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El discernimiento o capacidad de entender y querer

"...A esta altura me parece meridianamente claro que la supresión de la referencia a los dementes en el artículo 2319 no surtiría el efecto deseado por sus propiciadores, esto es, que las personas con discapacidad mental respondan de sus actos a fin de evitar la discriminación negativa que la actual normativa supuestamente comporta..."

Miércoles, 29 de junio de 2022 a las 14:30
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Lilian San Martín
En los últimos años se ha puesto énfasis por parte de los expertos en la necesidad de ajustar la legislación chilena a fin de evitar la discriminación en contra de las personas con discapacidad mental, la cual proviene del carácter binario de nuestro sistema de capacidad jurídica, que divide el mundo en capaces e incapaces, sin hacerse cargo de la infinidad de matices que hay en medio y, sobre todo, refiriéndose casi despectivamente a todas ellas como “dementes”. Animados por este loable fin se ha llegado a proponer la reforma de las normas relativas a la capacidad o imputabilidad en materia extracontractual, proponiendo la eliminación de la referencia a los dementes en el artículo 2319 (Boletín N° 12441-17), con el fin de que ellos respondan de los daños que causan.

A simple vista, tal innovación normativa vendría a modificar las reglas de capacidad extracontractual con dos consecuencias prácticas importantes: (i) las personas dementes pasarían a ser plenamente responsables de los daños que causen y, (ii) dado que en los hechos se trataría igualmente de personas que estarían al cuidado de otro, se configuraría una nueva hipótesis de responsabilidad por el hecho ajeno en los términos del artículo 2320, es decir, una presunción de culpa, que de facto funcionaría como una responsabilidad objetiva, que es lo en que la práctica viene ocurriendo con las hipótesis de dicha norma.

Frente a ese panorama conviene preguntarse si efectivamente esas serían las consecuencias de la modificación propuesta y, sobre todo, si esa es realmente la mejor alternativa en aras de la coherencia del sistema de responsabilidad. La respuesta a estas preguntas supone adentrarse en el corazón de uno de los conceptos fundantes de la responsabilidad civil, esto es, la noción de culpa. La tarea no es nada sencilla en un texto de esta naturaleza, pero me atreveré a intentarlo, permitiéndome, en todo caso, reenviar a un texto de mi autoría, que tiene ya algunos años y en que me ocupo de manera más documentada del argumento.

En materia de responsabilidad civil, la tradición jurídica romanista es tributaria de una noción subjetiva de culpa, que exige dos supuestos básicos: la posibilidad de prever el resultado de la propia acción y la posibilidad de modificar el curso de acción (previsibilidad y evitabilidad). La consecuencia práctica de esto es que quienes carecen de la posibilidad de conducir el curso de sus propios actos, como las personas privadas de razón, no son capaces de culpa. Durante el siglo XX la doctrina francesa (cuyo código carece de un equivalente al artículo 2319) elaboró la noción de culpa objetiva. Según esta, para incurrir en culpa es suficiente con una disconformidad objetiva entre la conducta de una persona razonable y aquella sostenida por el sujeto concreto. Se produce así la escisión de la imputabilidad de la noción de culpa y se erige la capacidad como un elemento autónomo (y luego superfluo) de la responsabilidad civil.

Como puede apreciarse, a la época de dictación del Código Civil chileno la teoría francesa no había sido todavía elaborada, por lo que desde luego no pudo ser considerada por el codificador. Al contrario, Bello dio buena cuenta de la tradición romana en la materia con la introducción de los artículos 2318 y 2319. Así las cosas, a la luz del Código Civil chileno, una persona que por una causa ajena a su voluntad no está en condiciones de conducir su propia conducta o actuación, por carecer de discernimiento, no incurre en culpa. A estos efectos, da igual que esta privación de discernimiento sea temporal o permanente. Así, si una persona sufre un derrame cerebral mientras conduce su automóvil y a raíz de ello pierde el control del vehículo causando daños no será responsable de ellos por estar exenta de culpa. Se trató de un caso fortuito, diremos.

Bajo ese prisma resultaría paradojal que una persona con alteración más o menos permanente de sus facultades mentales (un demente), que no está en ningún modo en grado de conducir sus actos y evitar causar daños a otros, sí deba responder. En efecto, esta construcción implicaría que mientras a las personas mentalmente sanas se les aplica la noción de culpa subjetiva, permitiéndoseles asilarse en el caso fortuito —que no es más que la ausencia de culpa—, a los dementes se les aplicaría el concepto de culpa objetiva y deberían responder.

A esta altura me parece meridianamente claro que la supresión de la referencia a los dementes en el artículo 2319 no surtiría el efecto deseado por sus propiciadores, esto es, que las personas con discapacidad mental respondan de sus actos a fin de evitar la discriminación negativa que la actual normativa supuestamente comporta. En efecto, las alternativas en tal caso son dos: entendemos que la eliminación es superflua, pues en cualquier caso la responsabilidad extracontractual en Chile exige el discernimiento, o bien se genera una discriminación de mayor calado, aplicándoseles a los discapacitados una noción de culpa objetiva y, por tanto, un estándar de conducta mucho más exigente que el que se aplica a las personas sin discapacidad; a todo esto, con el consiguiente gravamen para las personas que las tienen a su cuidado, pues pasarían a ser responsable ex artículo 2320.

Con todo, cabe reconocer que la palabra demente ha devenido en una expresión algo peyorativa y que quizás llegó el tiempo de modernizar el lenguaje del Código en estas y otras materias. Una alternativa posible (que se me ocurre por la familiaridad que tengo con el ordenamiento) es la del Código Civil italiano que, habiendo recogido los sistemas de apoyos o facilitadores para las personas con discapacidad en materia contractual, mantuvo la “capacidad de entender y querer” como una exigencia para la imposición de responsabilidad extracontractual. Esta expresión, o simplemente una alusión genérica a la necesidad de discernimiento, tendría la virtud de allanar los problemas de discriminación en el lenguaje, sin crear una disrupción en el sistema de responsabilidad actualmente vigente.

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