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Propiedad Industrial y Constitución

"...Esta especial protección se explica en el hecho de que el objeto de ambas clases de propiedad (intelectual e industrial) son el producto del ingenio y la creatividad humana (...). Es de esperar que en una próxima propuesta este lamentable error sea enmendado y se le restituya a la Propiedad Industrial el carácter de garantía constitucional que jamás debe perder, dada su importancia estratégica para el desarrollo presente y futuro del país..."

Miércoles, 14 de septiembre de 2022 a las 9:00
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Felipe Pavez
Uno de tantos aspectos llamativos en la recientemente malograda propuesta de nueva Constitución era la incomprensible exclusión de la Propiedad Industrial, dentro del Capítulo II, de los Derechos Fundamentales y Garantías.

Lo anterior resultaba, a lo menos extraño, considerando que esta ha contado con reconocimiento constitucional, de forma ininterrumpida, desde la Carta Fundamental de 1833 a la fecha, y, por otra parte, contradictorio con el expreso reconocimiento que sí se hacía respecto del Derecho de Autor o Propiedad Intelectual, en el artículo 95 del proyecto, ya que no quedó clara la motivación o fundamento que llevó al Pleno de los convencionales a manifestar su explícita preferencia por el legítimo derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, y no así por el de investigadores, inventores, universidades e institutos, entre otros.

El arte —en todas sus manifestaciones—, la literatura y la música son sin duda muy importantes para el alma de una nación, como una expresión de su riqueza espiritual y diversidad cultural, y, de esta manera, se justifica y acepta sin mayores cuestionamientos el reconocimiento y la protección de sus creadores. De la misma manera también lo es la Propiedad Industrial, como motor de desarrollo y crecimiento.

La propiedad industrial es un tipo de propiedad inmaterial que opera como una herramienta que incentiva el progreso de los países a través de la innovación, la difusión del conocimiento y la tecnología, permitiendo a creadores e inventores protegerla, gestionarla y obtener beneficios económicos por sus creaciones, por un período de tiempo acotado, tras el cual sus invenciones pasan al dominio público y forman parte del estado del arte.

La relación entre educación, conocimiento y desarrollo es evidente y su protección concordante con los principales objetivos que la generalidad de la comunidad nacional quiere para el país. En efecto, es garantía de incentivo a la investigación y desarrollo; de la incorporación de valor agregado, del aumento de la cantidad y calidad de los empleos; salvaguarda un comercio local y mundial sin distorsiones y a una inversión nacional o extranjera que no se limite a la mera extracción de recursos naturales, aportando un conocimiento tecnológico que enriquezca el ecosistema industrial y comercial del país, y, en definitiva, quede en él, como un aporte permanente.

Entonces, resulta no solo razonable sino que derechamente deseable, por sobre cualquier otra consideración de tipo ideológico, fomentar la Propiedad Industrial y plasmar atractivos para su fortalecimiento. De ahí, precisamente, nace su reconocimiento expreso en una infinidad de tratados internacionales suscritos por nuestro país, en los que precisamente constituye uno de los capítulos importantes al momento de las negociaciones, por su tremenda trascendencia. En consecuencia, la adecuada protección de la Propiedad Industrial, como una garantía de rango constitucional, se alinea consistente y coherentemente con ese objetivo.

No entenderlo así se traduciría en un freno y un desincentivo indeseado. Esta especial protección se explica en el hecho de que el objeto de ambas clases de propiedad (intelectual e industrial) son el producto del ingenio y la creatividad humana, los cuales ningún país que aspire al desarrollo puede desalentar.

Es de esperar que en una próxima propuesta este lamentable error sea enmendado y se le restituya a la Propiedad Industrial el carácter de garantía constitucional que jamás debe perder, dada su importancia estratégica para el desarrollo presente y futuro del país.

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"...Aun no existen respuestas claras y categóricas frente a la determinación de la norma aplicable (...), ya que por lo general se trata de actos ocurridos fuera de Chile, y un principio básico es la territorialidad de la ley. En este contexto, difícilmente podremos aplicar los derechos de los consumidores en espectáculos cuando la comunicación al público, los servidores y las personas que tienen el dominio del hecho se encuentran en el extranjero..."

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"...Contestando la pregunta de fondo acerca de si en propiedad intelectual el CPTPP implica algún cambio o modificación de la normativa interna, podemos decir que hasta el momento no. Si bien hay varios artículos del TPP11 'original' que se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso, distintos de aquellos que fueron eliminados, esta distinción es relevante, pues en algún momento pueden volver a ser discutidos..."

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