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Régimen político y nueva Constitución

"...Ciertamente que es conveniente para Chile un régimen presidencial atenuado, que considere una disminución de las muchas atribuciones que hoy tiene el Presidente de la República y el consiguiente aumento de facultades del órgano legislativo, pero en el actual diseño del régimen político se vislumbra un desequilibrio que desemboca en una estructura difícil de definir..."

Miércoles, 08 de junio de 2022 a las 17:30
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Ana María García
Desde que se firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019, comenzó a desarrollarse un movimiento constitucional que puso al descubierto la necesidad de tener una nueva Carta Política nacida en democracia y por vía institucional.

El proceso constitucional se ha desarrollado con amplia publicidad, con canales de participación abiertos a la ciudadanía y con profusa cobertura de los medios de comunicación. Asimismo, se han celebrado seminarios, foros, entrevistas e incluso se tuvo la relevante visita y posterior informe de la Comisión Europea para la Democracia y por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia.

Hoy nos encontramos a pocas semanas de conocer el texto completo y definitivo del borrador de nueva Constitución elaborado por la Convención Constitucional.

Desde ya se observan algunos avances positivos como, por ejemplo, declarar que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”, expresión que se proyecta en el texto mediante el reconocimiento de una serie de derechos sociales, algunos con anterior reconocimiento y otros nuevos, como el derecho a la vivienda digna y adecuada, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la ciudad, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, y varios derechos ecológicos vinculados con la naturaleza y el medio ambiente.

Toda persona que sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley. La tutela, en consecuencia, se aparta de nuestro tradicional recurso de protección, que constituyó por décadas un eficaz instrumento para garantizar los derechos individuales e incluso, de manera indirecta, derechos sociales relacionados con la salud y la educación.

Sin embargo, lo que resulta preocupante son las normas que regulan el régimen político y la forma de gobierno. El equilibrio de poderes entre los órganos del Estado —Ejecutivo y Legislativo—, tan importante para el constitucionalismo democrático, queda debilitado y desbalanceado.

Ciertamente que es conveniente para Chile un régimen presidencial atenuado, que considere una disminución de las muchas atribuciones que hoy tiene el Presidente de la República y el consiguiente aumento de facultades del órgano legislativo, pero en el actual diseño del régimen político se vislumbra un desequilibrio que desemboca en una estructura difícil de definir.

Vemos, en primer lugar, que el Presidente de la República es privado de la iniciativa exclusiva en materia de gastos, facultad que se traslada a la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que no deja de ser un inconveniente considerando que en el pasado tal atribución, radicada en el órgano legislativo, dio origen a períodos de alta inflación económica. Asimismo, el veto del Presidente a un proyecto de ley puede ser superado ya no por un quorum de 2/3, sino por uno inferior de 3/5 de los miembros de la Cámara, lo que también debilita al Ejecutivo. Además, la iniciativa legislativa del Presidente, como órgano colegislador, se transforma en lo que se denomina “concurrencia presidencial necesaria”, sembrando una incógnita en cuanto al significado y alcance de tal expresión, puesto que, según señala el proyecto, las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un mensaje presidencial o en una moción parlamentaria.

En segundo término, el órgano legislativo pasa a ser parte de lo que se ha denominado “bicameralismo asimétrico”, que conlleva la supresión del Senado y su reemplazo por una “Cámara de las Regiones”. Ello crea un nuevo desequilibrio de poderes y ausencia de contrapesos, ya que el ex Senado queda disminuido como órgano colegislador, facultándolo solo para intervenir en proyectos de ley sobre determinadas materias para dar su acuerdo, en lo que se denominan “leyes de acuerdo regional”. Esta estructura nuevamente favorece la preeminencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la que, además y como dijimos, se le otorga iniciativa legislativa en materia de gastos, atribución comprobadamente negativa en nuestro país y que había quedado en el pasado, por ser una mala experiencia.

En tercer lugar, el Poder Judicial, hoy denominado “Sistemas de Justicia”, se ve limitado por el nuevo “Consejo de la Justicia”, compuesto por 17 miembros, de los cuales solo ocho son jueces elegidos por sus pares, quedando en minoría frente al resto de los integrantes. Está comprobado en el Derecho Comparado (España, Argentina) que para el buen funcionamiento de estos órganos debe prevalecer en su integración mayoría de jueces. Aquí no solo quedan los jueces en minoría, sino que cinco de los integrantes del Consejo son elegidos por el Congreso, dos elegidos por los pueblos indígenas y dos serán funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares.

De esta forma, el Consejo de la Justicia corre el riesgo ser un órgano fácil de politizar, con los inconvenientes que ello genera en relación con el principio de separación de poderes y la necesaria independencia de la función jurisdiccional, pilares fundamentales de la democracia. Más aun considerando que el Consejo de la Justicia tendrá injerencia en los nombramientos judiciales y que “todos los tribunales estarán sometidos, a lo menos cada cinco años, a una revisión integral de su gestión”.

Además, cabe preguntarse si se justifica que exista un sistema nacional de justicia y sistemas indígenas en un país como Chile, donde aproximadamente solo el 11% de la población es indígena, a diferencia de otros países como Bolivia y Ecuador, en los cuales, atendiendo a su composición demográfica, sí puede justificarse.

Finalmente, el régimen político se inserta en el marco de un Estado Regional conformado por las regiones y comunas autónomas y, además, por una multiplicidad de nuevos órganos, como las “entidades territoriales autónomas” y “autonomías territoriales indígenas”, los que seguramente contribuirán a la tan ansiada descentralización del Estado, pero que no estará exento de dificultades, no solo por la debida coordinación entre ellas y correspondiente fiscalización, sino también por las atribuciones de estos nuevos órganos dotados de “autonomía política, administrativa y financiera”, que más bien son facultades propias de un Estado descentralizado políticamente, que colinda con un orden de tipo federal, y que implica una contradicción con la proclamación del “carácter único e indivisible del Estado de Chile” que contiene el proyecto de Constitución.

Quizás sea esta alguna de las muchas materias que deberá esclarecer la Comisión de Armonización en actual funcionamiento.

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"...Se advierte un evidente debilitamiento de este órgano, en cuánto a su representación y soberanía, ya que es un órgano de representación meramente regional, entregándose, además, la oportunidad de su elección a la misma fecha en que se eligen las autoridades comunales y regionales y no las nacionales, como son las elecciones presidenciales y parlamentarias..."

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"...El poder de reforma constitucional es expresión del poder constituyente derivado. Se trata de un poder autónomo, distinto al Poder Legislativo, y que a pesar de que (...) se utilizan en lo no previsto por las reglas de formación de la ley, no deben confundirse. Subyace a este debate la búsqueda de un equilibrio virtuoso entre las reglas de autodefensa de la Constitución y las de apertura al futuro, la innovación y adaptación a nuevas circunstancias y realidades sociales..."

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"...Lo valioso, más allá de las dudas o posibles dificultades de interpretación planteadas, es que la Constitución previó varios caminos para dejar sin efecto el Derecho viejo y, especialmente, que concentró expresamente en el órgano de justicia constitucional la facultad de invalidar las normas previas o posteriores que la infrinjan o contradigan..."

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