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Una condena penal con perspectiva de género y una “ley de papel”

"...La limpieza de la que habla el tribunal revela el sentido genuino de esta perspectiva, que supone no desconfiar de la víctima porque es mujer ni favorecer a alguien por sobre otro. El reconocimiento importa valorar las pruebas existentes en su contexto, tomando en cuenta los hechos y la calidad de la víctima, sin recurrir a elementos fuera de la conducta del agente que miren a la víctima en su condición de mujer..."

Lunes, 5 de septiembre de 2022 a las 9:00
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Tatiana Vargas
Un hito importante marca la reciente condena por distintas agresiones sexuales en contra de víctimas mujeres que pronunció el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el pasado 26 de agosto. La determinación de responsabilidad por siete delitos sexuales (dos violaciones y cinco abusos sexuales de mujeres mayores de 14 años) contra seis víctimas tiene por base una real perspectiva de género. El tribunal se ocupa de precisar que esta perspectiva importa “limpiar” de sesgos y prejuicios la apreciación de los hechos.

La limpieza de la que habla el tribunal revela el sentido genuino de esta perspectiva, que supone no desconfiar de la víctima porque es mujer ni favorecer a alguien por sobre otro. El reconocimiento importa valorar las pruebas existentes en su contexto, tomando en cuenta los hechos y la calidad de la víctima, sin recurrir a elementos fuera de la conducta del agente que miren a la víctima en su condición de mujer, como el modo en que viste o comportamientos pasados. Muchos son los casos en los que los tribunales juzgan a las víctimas antes que al autor, no recogen pruebas o no las valoran. Así, existen varias sentencias que condenan a los Estados cuando no se investigan hechos y se juzga a la víctima mujer, como la conocida sentencia de la Corte Interamericana de 2014 que condena a Guatemala en el caso “Véliz Franco y Otros vs. Guatemala”.

El rescate de la perspectiva de género no solo visibiliza el problema y evita tales condenas. Su consideración también reacciona contra críticas a la perspectiva, comprendida como razón para condenar o agravar la responsabilidad siempre si hay una víctima mujer. El riesgo de tal interpretación está presente si se desconoce su significado. No se trata de favorecer a la mujer, sino de evitar desatender los hechos por cualidades femeninas o modos de comportarse desconectados de la conducta del agente. La perspectiva aparece en realidad como una manifestación de justicia.

La sentencia del tribunal de Temuco recoge esta visión hasta la determinación de la pena exacta, aunque sorprenda la condena por 20 años de privación de libertad. La ley contempla una regla especial si hay reiteración de delitos de la misma especie, como en el caso juzgado: recurrir al delito que tuviera asignada la pena mayor, aumentada en uno o dos grados según el número de delitos (artículo 351 del Código Procesal Penal). El tribunal siguió la ley y aplicó la pena más grave del delito de violación aumentada en un grado, presidio mayor en grado máximo (de 15 años y 1 día a 20 años) y la impuso en el límite superior atendido la mayor gravedad del mal para las víctimas. La perspectiva de género no llevó al tribunal a dejar de aplicar la regla legal de reiteración y cambiarla por la suma material de penas improcedente, pero sí permitió apreciar la especial odiosidad del daño a las víctimas mujeres, al imponer la pena máxima dentro del marco legal. No se trata de agravar a toda costa, sino cuando proceda.

No ocurre lo mismo en el plano legislativo. El trágico suicidio de una de las víctimas, Antonia Barra, no solo subrayó la necesidad de una perspectiva de género para condenar y determinar la pena en esos delitos sexuales. El legislador va más allá de la sanción de delitos sexuales y se ocupa derechamente del suicidio, con la aprobación de la “Ley Antonia” el 31 de agosto recién pasado. La ley, pronta a promulgarse, establece varias modificaciones. No es problemática la referencia a la perspectiva de género al determinar la cuantía exacta de la pena en el artículo 69 para valorar la extensión del mal. Puede integrarse la perspectiva aun sin referencia expresa con la redacción actual del artículo 69, que considera la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Sin embargo, me voy a detener en la creación de dos delitos que tienen por objeto imputar el suicidio: el suicidio feminista (artículo 390 sexies) y la inducción al suicidio (393 bis).

