La obsolescencia de nuestro proceso civil es probablemente la mayor carencia de nuestro sistema judicial. Desgraciadamente, a pesar de numerosos esfuerzos por reformarlo, no ha sido posible concretar cambios significativos y tampoco se observa que la reforma sea una prioridad que pueda dar frutos en el próximo tiempo.

Existen muchas razones para cuestionar la forma en que funciona nuestra justicia civil y un proceso de reforma tendrá que hacerse cargo de numerosas expectativas legitimas en cuanto a las funciones que un sistema de justicia civil debe cumplir en una sociedad moderna con una economía de mercado.

Nos parece muy importante plantear el punto de vista del acceso a la justicia de los ciudadanos comunes en sus relaciones económicas cotidianas. Desgraciadamente, las disfuncionalidades de nuestro sistema de justicia civil generan lo que podríamos calificar de situación de impunidad civil. Esto es, en general, no resulta viable para un ciudadano común exigir los derechos que la legislación le reconoce en cuestiones tan importantes como el incumplimiento de los contratos que debe celebrar para realizar actividades normales en su vida o para exigir la compensación de los daños que se le inflijan por la conducta negligente o malintencionada de otras personas, de empresas o del propio Estado.

Esta situación es grave desde el punto de vista de una economía de mercado como la que tenemos y de la percepción de su legitimidad y la del sistema judicial. Cuando los ciudadanos se ven expuestos a situaciones como las descritas se dan cuenta de lo enormes obstáculos que enfrentan para hacer valer sus derechos y esa frustración contribuye fuertemente a la deslegitimación de las instituciones, que es probablemente el principal problema que enfrentamos como país.

Pero cuáles son, en mi opinión, los principales obstáculos que un ciudadano común enfrenta al momento de intentar accionar civilmente. Estos planteamientos son debatibles y debo aclarar que provienen de mi experiencia como profesor de clínicas en la litigación civil a nombre de personas comunes afectadas por situaciones graves provocadas por grandes empresas o por el Estado.

Los obstáculos más evidentes que presenta el sistema de justicia civil son los vinculados a su demora y a sus costos. Una excesiva cantidad de tramites y posibilidades de recurrir tanto del fallo como de decisiones intermedias alargan el proceso innecesariamente y normalmente generan que el afectado tenga que esperar años para siquiera obtener una decisión que reconoce su derecho, pendiente aún de ejecución. Los costos también son excesivos y entre ellos destaca la necesidad de pagar una serie de servicios que debieran ser prestados por los tribunales, que de hecho lo son en todas las otras jurisdicciones, como son los de notificaciones e incluso la recepción de la prueba.

Probablemente el obstáculo principal esta constituido por la obsolescencia de las reglas probatorias, que se traducen en una dificultad a veces insalvable para acreditar frente al tribunal hechos que para el afectado son evidentes y que muchas veces han marcado su vida.

Si hubiera que jerarquizarlos, el problema principal del sistema de prueba civil es la restricción de que el propio afectado pueda entregar su testimonio como prueba. En los sistemas procesales civiles modernos esta suele ser la prueba principal y produce el efecto de acortar enormemente los procesos, puesto que la cantidad y calidad de la información que pueden entregar las partes facilita enormemente la tarea.

Un segundo problema fundamental es la dificultad para concentrar la atención del tribunal y la actividad probatoria en la controversia efectiva entre las partes. Una serie de normas y prácticas disfuncionales hacen que tal focalización no se produzca hasta el fallo, lo que multiplica el esfuerzo probatorio y sus costos, debiendo las partes anticiparse a múltiples posibilidades que al final resultan irrelevantes.

Un tercer problema importante dice relación con las limitaciones que nuestro sistema presenta para realizar actividades de investigación en el proceso civil. En muchos casos, el afectado por una empresa o el Estado necesita averiguar aspectos de su funcionamiento, acceder a documentos internos o conocer a las personas involucradas directamente con los hechos y saber la información que manejan. Las posibilidades de hacer esto en nuestro sistema civil son muy limitadas y, en la práctica, un alto porcentaje de casos requiere de la existencia de una investigación penal previa, lo que además de la demora supone un esfuerzo adicional y un desgaste del sistema de persecución penal.

Todo lo anterior se produce además en el contexto de una prueba que se produce sin la presencia del juez o con una participación parcial de este. Esto también exige de las partes esfuerzos probatorios adicionales para garantizar que se consigne en las actas que serán revisadas para dictar el fallo más información de la que habría sido necesaria si el juez recibiera directamente la prueba y decidiera en un momento cercano a su realización.

El resultado de todos estos obstáculos es que en la práctica los ciudadanos comunes tienen que tener condiciones muy especiales para poder reclamar sus derechos y, como la mayoría no cuenta con ellas, en la práctica debe conformarse con que lo que la ley le reconoce pase a ser más teórico que real.

Pareciera ser que hasta ahora no ha sido posible explicar a las autoridades y a la opinión pública la importancia de contar con un sistema de justicia civil razonablemente accesible a los ciudadanos. La percepción parece ser que se trata solo de un interés profesional de los abogados que litigan en los tribunales civiles y de algunos académicos. Parece necesario explicar que se trata, en cambio, de un componente necesario para el funcionamiento de una economía de mercado, en la cual los ciudadanos comunes suelen sentirse impotentes frente a los abusos.

También se trata de un componente central de la generación de una cultura de solución pacifica de conflictos, donde los mecanismos institucionales deben estar a disposición de los ciudadanos para evitar el escalamiento de las disputas y la generación de formas de autotutela que pueden derivar en la violencia.

Ambas temáticas parecen centrales en los desafíos que enfrenta nuestro país en el tiempo actual y la necesidad de un sistema de justicia civil accesible debe incorporarse a la agenda de reformas prioritarias.