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De nuevo el principio de coordinación: ¿redundancia o espacio compartido?

"...Cuando la Corte en 2017 decidió el caso 'Calle Travesía', estableció un test de idoneidad para las actuaciones administrativas integradas y entendió que en la regla de competencia de los organismos administrativos existe una garantía que opera como 'expectativa normativa' a favor de los ciudadanos (…) Para la Corte la llave de bóveda de ese 'derecho' es el 'principio de coordinación'..."

Lunes, 28 de febrero de 2022 a las 19:20
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Luis Cordero
¿Cómo garantizar que la administración pública, en un amplio y heterogéneo ámbito de competencias, pueda tener unidad de acción? La respuesta normativa del Derecho Administrativo chileno está en el principio de coordinación (art. 5º LOCBGAE), uno de esos principios que informan la actuación general de la Administración, que busca que entre organismos administrativos no se produzcan “duplicidad” o bien que entre unos y otros se desarrollen “interferencias” en el desarrollo de sus respectivas funciones.

Pero lo que habitualmente solemos omitir es que dicho principio se hace especialmente relevante cuando el modelo de administración pública —como sucede entre nosotros— se encuentra distribuido en organismos con competencias cada vez más atomizadas, que suelen generar incentivos a la resolución de sus asuntos sectoriales con prescindencia de lo que suceda en otros ámbitos. Por eso, el sistema legal, además de reconocer este principio general de actuación, lo impone como obligación en el caso de la dictación de normas de alcance general (art. 37 bis LBPA). Como ya he explicado en este mismo lugar, los jueces suelen utilizar estas dos reglas conjuntamente para ampliar los ámbitos del principio de coordinación y establecer más bien un principio de actuación integrada.

Lo que revela el debate sobre la aplicación del principio de coordinación es que se enfrentan dos posiciones que implican mayor o menor severidad asociadas a los efectos de su incumplimiento. Por un lado, serían admisibles espacios de redundancias de competencias para establecer “alarmas de incendio entre organismos estatales”, de modo de advertir si algo funciona mal o si esta refleja la necesidad de considerar ámbitos regulatorios y de actuación conjunta donde los diversos servicios públicos deben compartir sus competencias para dar solución integrada a los problemas públicos (Freeman - Rossi 2012).

La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema suele ver el problema de la coordinación en esta segunda concepción y algunos casos de este mes reafirman su convicción de demandar imperativamente actuaciones integradas bajo la amenaza de declarar la ilegalidad de actuaciones administrativas que infrinjan ese mandato.

En el caso Sondajes Pascua Lama (SCS 4.2.2022, rol 58.288-2021) la corte advirtió que si un proyecto se encuentra sujeto a un plan de cierre producto de una sanción no es posible que otro organismo administrativo admita en un procedimiento sectorial la comunicación de la ejecución de sondajes sin realizar actos de fiscalización. Para la corte, la única solución para abordar este problema es que las dos autoridades administrativas actúen conjuntamente, pero extendiendo su “quehacer más allá de la mera revisión de los antecedentes que se le han presentado”.

A su vez, en el asunto Holdem (SCS 7.2.2022, rol 88.515-2021), donde nuevamente se pronunció sobre la supuesta ilegalidad de la negativa de patentes municipales para maquinas de juego, la corte insiste que no es posible sostener que la comunicación de la Superintendencia de Juegos a los alcaldes para verificar que dichas máquinas no sean de azar implique una intromisión en las decisiones de estos últimos. Para la corte, una decisión de ese tipo es precisamente manifestación del principio de coordinación, que garantiza, entre otras cosas, la eficacia de la actuación administrativa.

Por su parte, en el asunto Inmobiliaria Malpo (SCS 14.2.2022, rol 32.726-2021), donde lo que discutía era la ejecución de medidas que evitaran el desborde de un canal de regadío que se encontraban al costado de unas viviendas en la comuna de Talca, la corte reprochó que la Dirección de Obras Municipales hubiese procedido a la recepción final de las obras sin que antes la Dirección General de Aguas (DGA) recepcionara separadamente las obras que había autorizado para el cambio de cauce. Esa actuación municipal, en opinión de la corte, violentaba el principio de coordinación porque no podía manifestar su conformidad sin la decisión previa de la DGA. La corte aprovechó de advertir en este caso que la circunstancia que un privado fuese titular de una “autorización administrativa” no lo habilitaba para “perjudicar a terceros”, y aceptar algo distinto implicaría legitimar “un abuso del derecho”.

En enero, en una decisión que pasó inadvertida (SCS 10.1.2022, rol 50.464-2020), la corte agregó a sus estándares de coordinación la prohibición de decisiones contradictorias. Afirmó que si una persona se ve enfrentada a dos o más organismos administrativos, que deben realizar el mismo análisis en dos momentos distintos aunque próximos en el tiempo, pero estos arriban a decisiones contradictorias, se violentan los derechos del afectado precisamente por infracción al principio de coordinación. Los ciudadanos, a juicio de la corte, tienen un derecho a actuaciones coherentes e integradas.

Si se analizan estas decisiones, así como las que he comentado en el pasado, los debates de coordinación ante la corte revelan la convergencia de diversos tipos de medidas y autoridades, que se pueden resumir en el siguiente cuadro:



Cuando la corte en 2017 decidió el caso “Calle Travesía” estableció un test de idoneidad para las actuaciones administrativas integradas y entendió que en la regla de competencia de los organismos administrativos existe una garantía que opera como “expectativa normativa” (Luhmann 2002) a favor de los ciudadanos, que entre otras cosas se traduce en que el Estado debe actuar de modo coherente e integrado y, por lo mismo, las personas tienen derecho a exigir su cumplimiento. Para la corte, la llave de bóveda de ese “derecho” es el “principio de coordinación” y con el tiempo ha reafirmado sistemáticamente esa posición, como lo acreditan las decisiones de este mes, lo que ha permitido afirmar a un sector de la doctrina nacional que en ese tipo de criterios se encuentra el indicio del “derecho a la buena administración” en nuestro sistema legal (Linazasoro Espinoza 2018, 2020).

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