Pese a la disminución, el presidente de la Suprema aseguró que su judicialización “sigue siendo un tema pendiente cuya resolución ha de darse mediante reforma legal, y que distorsiona —por su masividad— los ingresos de causas en las cortes de alzada, tema que hemos tratado en distintas cuentas”.

Sobre las materias tratadas, y sin considerar estas últimas, un tercio fueron de tipo civil o contencioso administrativo, dos áreas que aún no han sido reformadas. “No es posible desentenderse del hecho que esta cantidad de recursos se produce en la justicia no reformada, que funciona sin controles procesales previos, a consecuencia de la menor participación de las partes, lo que obliga a interponer recursos correctivos que sin duda frenan el desarrollo del pelito”, aseguró.

En lo referido al término de causas, el año concluyó con poco más de 269 mil resueltas, superando en un 12% al año anterior.

La Corte Suprema, en tanto, recibió casi 46 mil causas durante 2017, correspondiendo poco más del 70% a asuntos relacionados con alzas de los planes de Isapres. El resto se reparte entre recursos de amparo (20%) o de protección (16%), sin considerar los recursos en lo penal que se fundamentan en acciones de esta clase, ni las acciones de tutela de derechos fundamentales en lo laboral, mientras que las causas que quedaron pendientes fueron de 4 mil.

Finalmente, el registro a nivel nacional de causas pendientes de resolver fue de aproximadamente 47 mil, lo que significa una disminución de 39% respecto de 2016.
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A. Zúñiga C.
Su primera cuenta pública tras asumir la presidencia de la Corte Suprema. Hoy, al mediodía, el ministro Haroldo Brito ofreció el tradicional discurso con el que se inaugura el año judicial, donde repasó cifras —provenientes de su antecesor, Hugo Dolmestch— y esbozó algunas de las que serán las principales preocupaciones de su período ante numerosas autoridades, entre los que se contaban la actual mandataria Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera.

Con una exposición marcada por la urgencia de reformas en diversos ámbitos se refirió a la urgencia de llevar a cabo la tan discutida reforma procesal civil, cuyo proyecto de ley se encuentra paralizado en el Congreso. En este caso también hubo propuestas realizadas por los gobiernos anteriores de Bachelet y Piñera. 

Dicha iniciativa —aseguró— tiene la finalidad de establecer los criterios mínimos que se exigen a todo sistema de justicia, como son la oralidad, inmediación, valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, concentración y publicidad, entre otros, y “todos quienes han ocupado esta posición han subrayado en sus discursos anuales la importancia de concretar la mencionada reforma”, sobre la cual la Corte Suprema —dijo—“se resiste a asumir un rol pasivo”. 

Además comentó que la reforma, considerando que la justicia civil es inaccesible para muchos debido a la estructura y características de sus procedimientos actuales, “no puede orientarse solo a asuntos de trascendencia patrimonial, sino que ampliar su espectro a las pequeñas causas, con impulso decidido hacia la implementación de los sistemas alternativos de resolución de conflictos”. 

En esta misma línea se refirió a la necesidad también de elaborar un nuevo Código Penal, recordando las fallidas propuestas presentadas por los dos gobiernos anteriores, así como una tercera de carácter particular a cargo del abogado Alfredo Etcheberry.

“Estos proyectos responden a distintas orientaciones técnicas, seguramente estos entendimientos sobre los que no hay consenso constituyen la dificultad fundamental para su discusión parlamentaria” dijo y luego agregó: “Estaremos atentos a la activación de este proceso, para ser partícipes”.

Jurisdicción laboral

En contraposición, reconoció avances significativos desde la implementación de la reforma laboral, a través de un proceso transparente, público, donde la oralidad e inmediación, por ejemplo, permiten dar forma a un sistema que responde de mejor forma a los estándares del debido proceso. Y continuó refiriéndose al conjunto de resoluciones generadas en sede de unificación por la Corte Suprema, “que instala líneas jurisprudenciales para categorías de casos que vienen a elucidar cuestiones que plantea la diversidad de interpretaciones de distintas cortes de apelaciones, concretándose con ello una aspiración fundamental de todo sistema de justicia: la predictibilidad en la aplicación del Derecho”.

Pese a ello, dificultades en los plazos de agendamiento y duración de las causas son algunos de los problemas de estos mismos tribunales, especialmente en la jurisdicción de Santiago, la más compleja debido a su norma de competencia territorial y las características del régimen de subcontratación, lo que se traduce en un crecimiento que no se ha estabilizado y que alcanza un 10% anual. El presidente de la Suprema aseguró que para hacer frente a este comportamiento se necesitan nuevos recursos, siendo el principal la instalación de nuevos tribunales de la especialidad con características similares a los actuales.

Nombramiento, carrera judicial y régimen disciplinario

En materia de gobierno judicial se refirió tanto al sistema de nombramiento como a la carrera judicial y el régimen disciplinario, señalando respecto al primero que la principal crítica que se le hace es la falta de incidencia de los antecedentes profesionales y académicos al momento de formarse las ternas.

“Lo cierto es que el Código Orgánico de Tribunales previene requisitos muy amplios para las promociones en la carrera y ello da lugar a que el tiempo de servicio en la categoría no resulte necesariamente considerado”, dijo, y luego agregó que desde hace algunos años la Corte Suprema ha intentado por la vía regulatoria interna algunas reglas orientadoras de la votación, “pero no son vinculantes y precisan de mayor reconocimiento”.

Sobre la carrera judicial, en tanto, aseguró que es importante que sea revisada, ya que no se trata del “simple ordenamiento de los funcionarios en diferentes apartados; también es un instrumento que alcanza pleno sentido cuando se lo diseña para generar cambios en lo jurisdiccional”, mientras que respecto al régimen disciplinario —cuya etapa de investigación pronto estará radicada en las fiscalías de las cortes de apelaciones— comentó que también requiere atención, ya que sus problemas están radicados en las normas que previenen las infracciones, algunas de las cuales son imprecisas y otras carecen de actualidad. “La insuficiencia de unas pocas normas legales de procedimiento también es una debilidad y da lugar a una regulación reglamentaria que no es unánime y que se cuestiona fuertemente”, agregó.

Las calificaciones también fueron discutidas por el nuevo presidente, quien las calificó de “vetustas” y de no ser más que “un fuerte impedimento a otros instrumentos de evaluación verdaderamente eficientes que podrían ser instalados”.

Otro tema del cual se hizo cargo en esta cuenta pública fue la interacción con las asociación de funcionarios, haciendo especial hincapié en la relación con la Asociación Nacional de Magistrados que, comentó, “sin duda alguna, con desazón de todos, no son las deseables”.

En este sentido, aseguró que aunque las diferencias no son insalvables, decidió referirse a esto “porque en mi entendimiento las confianzas recíprocas al interior de toda organización, la valoración de los roles directivos institucionales y de las legítimas voluntades de gremiarse, ciertamente para instar por mejores condiciones y ser propositivos y críticos, es una buena circunstancia para el desarrollo institucional que todos queremos”.

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