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Colegio de Abogados introduce cambios a tramitación de recursos de amparo profesional

La regla general, por costumbre, era resolver la presentación sin consultar a la parte denunciada. Desde ahora se harán excepciones y se la escuchará en algunos casos, por ejemplo, cuando se trate de una institución pública.

Martes, 23 de septiembre de 2014 a las 13:10
Los abogados ante la medida
Para el abogado Pablo Fuenzalida, quien se ha especializado en temas de ética profesional, “la existencia de un recurso que persiga controlar atropellos y arbitrariedades pone al Colegio de Abogados en línea con las mejores tradiciones que otros colegios de abogados en el mundo han desarrollado en pos del resguardo de los derechos fundamentales y el estado de derecho”, pero el problema está “en su falta de regulación, entre otros aspectos, lo que permite criticar su legitimidad y quizás su propia existencia por adolecer precisamente de aquello que persigue resguardar”.

Sin embargo, el abogado Álvaro Anríquez —quien imparte clases de profesión jurídica en la U. de Chile— recuerda que el amparo profesional está paradigmáticamente concebido como un procedimiento de urgencia que busca evitar la afectación inminente de la garantía constitucional a defensa jurídica. Entonces, dice, “la demora que implica consultar a la autoridad denunciada y esperar su respuesta puede en muchos casos frustrar el propósito del amparo profesional”. Por eso, piensa que solo debe escucharse al denunciado previo a decidir el amparo en aquellos casos donde “exista razonable seguridad de que esa audiencia no pondrá en riesgo la defensa jurídica en que incide el amparo”.

Con todo, agrega, el Colegio resuelve el amparo únicamente sobre la base de la información aportada por el abogado recurrente, haciendo un depósito de confianza en la verdad de esa información, consecuentemente, “si esa información resulta inexacta, el Colegio debe de oficio iniciar un procedimiento para sancionar al abogado”, dice.

Rafael Vergara, abogado y ex consejero de la orden gremial, en tanto, respalda la decisión adoptada por el Colegio. “La medida de escuchar al recurrido cuando el caso lo amerite, antes de otorgar amparo al recurrente, es suficiente”, dice. Y, subraya en ese sentido que es “importante recalcar que aquí se están protegiendo derechos básicos y no haciendo juicios de valor o sugiriendo sanciones respecto de la actuación del recurrido”.
La modificación
1) “El art 5 del Estatuto dispone: Serán derechos de los colegiados: b) Solicitar del Colegio su protección en caso de atropello al ejercicio profesional”

2) Tradicionalmente estos recursos denominados de “amparo profesional” han sido resueltos por el Consejo de la orden ateniéndose exclusivamente a los antecedentes proporcionados por el solicitante, dejándose constancia en la resolución de que se ha procedido de tal modo.

3) Que el Consejo, en su Sesión de 18 de agosto de 2014, analizando la forma de tramitación de estos amparos, ha decidido que se seguirá obrando de ese modo, sin perjuicio de analizar, también, la posibilidad de pedir previamente informe en los casos calificados que se señalan:

a. Cuando de la naturaleza del asunto aparezca indispensable que para resolver es necesario pedir un informe, y

b. Que la petición de informe no frustre la finalidad del amparo por la demora que pudiera generar.
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Andrea Chaparro S.
Una modificación a la forma de tramitar los amparos profesionales presentados por sus asociados cuando sienten entorpecido su trabajo realizó el Colegio de Abogados en agosto pasado, luego del impasse que tuvo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el contexto del caso Cascada.

La existencia del amparo profesional está establecida en los Estatutos del Colegio, en particular, del artículo 5° letra b, donde se explicita que es un derecho de los asociados “solicitar del Colegio su protección en caso de atropello al ejercicio profesional”.

Hasta ahora, la regla general, adoptada por costumbre, era resolver estas presentaciones a la brevedad —ya fuera acogiéndolas o rechazándolas— en el entendido que los hechos descritos eran ciertos, sin escuchar a la persona o institución denunciada.

Pero a comienzos de septiembre, el Colegio efectuó un cambio en esta materia: se harán excepciones, cuando el caso lo amerite. “En el último consejo (del Colegio) se acordó que se iba a mantener este principio o regla general, pero dependiendo de las circunstancias (del caso) se iba a oír previamente al mencionado en el recurso”, explicó el consejero y presidente de la comisión de ética de la orden gremial, Pedro Pablo Vergara.

¿En qué circunstancias podría haber mérito? “Un caso razonable, a modo de ejemplo, aunque no necesariamente sea así, es un amparo profesional contra una autoridad pública”, apuntó.

Esto siempre y cuando tal diligencia no ponga en riesgo la defensa jurídica que intenta protegerse por esta vía, porque “en esos casos hay que resolver de inmediato o si no llegamos tarde”, aclaró el consejero.

Precisó además que la modificación responde a que se consideró pertinente “tomar una decisión informada cuando se pueda, no a resguardar el debido proceso, porque este no es un proceso, sino una protección”.

Un antiguo debate

El tema había sido debatido con anterioridad, pero no se había logrado acuerdo y fue el escrito presentado en agosto pasado por el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, el que dio el impulso para que la orden gremial llevara el asunto a su consejo para re-estudiarlo.

En el documento, Piña plantea que la defensa judicial prestada por el servicio que encabeza se vio afectada toda vez que no se escuchó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) previo a acogerse de manera parcial el amparo profesional presentado por la defensa de Aldo Motta

Ello, porque esta última acompañó dicha resolución en una reclamación de ilegalidad que se estaban discutiendo en la Corte de Santiago, donde el CDE estaba representando a la entidad fiscalizadora, señalándose que se trataba de un antecedente “veraz, concreto y objetivo”, sin referir que el mismo Colegio en su decisión consignaba que el amparo se acogía “en el entendido de que los hechos denunciados son ciertos”.

Lo mismo se reiteró —según el escrito del CDE— ante el Tribunal Constitucional, donde se tramitaba un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el contexto del mismo caso Cascada, y en otro juicio derivado de la misma causa que se ventila en la Corte capitalina, en el que intervine otro de los sancionados quien aprovechó igualmente la resolución del Colegio.

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