La primera norma castiga penalmente a quien, “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por este en contra de la víctima, causare el suicidio de una mujer”. Primero, llama la atención de que habla de “causar suicidio”. Se entiende que la conducta de violencia de género “previa” es la que causa el suicidio. Parece que tenemos que volver a nociones básicas y recordar que el suicidio, por definición, es autocausado. Una persona se quita su propia vida. Hablar de víctima aquí ya es impropio porque no hay otro que le cause la muerte. Si una persona causa la muerte de otra estamos dentro de los homicidios, que además debe imputarse no solo con una conexión causal. La conducta del suicida no es punible. En los casos en los que no se logra suicidar, el autodaño no es delito, no solo por la perturbación mental o enfermedad del suicida frustrado, sino porque no se afecta a otro.

Chile es uno de los pocos países que ya castiga como delito el auxilio al suicidio. Se critica sancionar tal cooperación porque es una conducta de complicidad, que se castiga como participación en un delito. Se está imponiendo una pena para una participación en un comportamiento no delictivo. Igualmente, se halla un fundamento en la sanción de este auxilio. Se comprende que el ayudar, facilitar un medio, a alguien que quiere suicidarse crea o aumenta un peligro para la vida de otro. No lesiona la vida porque hay una autolesión, pero sí hay peligro. El actual artículo 393 sanciona esta ayuda, pero únicamente si efectivamente el suicida se quita la vida. Se añade esa condición para completar la gravedad del delito, que muestra el peligro para la vida de otro por ayudar. Si la cooperación es tan eficiente que termina causado la muerte del suicida, la conducta es ya un homicidio.

La incorporación nueva de la inducción al suicidio puede admitir un razonamiento similar e incluso más odioso que el auxilio, porque el inductor hace nacer la voluntad de suicidarse en alguien que no quería. Nuevamente la muerte es autocausada y no hay lesión de una vida ajena, pero el hacer nacer esta voluntad crea un peligro para la vida de otro. El problema es que el nuevo artículo 393 bis castiga esta sola inducción sin que se produzca la muerte. La muerte efectiva es una agravante. El castigar solo por convencer a alguien para que se quite la vida sin que ocurra no solo se queda en una situación de peligro lejana, sino que será muy difícil de probar. Su aplicación puede transitar entre dos extremos: la imposible aplicación del delito o una aplicación total ante cualquier declaración. La perspectiva de género aquí importa crear delitos y aumentar penas sin mayor atención a la conducta del agente y su efectiva relación con la ofensa de un bien ajeno.

La modificación más grave es la incorporación del suicidio feminista, que pretende imputar el suicidio, la muerte autoprovocada, a una conducta de violencia de género anterior. No puede tratarse de una violencia género que cause directamente la muerte, porque sería homicidio o alguno de los femicidios de los artículos 390 bis o 390 ter. La norma reconoce que es una muerte autoprovocada, por lo que es, en realidad, un supuesto de concausas: muerte autocausada (suicidio) y una violencia de género previa que también lo causa. Esa violencia de género es amplia y puede ser un delito en sí mismo, como ocurrió en el caso de Antonia. Procede aplicar la pena por esos delitos, pero además el nuevo artículo 390 sexies castigaría nuevamente tal violencia en cuanto concausa de la muerte autocausada. Aparece una primera violación a un principio penal básico que impide valorar dos veces un mismo hecho para castigarlo. Todavía lo más grave pasa, aparentemente, desapercibido.

La ley carga derechamente un resultado producido por otro a una conducta de violencia, en general ya castigada como delito, sobre la base de una mera relación de causalidad material previa. La violencia genera normalmente perturbaciones físicas y psicológicas, sobre todo los delitos sexuales más graves. Esas perturbaciones son propias de las ofensas del delito que se sanciona. Ahora se asigna también la autolesión de la vida. Volvemos a atribuir efectos sobre la base de condiciones, sin filtros normativos que ponen acento en la lesión del bien y su relación con la conducta peligrosa. Ya no hay afectación de bienes ajenos. Los legisladores pasan por alto que se infringe el principio de ofensividad o lesividad cuando cargo a un sujeto una afectación provocada por otro, pero, además, no hay intención alguna. No interesa para nada la voluntariedad del acto respecto de esa muerte no buscada por quien se hace responsable. Cargar con los efectos del suicidio sobre la base de la causalidad revela un retorno a una imputación por resultados que destruye el principio básico de culpabilidad. El retorno a manifestaciones barbáricas de responsabilidad objetiva se instala de modo expreso.

Es esperable que la aplicación de categorías de imputación por jueces, que sí conocen el Derecho y los principios elementales dejen al menos este delito en una mala declaración de principios.

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