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Eligen a nuevo presidente del Consejo para la Transparencia

Se trata del abogado Marcelo Drago, que fue votado de manera unánime por el consejo directivo del organismo y asumirá el cargo el próximo 30 de octubre por los próximos dos años.

Lunes, 23 de octubre de 2017 a las 15:28
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A.Z.C.
Desde el próximo 30 de octubre y hasta abril de 2019 el abogado Marcelo Drago Aguirre se desempeñará como presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), cargo para el cual fue elegido de manera unánime y en el que reemplaza a José Luis Santa María Zañartu, que finaliza su período a fin de mes.

La elección se efectuó de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Transparencia, que le otorga un carácter rotatorio a dicho puesto. Su ingreso al consejo directivo —que tiene un plazo de permanencia de seis años— ocurrió en 2014, luego de que fuera propuesto para ello por la Presidenta Michelle Bachelet y ratificado por el Senado.

Drago es abogado de la Universidad Católica y Máster en Administración Pública de la U. de Harvard. Lleva alrededor de 20 años como consultor internacional en gestión y políticas públicas para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo que se suma su labor como asesor legislativo y en políticas públicas en el Congreso Nacional y académico en la U. Adolfo Ibáñez y en la UC.

En el ámbito público, en tanto, fue secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Décima Región, gobernador de la provincia Cordillera en la Región Metropolitana y jefe de gabinete en el Ministerio de Bienes Nacionales.

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"...Pareciera retroceder al período entre 1981 y 2005, cuando las asociaciones gremiales conocidas como colegios profesionales, al verse precluidas de regular y castigar a sus respectivas profesiones conforme a potestades públicas, echaron mano al Código Civil y su policía correccional para dictar códigos de ética y disciplinar a sus miembros conforme a sus estatutos internos..."

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“...La Corte Suprema —dando acabada cuenta de su conocimiento sobre la reciente doctrina sobre el tema— consideró que la cuestión sobre la que se le solicitaba pronunciarse refería al artículo 1932. Entendió que el mal estado o calidad de la cosa que impide hacer uso de ella puede, no solo, deberse a cuestiones materiales, sino también jurídicas...”

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"...La Corte define un estándar estricto de invalidez por infracción al principio de imparcialidad, porque pareciera entender que cualquier decisión administrativa adoptada por un funcionario que infringe tal principio, adolece de un vicio grave y esencial que afectará siempre la legitimidad del acto administrativo..."

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