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Los puntos de prueba en materia de daños: necesidad de mayor precisión según su naturaleza, en especial distinción entre monto y bases para su apreciación

"...Dos son los extremos que han de gobernar la reparación. Uno el que ella solo aspira a devolver a la víctima a la situación que se encontraba antes de la producción del perjuicio, en una aspiración a alcanzar una reparación razonable, lo más cercana a la afectación sufrida. Todo ello, aunque sepamos de antemano que, en realidad, nunca lograremos devolverla de forma exacta..."

Viernes, 2 de septiembre de 2022 a las 8:56
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Carmen Domínguez
La responsabilidad civil se distingue de la penal en la exigencia absoluta de la primera de la existencia de un daño efectivo. Si no existe perjuicio, no hay nada que reparar. Más aún, tras la evolución habida en la función de este instituto civil, el daño no es solo un requisito más del mismo, sino su fundamento. Como ha afirmado Pradel, “en el presente el daño está al centro de la responsabilidad, es la noción cardinal”1.

En efecto, si antes —en la época de la codificación civil— la existencia de una determinada conducta (dolo o culpa) era el fundamento del deber de resarcir, en el presente, lo es la existencia de daño. En la gráfica fórmula francesa “todo el daño y nada más que el daño” se resume el principio de reparación integral del daño2 que revela la comprensión actual de que la responsabilidad civil apunta a resarcir todo daño material o moral causado a la víctima. Se apunta además en esa frase a la incompatibilidad de la función resarcitoria con una punitiva. En otros términos, la responsabilidad civil no aspira sino a reparar el daño efectivamente causado y para ello el único referente ha de ser la magnitud del daño.

De este modo, dos son los extremos que han de gobernar la reparación. Uno, el que ella solo aspira a devolver a la víctima a la situación que se encontraba antes de la producción del perjuicio, en una aspiración a alcanzar una reparación razonable, lo más cercana a la afectación sufrida. Todo ello, aunque sepamos de antemano que, en realidad, nunca lograremos devolverla de forma exacta.

En efecto, tratándose del daño moral, en tanto este, como bien sintetizó la mayor experta de daño corporal francesa Yvonne Lambert Faivre3, recientemente fallecida, se conjuga con el verbo ser, ello basta para advertir la imposibilidad de reponer a la víctima a la situación anterior. Por ello, su apreciación está entregada a la apreciación prudencial del sentenciador.

El daño material, en cambio, se conjuga con el verbo dar y ello facilita un poco más la tarea, aunque tampoco de forma absoluta. En efecto, tratándose del lucro cesante (v.g trabajo futuro que no podrá seguir desempeñándose) o el daño emergente en parte futuro (v.g tratamientos futuros de kinesiología), bien sabemos que solo hemos podido abrir las puertas a su reparación dejándolo entregado igualmente a esa apreciación del tribunal. El margen de eventualidad que ambas especies de perjuicio material presentan en cuánto, por ejemplo, no sabemos por cuánto tiempo se iba a gozar del puesto laboral ni cuál iba a ser su remuneración futura, nos impide exigir la acreditación exacta del monto. Solo puede exigirse la acreditación de la existencia del perjuicio. Y lo mismo sucede con el daño emergente futuro porque, en el ejemplo dado, no sabemos con certeza cuál será el valor de los servicios futuros kinesiológicos ni tampoco por cuánto tiempo se requerirán, aunque lo sean de por vida. Pero incluso respecto del daño emergente actual (honorarios médicos, gastos ya incurridos), aunque la regla sea que se requiere acreditar su existencia y monto y que, por ello, el juez solo puede otorgar el valor de los perjuicios exactamente acreditados, hay bienes materiales cuya destrucción nunca podremos valorizar. Así sucede con los que tiene un valor único para la víctima (vg, obra de un pintor de renombre fallecido).

El otro extremo del principio de reparación integral determina que la reparación deba ser siempre solo eso —un resarcimiento— y nunca una sanción y, desde luego, nunca una solapada, como suele suceder con el monto fijado por daño moral.

Todas estas consideraciones deben ser contempldas a la hora de fijar los puntos de prueba en torno a la reparación del daño y no siempre lo están, repitiéndose algunos en los autos de prueba casi como si fueran ordenados por la ley.

Así, se suele fijar como punto de prueba “la existencia de perjuicios sufridos por el demandante atribuibles a la demandada. En la eventualidad, naturaleza y avaluación de los mismos”, “efectividad y origen de los perjuicios reclamados” o “efectividad de existir perjuicios para la demandante. En la afirmativa, naturaleza y monto de los mismos”, pero ellos no siempre otorgan claridad de lo que debe ser acreditado y, por eso, muchas veces la prueba rendida es insuficiente y los perjuicios demandados deben ser rechazados.

Vamos por partes para dilucidar los aspectos correctos, pero también imprecisiones, que esos puntos contienen.

Primero, es correcto exigir la acreditación de la existencia del perjuicio, pues todo daño material o moral debe ser cierto y ello supone que ha de ser efectivo, aún cuando se trate de pérdida de chance, pues en tal caso habrá que acreditarse la existencia de la oportunidad perdida.

También es correcto exigir la prueba del origen o causa del daño porque ello permite acreditar que son daños directos y, de consiguiente, que deben ser indemnizados, en cuanto existe relación de causalidad con la acción u omisión en que incurrió el responsable.

Igualmente, es correcto exigir la acreditación de la naturaleza de los daños, pues de ello depende lo que en concreto debe acreditarse en orden a evaluarlos. No es lo mismo demandar solo daño material que haber reclamado también daño moral. O haber reclamado daño emergente actual, futuro y lucro cesante, porque ello obliga a probar distintos hechos.

