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Corte Suprema expresa su opinión sobre proyecto de ley de identidad de género

El máximo tribunal envió al Senado su segundo informe sobre la iniciativa, refiriéndose, entre otros temas, a la posibilidad de establecer solo un mecanismo administrativo en estas materias, para así resguardar “la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial”.

Miércoles, 25 de noviembre de 2015 a las 16:45
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A.Z.C.

Un segundo informe sobre el proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género es el que acaba de enviar la Corte Suprema al Senado, donde la iniciativa se encuentra actualmente en tramitación.

El texto, que complementa el entregado por los ministros del máximo tribunal en agosto pasado, se refiere, entre otros asuntos, a la posibilidad de establecer solo un mecanismo administrativo en estas materias, lo que “resguarda la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial”.

En este sentido los magistrados señalan que “por estar radicada fundamentalmente la gestión en la voluntad del o la peticionaria interesada, que el procedimiento puede quedar asignado a una gestión ante el Oficial de Registro Civil (…), reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud esté referida a menores de edad. De todos modos, se observa necesario hacer presente que esta prohibición habrá de regir única y exclusivamente en la medida que el asunto se mantenga en carácter de no contencioso, no así a partir del momento en que se transforme en contencioso, al que se aplicará el procedimiento conforme a las reglas generales”.

Respecto del establecimiento de una nueva causal de divorcio por cambio de identidad de género, el informe indica que en este punto llaman la atención dos elementos: que aparentemente la iniciativa consagra una disolución del matrimonio de pleno derecho o contempla una nueva justificación para ello, como lo sería la existencia de una sentencia que acoge la solicitud de rectificación de nombre o sexo sobre la base del reconocimiento del derecho a la identidad de género, pero el mismo proyecto de ley no se hace cargo de modificar el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, agregando esta causal.

“Esta circunstancia parece ser una omisión involuntaria, toda vez que el nuevo artículo 15 de la iniciativa establece una modificación al artículo 1792-27 del Código Civil, haciendo referencia al número 5) del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, el cual no existe “, dice y agrega: “Por otro lado, la disolución del matrimonio requiere que se resuelvan una serie de asuntos patrimoniales y jurídicos relativos, por ejemplo, a los derechos y deberes de los cónyuges entre sí y para con su descendencia, asuntos que tienen fijada por ley una reglamentación procedimental específica y que actualmente son entregados al conocimiento de los tribunales con competencia en materia de familia”.

El informe agrega que resulta indispensable que se otorgue la posibilidad de sustituir el régimen matrimonial por el Acuerdo de Unión Civil al considerar que “las personas que han contraído matrimonio no pueden ser afectadas en sus derechos por un acontecimiento posterior en el cual no ha consentido y que puede quedar radicado en la voluntad de uno solo de los cónyuges”, lo que, además, no cuenta con reglamentación.

Asimismo, acerca de la propuesta de radicar en los juzgados de Familia los procedimientos relativos a los temas de identidad de género, la Corte Suprema sostiene que: "En virtud del cambio en el articulado del proyecto de ley, y a las consecuencias que dichos cambios implican para el sistema judicial es que parece razonable considerar que el tribunal competente para conocer de la rectificación del nombre y/o sexo en base al reconocimiento del derecho a la identidad de género sea el tribunal con competencia en materias de familia, habida cuenta de que son estos los tribunales creados especialmente para el conocimiento y fallo de asuntos donde aparecen comprometidos los intereses de niños, niñas y adolescentes, y de aquellos donde se ventilan cuestiones relativas al estado civil de las personas y su modificación".

El máximo tribunal se refiere, además, a la prohibición que tendría el juez para exigir prueba en asuntos relacionados con procedimientos de identidad de géneros afirmando que “lo primero que podría cuestionarse de lo preceptuado en este artículo es la necesidad de prueba, pues si se logra comprender la diferencia entre género y sexo, no se observan razones para que el juez deba alcanzar su convicción con mayores antecedentes que los que el propio solicitante ha puesto a su disposición. De ningún aspecto se debe convencer el juez, dado que no requiere persuadirlo de la identidad de género de quien acude a él en busca de su pronunciamiento”.

Y agrega: “Se debe advertir que estos cuestionamientos no tienen que ver con la antigua y consabida discusión sobre si los actos judiciales no contenciosos —naturaleza que tiene el procedimiento que establece este proyecto, según su artículo 6°— requieren o no de prueba e, incluso más, deben o no ser conocidos por tribunales de justicia, pues ello ya viene resuelto por el legislador, que estableció un Libro Cuarto en el Código de Procedimiento Civil (CPC) destinado, precisamente, a los actos judiciales no contenciosos y en cuyo contexto se previó que el juez pueda verse en la necesidad de requerir y apreciar prueba”; por el contrario, aseguran que estas interrogantes apuntan a otra cosa: el objeto de la prueba, vale decir, qué se prueba.

Al respecto afirman que en los términos en que se encuentra redactado el proyecto, “habilita al tribunal para exigir, de oficio, mayores antecedentes al solicitante, a fin de llevar al juez al convencimiento de —he aquí la paradoja— su ‘vivencia interna e individual’”. En este sentido aseguran que llama la atención que la propia iniciativa parece “intuir” que la necesidad de pruebas es un contrasentido en pretensiones como estas, pues el mismo artículo 2°, inciso segundo, descarta que elementos como la apariencia, vestimenta, modo de hablar, modales, tratamientos quirúrgicos, médicos u otros análogos puedan ser demostrativos de la identidad de género. “Si tales elementos no deben dar luces de la identidad de género de una persona —dicen—, pocos medios le van quedando al tribunal para acceder a la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo, que no sea la sola solicitud del interesado. Tal parece, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° inciso segundo, del proyecto de ley que se tuvo conciencia de la particularidad de esta pretensión y, en consecuencia, de la contradicción a la que lo conduce el inciso segundo del artículo 5°".

Finalmente, la Corte Suprema llama la atención sobre los procedimientos que se realizarán en los casos que menores soliciten la rectificación de su nombre y/o sexo, determinando que estos pueden ser “susceptibles de sufrir privaciones, limitaciones o amenazas de sus derechos humanos”. En este sentido, junto al procedimiento especial establecido en el proyecto de ley y a las consideraciones del debido proceso que la iniciativa contiene, expresan particular preocupación por que se discutan “las medidas especiales que el Estado puede o debe adoptar a fin de dar efectividad a los derechos humanos y en especial al derecho a la identidad de género de este grupo en particular”.

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