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Comercio ilegal: la ley versus la realidad

"...Lo que se presentaba como una buena y esperada noticia, en los hechos ha pasado a ser rápidamente y sin escalas, letra muerta. Sin duda ha faltado coordinación entre las municipalidades, también entra estas y las policías, e inteligencia en la investigación de las bandas criminales o mafias que operan detrás de estas fachadas. También han faltado recursos y personal..."

Miércoles, 22 de junio de 2022 a las 11:10
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Felipe Pavez
Hace un mes se produjo un lamentable hecho de sangre en el Barrio Meiggs, en que una joven periodista de un canal de televisión resultó baleada y falleció días después producto de un enfrentamiento entre manifestantes y comerciantes ambulantes armados del sector.

Además de las protestas, algo que ha influido fuertemente en la migración de oficinas desde el centro de Santiago hacia comunas del sector oriente es el desorden provocado por el comercio ambulante.

Estas dos situaciones son solo dos ejemplos de cómo el comercio clandestino sigue copando los centros de las principales ciudades del país. La fotografía se repite en Santiago, Concepción o Viña del Mar, por citar algunas. Poco, por no decir nada, ha cambiado desde la promulgación de la Ley 21.426 en febrero de este año, que busca combatir el comercio ilegal.

En teoría, uno podría suponer que este nuevo marco normativo se traduciría en una herramienta útil y eficiente para el combate de la piratería, la venta de artículos falsificados o robados, el contrabando y el comercio clandestino, entre otras manifestaciones de este comercio ilegal, gracias a las mayores facultades entregadas a las policías, los municipios y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar y sancionar estas actividades.

De hecho, el objetivo de esta ley es justamente fortalecer la regulación existente en materia de comercio ilegal, en su aplicación para diferentes ilícitos relacionados, sancionados y diseminados en diversos cuerpos legales, tales como la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Tránsito, el Código Penal y el Código Tributario.

Dentro de sus disposiciones más relevantes establece normas relativas a la investigación de asociaciones ilícitas, indicando que se les aplicará como sanción las penas que el Código Penal establece para este delito en su artículo 293 (según sea el caso, de presidio menor en cualquiera de sus grados hasta presidio mayor en cualquiera de sus grados). Se ordena que los jefes de la asociación ilícita, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores tendrán, además, una multa de 200 a 800 UTM.

En relación con la investigación de asociaciones ilícitas para cometer estos delitos, se contempla además la facultad del juez de garantía para autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de los productos objeto de comercio ilegal se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con la finalidad de individualizar a los partícipes, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos, bajo los supuestos, condiciones y atribuciones que señala la ley.

Por otra parte, la ley establece también facultades de fiscalización a las policías, inspectores municipales y funcionarios del SII sobre el cumplimiento de la normativa de quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido, pudiendo requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.

Finalmente, podemos consignar otras modificaciones que dispone la ley y que refieren a los siguientes cuerpos legales:

- Respecto de la Ley de Tránsito, en cuanto al aumento de las multas relacionadas con el comercio ambulante sin permiso municipal o sin la autorización respectiva (de media a 2 UTM) y su reincidencia (de 2 a 4 UTM).

- Respecto del Código Tributario, en cuanto se aumenta la pena de multa asociada al comercio ejercido sin cumplir con las exigencias tributarias (entre 50% y 400% de los impuestos eludidos y con presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados) y su reincidencia, estableciendo que, para la determinación de la pena aplicable, el tribunal tendrá especialmente en cuenta el valor de las especies comerciadas o elaboradas (artículo 97 N° 8).

Todo lo anterior suena muy bien; sin embargo, con el correr de los meses la realidad que se puede constatar es algo diametralmente distinta: las calles y aceras del centro de Santiago y de otras ciudades del país se encuentran “tomadas” por el comercio clandestino.

Desde la pandemia, o incluso desde antes, este fenómeno ha ido creciendo de manera exponencial.

Lo que se presentaba como una buena y esperada noticia, en los hechos ha pasado a ser rápidamente y sin escalas, letra muerta. Sin duda ha faltado coordinación entre las municipalidades, también entra estas y las policías, e inteligencia en la investigación de las bandas criminales o mafias que operan detrás de estas fachadas. También han faltado recursos y personal. Sin embargo, por sobre todo, la decidida voluntad de las autoridades para enfrentar el problema con firmeza y rigor, entendiendo que este flagelo afecta no solo a los pequeños y medianos comerciantes que cumplen con las normativas vigentes y el pago de sus respectivos impuestos, sino que también a todos los chilenos, por las millonarias pérdidas de ingresos para el fisco, tan necesarios para enfrentar las diversas reformas sociales y cambios que pretenden implementarse en áreas como salud y educación, entre otras.

Ojalá esta pesimista percepción pueda ser revertida en los próximos meses. En cualquier caso, resulta evidente concluir que no sirve de nada promulgar una ley si esta no va acompañada de la firme voluntad política de hacerla respetar y cumplir.

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"...Lo que se presentaba como una buena y esperada noticia, en los hechos ha pasado a ser rápidamente y sin escalas, letra muerta. Sin duda ha faltado coordinación entre las municipalidades, también entra estas y las policías, e inteligencia en la investigación de las bandas criminales o mafias que operan detrás de estas fachadas. También han faltado recursos y personal..."

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