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La Corte Suprema, en un caso de casación en la forma, sostuvo que el vicio de ultra petita contempla dos formas de materialización, la primera de las cuales consiste en otorgar más de lo pedido, que es propiamente la ultra petita, mientras que la segunda se produce al extenderse el fallo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, hipótesis que se ha denominado extra petita. Asimismo, para la Corte un fallo incurre en ultra petita cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. Esto implica la garantía del principio de la congruencia. Este enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso.

En un caso de reclamación contra el conservador de Bienes Raíces, la Corte indicó que el principio general en materia registral es el de la procedencia de las solicitudes de inscripción en los correspondientes catálogos. Así se desprende del artículo 12 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Pero no es un axioma que someta en términos absolutos al auxiliar que se encuentra a cargo del registro. Desde luego, el artículo 13 contempla, de inmediato, una atribución de ése, para rehusar la inscripción, como cuando la que se pretende "es en algún sentido legalmente inadmisible".

A su vez, en un caso de indemnización por competencia desleal, la Corte sostuvo que es menester precisar que el objetivo del artículo 3º de la Ley de competencia desleal, al referirse al dolo, no apunta a tener que acreditar elementos subjetivos, sino basta que se hayan violado las normas objetivas de conducta que establece el legislador en el referido artículo, ya que de tener que probarse el dolo o la culpa del infractor, no se daría la protección debida a los intereses de los consumidores y del mercado.

En un caso de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, la Corte ha reiterado a doctrina de la pertinencia del daño moral en sede contractual. Para ella el artículo 1556 del Código Civil no excluye el daño moral, como tampoco dispone que la indemnización solo comprenda o abarque los rubros de daño emergente y lucro cesante. El precepto no podría excluir el daño moral puesto que la ley no ha prohibido que la indemnización por daño moral pueda invocarse fuera del ámbito de los delitos o cuasidelitos; por el contrario, otras disposiciones del Código posibilitan esa clase de reparación de daños no patrimoniales, el uno en las relaciones de familia y el otro en el área de las convenciones. De este modo, para la Corte, la responsabilidad contractual, en el caso de verificarse las exigencias legales, obligan al responsable a indemnizar tanto el daño patrimonial como y, asimismo, el daño moral.