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Deslegitimación del sistema de justicia penal

"...La primera medida que tendrían que encarar los responsables de las diversas instituciones que intervienen en el sistema de justicia penal, e incluyo aquí al Parlamento y al Poder Ejecutivo, es la de establecer un sistema de monitoreo del funcionamiento del sistema en su conjunto y del modo en que este afecta a los ciudadanos y cómo genera en ellos adhesión o rechazo..."

Martes, 27 de septiembre de 2022 a las 9:04
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Cristián Riego
Desde hace ya bastantes años se viene manifestando en el país un preocupante fenómeno de perdida de la confianza del público en el sistema de justicia penal. Hay varios indicadores que dan cuenta de tal fenómeno.

Las encuestas son consistentes en mostrar cómo las instituciones del sistema cuentan con escaso apoyo del público. No obstante, ello parece haberse agravado en el tiempo. De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la confianza en las instituciones del sistema de justicia ha venido bajando persistentemente. La confianza en los tribunales de justicia bajó desde niveles cercanos al 20%, durante la primera década de este siglo, al 8% que alcanzó 2019 y el 12% en 2021. Pero más dramática ha sido la caída de la confianza en el Ministerio Público, que cuando se empezó a medir tuvo niveles de confianza de un 27% y un 35% en los años 2008 y 2009, respectivamente, y que ha venido bajando hasta alcanzar solo un 6% en 2019, aunque subió a un 12% en 2021.

Por otra parte, los legisladores han venido sistemáticamente presentando proyectos de ley destinados a reducir las facultades de los jueces para tomas aquellas decisiones que suelen resultar mas resistidas por el público, como son la de liberar de la prisión preventiva a personas imputadas y las de controlar la actividad de la policía pudiendo incluso llegar a excluir la prueba conseguida por esta. Algunas de estas iniciativas se han aprobado, con lo que las facultades de los jueces de garantía ya se han visto reducidas de manera importante.

Finalmente, vale la pena observar que desde hace ya varios años se viene manifestando un fenómeno que si bien es anecdótico su intensidad refuerza la idea de una desafección muy profunda de sectores de la población respecto del sistema. Se trata de la ocurrencia reiterada de manifestaciones callejeras e incluso incidentes violentos a propósito de decisiones de tribunales penales en relación a casos que han concitado alguna preocupación. Basta revisar los archivos de prensa para encontrarse con diversos hechos de ese tipo en diversos tribunales del país. La expresión más extrema de dicho fenómeno se produjo durante el estallido social de 2019, donde según la Corte Suprema se registraron 97 ataques a edificios de los tribunales en diversos lugares del país.

Probablemente el hecho singular que de manera mas intensa afectó la legitimidad del sistema, y generó una percepción de que este no trata por igual a todos, fue el cierre de las investigaciones de los casos vinculados al financiamiento ilegal de la política ante la imposibilidad de su continuación, así como los muy limitados resultados de los pocos casos que pudieron concluir. No obstante, este fue solo un elemento simbólico en un proceso de deslegitimación de más largo aliento.

Los riesgos de tal estado de cosas son bastante evidentes. Por una parte, existe el peligro de que la falta de apoyo ciudadano al sistema de justicia continúe dando lugar a reformas legales que vayan limitando las facultades de los diversos órganos del sistema para cumplir con sus funciones de acuerdo con los principios fundamentales de la Constitución y los tratados internacionales. Al mismo tiempo, es probable que los jueces vayan manifestando cada vez menos disposición a tomar decisiones que puedan resultar impopulares frente al repudio popular que puedan generar.

Otra posibilidad es que surjan proyectos políticos que decididamente pretendan alinear a los órganos del sistema con la voluntad popular, limitando o terminado con su independencia. La experiencia de varios países donde avanzan proyectos populistas de diverso signo dan cuenta de la rapidez que tales cambios pueden adquirir.

La pregunta que surge es: ¿qué podemos hacer para evitar la deslegitimación del sistema y, en lo posible, revertirla?

La respuesta no parece fácil. Existen algunas propuestas que se han intentado en diversos países. Una de ellas es el establecimiento del jurado popular con el propósito de involucrar a personas comunes en la toma de decisiones. Aparentemente en los casos en los que el jurado interviene se produce una gran legitimación social de la decisión, pero su impacto sobre el conjunto del sistema es limitado dado que en la inmensa mayoría de las decisiones solo intervienen funcionarios.

Otra propuesta que se escucha reiteradamente es la de avanzar hacia la elección democrática de algunos de los funcionarios principales del sistema, como son los jueces o fiscales, similar a lo que ocurre en Estado Unidos. Es una propuesta interesante, aunque con altos riesgos de politización y pérdida de independencia dadas las complejidades del sistema electoral.

Otra idea es la de reconocer que los jueces deben estar atentos a las expectativas del público, no necesariamente para satisfacerlas siempre, pero sí para incorporarlas entre los factores a ponderar, especialmente tratándose de decisiones que pueden resultar especialmente impopulares como son las de prisión preventiva y exclusión probatoria. Canadá, un país muy respetuoso de la independencia de los jueces, presenta un ejemplo de como en estas dos situaciones los jueces están llamados a tener en cuenta las expectativas del público1.

Un planteamiento general que me parece necesario considerar es la necesidad de establecer una práctica de permanente revisión del funcionamiento del sistema de justicia penal. Desgraciadamente, nuestra cultura jurídica no conoce instituciones o fórmulas destinadas a cumplir este propósito. Las reformas legales suelen ser los únicos instrumentos de adecuación del sistema a nuevas necesidades o a problemas que se arrastran y, muchas veces, su consideración no da lugar a análisis detallados o debidamente informados.

En mi opinión, la primera medida que tendrían que encarar los responsables de las diversas instituciones que intervienen en el sistema de justicia penal, e incluyo aquí al Parlamento y al Poder Ejecutivo, es la de establecer un sistema de monitoreo del funcionamiento del sistema en su conjunto y del modo en que este afecta a los ciudadanos y cómo genera en ellos adhesión o rechazo. Es muy probable que un examen detenido, con instrumentos apropiados, de cuenta de que existen múltiples problemas operativos y malas prácticas que estén contribuyendo silenciosa y rutinariamente a la desafección de los ciudadanos.


1 El artículo 24 N° 2 de la Carta de Derechos establece que el juez debe excluir prueba obtenida ilícitamente cuando su uso en el juicio pueda hacer perder su reputación al sistema de justicia. En cuanto a la prisión preventiva, el artículo 515 N° 10 letra c) del Código Criminal establece que, entre otras causales, el juez puede ordenar la prisión preventiva de un imputado para mantener la confianza en el sistema de justicia.

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