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Edificación, arquitectura y derecho de autor (I)

"...De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 N° 9 de la Ley N° 17.336 (LPI), las obras arquitectónicas se encuentran especialmente amparadas por sus preceptos (...) Con todo, si bien resulta claro que la creación de una obra arquitectónica genera el nacimiento de los derechos mencionados, puede no ser igualmente evidente quién será el titular de esos derechos. Y esta situación puede resultar problemática..."

Miércoles, 19 de enero de 2022 a las 10:53
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María José Arancibia
En una columna anterior anticipamos una idea cuyas consecuencias prácticas serán desarrolladas en esta: en la base de cualquier sistema que proteja la propiedad intelectual está la idea de que sobre una misma cosa pueden concurrir dos derechos de distinta naturaleza, como ocurre con el derecho de propiedad que tiene el dueño de la cosa y el derecho de autor que tiene quien creó la obra, expresada a través de esa cosa como su soporte material o corpus mechanicum.

Es esta concurrencia de derechos la que explica, por ejemplo, que el dueño de un libro no pueda fotocopiarlo libremente o que no pueda invocar propiedad sobre el soporte en que está grabada la música y sobre los medios que serán empleados en su reproducción, si lo que se pretende es comunicarla públicamente.

En ambos casos, tanto la reproducción como la comunicación pública de la obra protegida son formas de explotación que corresponden exclusivamente al titular de la obra. Un caso en que resulta particularmente relevante hacer esta distinción es en las obras arquitectónicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 N° 9 de la Ley N° 17.336 (LPI), las obras arquitectónicas se encuentran especialmente amparadas por sus preceptos. Esto implica que, en la medida que nos encontremos en presencia de una obra de arquitectura, que sea el fruto de la existencia de una actividad creativa mínima por parte de su autor —lo que excluye las soluciones obvias, como las casas que todos dibujamos cuando éramos niños y aquellas que responden exclusivamente a necesidades de la técnica, eventualmente patentables—, el solo hecho de la creación de la obra hará nacer los derechos morales y patrimoniales que establece la ley.

Con todo, si bien resulta claro que la creación de una obra arquitectónica genera el nacimiento de los derechos mencionados, puede no ser igualmente evidente quién será el titular de esos derechos. Y esta situación puede resultar problemática, principalmente por dos razones.

El primer motivo es la aproximación que todavía tiene la LPI al fenómeno creativo, que enfatiza el carácter esencialmente humano que tiene la creación de la obra, en cuanto hecho que genera el nacimiento de los derechos, incluso morales, que prevé y que parece no conciliarse adecuadamente con el actual régimen en que los creadores prestan sus servicios, generalmente para estudios o empresas especializadas en el rubro.

En todo caso, no debemos olvidar la notable excepción del régimen de obra por encargo dispuesto en el artículo 8° incs. 2° y 3° LPI a propósito del software y con los desarrollos que en el último tiempo se han efectuado, desde la doctrina, a propósito de las obras desarrolladas bajo un régimen de subordinación y dependencia.

La segunda razón se debe al complejo entramado de relaciones jurídicas y profesionales que permiten, en la práctica, la construcción de un edificio, que supone la presencia de un mandante, que es quien encarga generalmente la realización de todos aquellos estudios y gestiones destinados a hacer realidad el proyecto. Así, por ejemplo, se encarga a una oficina de arquitectos el desarrollo del proyecto de arquitectura, a ingenieros los cálculos que demanda la construcción del edificio y los correspondientes estudios de suelo, a la empresa constructora su edificación.

Pues bien, si encargo a una oficina de arquitectos el diseño de una casa única o de un edificio que sea tan característico que sirva para reforzar la imagen corporativa de mi empresa, ¿tengo alguna expectativa en orden a que tendré un derecho sobre la obra ejecutada o algún derecho a que los arquitectos contratados no podrán emplear los mismos planos para una edificación que les encargue un tercero?

Si bien no resulta evidente a primera vista, la respuesta a cada una de estas preguntas solo puede efectuarse a partir del régimen aplicable: la LPI en relación con las normas generales sobre contratos.

La primera pregunta supone examinar la LPI mirando cómo establece las titularidades originales y derivadas sobre los derechos de autor, pues la sola relación contractual entre el mandante y el arquitecto (o estudio de arquitectos) no permitiría por sí sola establecer que la obra creada será de propiedad del primero. ¿Por qué? Porque el objeto de la prestación de servicios consiste en el diseño de una obra que sea ejecutable conforme con la lex artis, sin importar que esta sea o no de titularidad del mandante.

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