Pero, precisamente por ello, es que simplemente limitarse a indicar “monto de los perjuicios” es insuficiente por ser errado en varios casos y derechamente incurrir en imprecisión que impide a los litigantes entender realmente los hechos que debe acreditar.

Así, solo es correcto exigir la acreditación del monto en el caso de daño emergente actual cuando ello no consista en la destrucción o afectación de un bien material único o de valor inapreciable. Ello, porque es posible probar el monto al tratarse de gastos ya efectuados por la víctima. En cambio, en el caso de la obra de arte única, por constituir el retrato del marido de la víctima ya fallecido, aunque se llegare a probar el valor que se pagó al comprarla y su apreciación en el tiempo, igual hay un margen del impacto que no resulta cubierto.

Pero si se demanda daño emergente futuro o lucro cesante no puede exigirse la prueba del “monto” sino de “las bases” a partir de las cuáles pueda el sentenciador evaluarlos y fijar el quantum. Por ejemplo, en el caso de lucro cesante en las personas será necesario acreditar edad, cualificación profesional u oficio, años de experiencia laboral, condiciones de salud que permiten apreciar la expectativa de vida, certificados médicos que acrediten el grado de afectación a la salud física y las expectativas de recuperación, certificados de Compin en el caso que la discapacidad haya sido causada por el hecho ilícito o el incumplimiento contractual, entre otros, porque todas ellas son “las bases” indispensables para que pueda efectuarse la apreciación prudencial por parte del juez.

En el caso del daño emergente futuro derivado de un hecho ilícito doloso como lesiones o hechos negligentes, como un accidente de tráfico o una negligencia médica, serán necesario acreditar elementos parecidos a los ya referidos para permitir la evaluación de los tratamientos kinesiológicos a que deberá ser sometida la víctima. Las bases necesarias para poder evaluar el daño serán edad, grado de afectación física y proyección de ella mediante certificado médico que precise si será una afectación transitoria recuperable o, por el contrario, irrecuperable y la atención kinesiológica será solo paliativa y de por vida, el valor de las prestaciones kinesiológicas que se van a practicar en el valor presente, entre otros.

Lo mismo sucede respecto del daño moral si se trata de afectaciones derivadas de atentados a la integridad corporal, donde será necesario probar nuevamente “las bases” para la apreciación del perjuicio. Ellas han de ser las condiciones particulares de la víctima para poder medir la magnitud del impacto sufrido: edad, sexo, si la lesión sufrida importa una pérdida de agrado o goce de vivir (v.g. una parálisis o pérdida de un atributo excepcional, como destrezas deportivas que lo hacían un gran jugador de fútbol o belleza estética que la hacía una gran modelo), si ello ha causado dolor físico durante mucho tiempo o lo causará de forma permanente (afectaciones irrecuperables a la columna, incesantes intervenciones médicas). También si el perjuicio ha consistido en graves quemaduras, deformaciones ostensibles, cicatrices marcadas en el rostro que permitirán apreciar que ha existido un grave daño estético. Si la parálisis se produjo a edad temprana de la víctima o, al revés, siendo ya de tercera edad, pues el impacto obviamente no es el mismo. Es lo que la doctrina francesa ha dado en denominar el “perjuicio juvenil”.

Por su parte, si se trata de la muerte del padre o de la madre causada por un accidente laboral o de tránsito y se reclama el daño moral causado a los hijos será necesario probar “las bases” consistentes en sus edades, si ellos vivían con ellos o, por el contrario, vivían muy lejos y se veían ocasionalmente, si tenían un contacto estrecho o no, si eran menores de edad o no, entre otros aspectos, pues el daño moral es personalísimo y, por lo mismo, no puede nunca ser igual ni aún cuando la causa del perjuicio sea la misma.

Si se trata de daño moral derivado de afectaciones al honor, “las bases” que deberán justificarse son el medio a través del cuál se causaron los atentados como, por ejemplo, si lo fue en el principal diario o radio del país, si lo fue en el día de mayor lectura y audiencia, si la imputación injuriosa le cerró las puertas del club privado al que asistía, de todas las reuniones sociales a las que era invitado, incluso las de sus amigos cercanos, si le cerraron las puertas a todo crédito, etc.

De todo lo anterior resulta que la mera invocación al “monto” solo es correcta en un caso cuando se trata de daño emergente actual que recae en bien exactamente apreciable, pero que en todos los demás lo correcto es exigir la acreditación de “las bases para su apreciación pecuniaria”. Con ello se aclara sin ambages cuál es la prueba que se espera por parte del tribunal y los abogados de la víctima se esforzarán en acreditarlas todas, conscientes que de ello depende de si la demanda prospera o no.

Eso es lo que no ocurre en gran mayoría de juicios y, por ello, los daños reclamados, aunque en los hechos sean existentes, no pueden ser evaluados por carecer el tribunal de “las bases” que le permitan hacer una evaluación y fijar el quantum.

Una formulación en la línea de lo expuesto sería, por ejemplo, “existencia, causa y naturaleza de los perjuicios reclamados y la exigencia del monto o de las bases para su evaluación pecuniaria de los perjuicios reclamados dependiendo de cuál sea la naturaleza de los daños reclamados”. Eso contribuiría a elevar el estándar probatorio de los perjuicios que bien sabemos depende de la vara que fijen los tribunales.


1 Pradel, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Paris, 2004, p.4.
2 Para mayor comprensión de este principio, veáse “El principio de reparación integral”, Carmen Domínguez, editora, obra colectiva, Thomson Reuters, 2019, 527 págs.
3 Lambert Faivre y Stéphanie Porchy Simon,, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation », 9 aedic.

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