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Excepción de cosa juzgada y control(es) de convencionalidad

"...Los tribunales superiores de justicia han dictado fallos en los que se plantea la siguiente cuestión: ¿la excepción de cosa juzgada puede excusar al Estado del deber de reparar íntegramente los daños causados por delitos de lesa humanidad cometidos por sus agentes? Lo interesante es que rechazan la excepción de cosa juzgada fundados en el control de convencionalidad..."

Lunes, 21 de noviembre de 2022 a las 10:00
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Miriam Henríquez
Recientemente los tribunales superiores de justicia han dictado fallos en los que se plantea la siguiente cuestión: ¿la excepción de cosa juzgada puede excusar al Estado del deber de reparar íntegramente los daños causados por delitos de lesa humanidad cometidos por sus agentes? Lo interesante es que rechazan la excepción de cosa juzgada fundados en el control de convencionalidad.

La Corte Suprema, en sentencia de casación en el fondo del 13 de octubre, y la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de apelación del 3 de noviembre, abordan estos asuntos. El razonamiento de ambas sentencias enfatiza que acoger los respectivos recursos no implica desconocer la validez y legalidad de los fallos anteriores que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino solo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos y consagrada en el artículo 177 del Código Procesal Civil debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados de derechos humanos. En ambos casos las Cortes se pronuncian sobre la excepción de cosa juzgada hecha valer por el fisco de Chile con base en el control de convencionalidad, conocido como por la doctrina y jurisprudencia interamericana como res interpretata.

En primer término, la Corte Suprema resolvió un recurso de casación en el fondo bajo el rol N° 104558-20, que fue interpuesto por el demandante civil Becerra Donoso, quien denunció que la sentencia de segunda instancia realizó una errónea aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 310 del mismo cuerpo legal, al acogerse la excepción de cosa juzgada. A juicio del recurrente, se habría negado la reparación, la protección judicial, el debido proceso y un trato igualitario, producto de los delitos de lesa humanidad de que fue objeto. Asimismo, afirmó que se infringió por inaplicación los artículos 1º inciso primero, 4º, 5º inciso segundo, 6º incisos primero y segundo, 7º, 19 Nº 1, 2 y Nº 3 inciso primero, y 38 inciso segundo, todos de la Constitución Política; 1.1º, 2º, 8º, 25 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y las normas de ius cogens que establecen el deber de reparar en forma integral a las víctimas directas y sus familiares, en su caso, por crímenes de Derecho Internacional.

Por otra parte, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que cita a su vez la sentencia de la Corte Suprema antes referida, falló un recurso de apelación deducido por el fisco de Chile contra la sentencia dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó las excepciones de reparación del daño y de prescripción deducidas por la demandada y acogió parcialmente la demanda deducida, debiendo el fisco pagar a la demandante Leviguan Diaz una suma de dinero por concepto de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral, como víctima directa de torturas y vejámenes.

La Corte Suprema afirmó, en el considerando tercero, que el recurrente no pretende desvirtuar la legalidad del procedimiento seguido y en los que se declaró la prescripción de la acción civil indemnizatoria intentada contra el Estado de Chile, “sino únicamente afirmar que la institución de la cosa juzgada no puede excusar a este del deber de reparar íntegramente los daños causados con las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes”. A este mismo razonamiento recurrió expresamente la Corte de Apelaciones de Santiago en el considerando quinto.

El máximo tribunal, en el considerado sexto, expuso que el control de convencionalidad es la clave para resolver el asunto jurídico involucrado y lo concibe como deber del tribunal de aplicar “el derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos”. Profundiza en el considerando octavo que aplicar en el caso el control de convencionalidad permite constatar “la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetarlas disposiciones imperativas inherentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. El mismo razonamiento expone la Corte de Apelaciones de Santiago en sus considerandos noveno y undécimo.

Surge así una primera forma de entender el control de convencionalidad interno: res interpretata, que consistiría en un examen de compatibilidad entre la normativa nacional y el corpus iuris interamericano, integrado por los tratados y la jurisprudencia interamericanos. Es decir, un ejercicio habitual de los tribunales nacionales, que deben aplicar todo el plexo normativo que integra su ordenamiento jurídico a la hora de fallar un caso, pero —desde el surgimiento del control de convencionalidad interno/difuso— complejizado por el mandato expedido por la Corte Interamericano de hacer prevalecer el corpus iuris interamericano en caso de incompatibilidad. En ambos casos, en su variante de interpretación conforme.

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago, además de no acoger la excepción de cosa juzgada, rechaza el recurso deducido por el fisco de Chile contra la sentencia de primera instancia, desestimando la excepción de prescripción opuesta. Para confirmar la sentencia apelada la corte de Apelaciones recurrió nuevamente al control de convencionalidad, pero en un sentido distinto, esta vez como res judicta. Ello se desprende del considerado décimo quinto que señala: “Que a lo razonado en los citados fundamentos, cabe agregar que la Corte IDH ya se ha pronunciado en contra del Estado de Chile respecto de la responsabilidad internacional que le asiste por el rechazo por parte de los tribunales de justicia nacionales, de acciones civiles intentadas por las víctimas de reparación de daños ocasionados por actos calificados como crímenes de lesa humanidad, con base en la aplicación de la figura de la prescripción, proceder que ha calificado como hecho ilícito y que fue reconocido como tal por el Estado en la citada instancia internacional. Al efecto, expresó la Corte en la sentencia dictada en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile” de 29 de noviembre de 2018 (…).”

Como se advierte, el control de convencionalidad res judicata importa que los jueces cumplan y hagan cumplir la sentencia que condena al Estado haciendo prevalecer la Convención Americana y su jurisprudencia sobre la normativa interna cuando esta última es invocada como excusa para dejar de cumplir lo juzgado.

Las dos nociones de control de convencionalidad utilizadas adecuadamente por las cortes nacionales en estas sentencias corresponden a destinatarios, objetivos y efectos distintos. El primero, res interpretata, está dirigido a los jueces para que al momento de juzgar verifiquen la compatibilidad de las normas internas en relación con el corpus iuris interamericano, esto es, un control de convencionalidad con efecto erga omnes. El segundo, res judicata, dirigido a los jueces para cumplir y acatar una sentencia de la Corte Interamericana, es decir, un control de convencionalidad con efecto inter partes.

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