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Falta de colaboración del mandante, entre incumplimiento e imprevisto

"...El máximo tribunal reflexiona acerca de cuál sería la solución si se aplicaran las normas del Código Civil, toda vez que la demandada aduce que no sería aplicable la normativa especial en la materia. Sobre el particular, la corte señala que en el caso serían aplicables dos normas, el artículo 1999 y el artículo 2003 regla segunda, ambos del Código Civil, además del artículo 1546, relativo a la buena fe..."

Miércoles, 11 de mayo de 2022 a las 17:44
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Lilian San Martín
En una reciente sentencia (Rol 63.273-2021), la Corte Suprema se pronuncia de manera creativa sobre las consecuencias que implica la demora en la entrega de los terrenos a efectos de las compensaciones que debe el mandante al contratista por el retardo que ella conlleva en la ejecución de la obra. Más allá del resultado, lo que llama la atención es el fundamento normativo que se da a la misma.

Si bien el caso versa sobre un contrato de construcción celebrado con una municipalidad, el máximo tribunal reflexiona acerca de cuál sería la solución si se aplicaran las normas del Código Civil, toda vez que la demandada aduce que no sería aplicable la normativa especial en la materia. Sobre el particular, la corte señala que en el caso serían aplicables dos normas, el artículo 1999 y el artículo 2003 regla segunda, ambos del Código Civil, además del artículo 1546, relativo a la buena fe.

Según se desprende de la sentencia, la primera disposición sería aplicable debido a que ella se aplica cuando “por una u otra parte no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución”. De esta manera, si el mandante no entrega el terreno en el tiempo y forma acordados en el contrato, por un lado, no estará ejecutando lo convenido y, por el otro, estará dando lugar al retardo de lo convenido por parte del contratista. Así, los mayores costos derivados de la prolongación de las obras más allá del término previsto serán de cargo del mandante a título de incumplimiento contractual.

Esta lectura de la norma resulta interesante, en primer lugar, porque ella suele analizarse desde la perspectiva del contratista que no ejecuta la obra o bien demora su ejecución, pero sin focalizarse en que ella alude a ambas partes (una u otra), de suerte que lo ahí señalado resulta aplicable también al mandante. En segundo lugar, la lectura es interesante por la consecuencia que conlleva, esto es, que la colaboración del mandante, siempre que ella sea necesaria para la correcta y oportuna ejecución de la obra, no constituiría solo una carga, sino que sería una obligación contractual. De esta manera, el contratista no solo estaría habilitado para exigir el pago de los mayores costos generados con la demora en la ejecución de las obras (que sería una suerte de reembolso propio de las cargas), sino que podría exigir la indemnización de todo otro perjuicio derivado de esa circunstancia, conforme a las reglas de la responsabilidad contractual. Así, quedaría habilitado para demandar, por ejemplo, el lucro cesante derivado de la imposibilidad de iniciar otras obras comprometidas e incluso el daño emergente derivado del pago de cláusulas penales asociadas a la demora insalvable en el inicio de otros proyectos.

En efecto, en tiempos como los actuales, en que la mano de obra escasea, no cabe duda de que la demora en concluir un proyecto impacta severamente en las posibilidades de iniciar otro. Desde luego, la exigibilidad de la obligación de colaboración del mandante estará fuertemente limitada por el inciso segundo de la misma disposición, en cuanto le concede la facultad de desistimiento de la obra en los términos ahí expresados, de suerte que el contratista no tendría derecho a exigir el cumplimiento in natura de la obligación.

La segunda norma citada sería aplicable, según la sentencia, porque la falta de la entrega en tiempo y forma del terreno constituiría un vicio oculto, en la medida que no estaba en las bases de licitación. Esta idea resulta interesante porque supone equiparar la falta de colaboración del mandante a los imprevistos que alteran el normal desarrollo de la obra, con la consiguiente posibilidad de solicitar judicialmente el aumento de precio. Al margen de lo discutible que puede resultar la equiparación realizada, aparece destacable que en este caso la solución no pasaría por el régimen de los incumplimientos contractuales, sino por el de la distribución de riesgos: el riesgo de falta de colaboración del mandante sería siempre de su cargo, de modo que no gravaría sobre el contratista.

Esta última idea se engarza con la afirmación que realiza la misma sentencia en orden a que una interpretación de buena fe no puede llevar a concluir que el riesgo de falta de entrega del terreno sea un riesgo que grava sobre el contratista. En la práctica, esta afirmación es de suma relevancia, pues es bastante frecuente que los contratos de construcción contengan una cláusula de distribución de riesgos en la que el contratista asume todos los riesgos, tanto técnicos como económicos. Conforme se desprende de la sentencia, en esta cláusula no quedaría comprendido el riesgo derivado de la falta de entrega del terreno (y más en general de la falta de colaboración), porque, al ser un imprevisto, no sigue las reglas contractuales de distribución de riesgos, sino aquellas que emanan de una interpretación de buena fe del contrato, conforme a los artículos 1546 y 2003 regla 2ª. Así las cosas, resultaría imperioso recuperar el equilibrio perdido a raíz del entorpecimiento generado por la falta de colaboración del mandante.

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"...A partir de la experiencia acumulada por los juzgados de policía local, habrá que ver cómo la jurisprudencia va delineando los distintos aspectos de esta acción (...), que reformula la pretensión de supresión, modificación o reemplazo que contenía la Ley 19.537, y también si el reglamento de dicha ley agrega algún aspecto nuevo. Sin duda, son muchos los aspectos relacionados que pueden generar controversia..."

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