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La extinción de la responsabilidad penal (indulto y amnistía)

"...Los estudiantes de Derecho saben —o debieran saber— que la amnistía y el indulto no son instrumentos o medios procesales de impugnación (...) No resulta creíble que algún profesor de Derecho Procesal enseñe que son verdaderos recursos procesales destinados a intervenir en la labor jurisdiccional independiente y autónoma de los tribunales, equiparables, por ejemplo, a la apelación o la nulidad..."

Lunes, 03 de enero de 2022 a las 15:49
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Carlos Künsemüller
De acuerdo al art. 93 del Código Penal, son causales de extinción de la responsabilidad penal —le ponen término a una responsabilidad ya nacida y establecida —, entre otras, el indulto y la amnistía (nros. 3 y 4).

Desde ya, cabe señalar que ninguna de estas instituciones tiene por objeto derogar o alterar las medidas cautelares dispuestas en un proceso penal, ya que para estos efectos el Código Procesal Penal contempla medios específicos de impugnación.

Los estudiantes de Derecho saben —o debieran saber— que la amnistía y el indulto no son instrumentos o medios procesales de impugnación, sino causales sustantivas que pueden poner término —extinguir— la responsabilidad penal. No resulta creíble que algún profesor de Derecho Procesal enseñe que el indulto y la amnistía son verdaderos recursos procesales destinados a intervenir en la labor jurisdiccional independiente y autónoma de los tribunales, equiparables, por ejemplo, a la apelación o la nulidad.

Novoa Monreal explica que el indulto es “la remisión total o parcial de la pena impuesta por una sentencia judicial firme, o su conmutación por otra más leves. Generalmente, constituye una facultad privativa del Poder Ejecutivo (…) Supone y exige una sentencia condenatoria que imponga la pena y solamente la elimina en todo o en parte”1.

Guzmán Dálbora nos enseña que el indulto es una gracia otorgada por poderes distintos del judicial y otorgada a los condenados por sentencia irrevocable, que les remite todo o parte de la pena impuesta a raíz de delitos comunes o se las conmuta por otra más benigna. “La discusión de antaño acerca de si el Poder Ejecutivo podía indultar a individuos aún no condenados, quedó zanjada definitivamente por el lapidario tenor del art. 32 Nº 16 de la CPR, que declara improcedente el indulto particular en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el proceso”2.

Además, “la doctrina mayoritaria es adversa a que con un indulto general quepa poner término a juicios no afinados pues, a pesar de la falta de una prohibición expresa en la CPR, la ley que concediera un perdón semejante sería una amnistía disfrazada de indulto”3. En cuanto a la amnistía, que produce el mismo efecto que el indulto en cuanto a extinguir la responsabilidad penal, se establece que se trata de un instrumento en virtud del cual el poder público, por razones de alta política y mediante una norma de carácter general, renuncia punir un número determinado de delitos, extinguiéndose completamente las responsabilidades penales derivadas de estos4.

Etcheberry apunta que la amnistía no es personal, sino objetiva, esto es, que no se concede para beneficiar a determinadas personas, sino que afecta a las consecuencias penales de determinados hechos, las que hace desaparecer5. Ortiz/Arévalo puntualizan que del tenor literal del art. 93 Nº 3 del Código Penal se desprende que esta causal extintiva de la responsabilidad penal opera una vez que esta se encuentra establecida e impuesta la pena correspondiente, “tal es el sentido lógico de la expresión pena y todos sus efectos”6.

En cuanto a la influencia de una amnistía en la investigación penal de ciertos delitos, se ha dicho que “en nuestro criterio, no resulta adecuado paralizar la investigación por el solo hecho de dictarse una ley de amnistía. Un imperativo de justicia nos hace privilegiar el conocimiento de la verdad —investigación— para luego olvidar —amnistía— por sobre la tesis que procura el olvido sin que se sepa en forma cierta que se está olvidando. Uno de los objetivos más importantes de la justicia es el establecimiento de la verdad: no puede cercenarse esta misión al Derecho sin dañar gravemente su credibilidad”7.

En todo caso, hay acuerdo en que la amnistía procede únicamente en caso de delitos políticos, no tratándose de delitos comunes, “una opinión casi unánime en la doctrina”, coincidente con la tradición jurídica del país8.

Por ejemplo, es rechazable una amnistía con fines demagógicos, para reducir el número de reclusos en las cárceles. Las amnistías que persiguen borrar delitos comunes son rechazables, ya que “al carecer del fundamento político y jurídico que en otro caso las justificaría, introducen una acepción arbitraria entre los justiciables y de suyo, vulneran el axioma de la igualdad ante la ley”9.

La SCS del 09.09.1998 estableció que la aplicación del D.Ley 2191 requiere, por un lado, que la investigación esté concluida y establecida la forma en que ocurrieron los hechos amnistiados, y, por otro, que quede “determinada la persona del delincuente en forma clara e indubitada, única manera de extinguir a su respecto la pena que debiera corresponderle por su participación en los sucesos investigados”10.

La doctrina pone el acento en el rechazo de las “amnistías al revés”, destinadas, mediante una habilidosa manipulación de las circunstancias, a aprovechar tan solo a los partidarios o servidores del gobierno y asegurarles la impunidad en el futuro, a lo que habría que agregar a los miembros de una determinada facción política a los que se pretendiera favorecer, lo que implicaría “una burda perforación del principio de igualdad ante la ley y marchamo oprobioso de regímenes tiránicos”11.

Es interesante acotar que el anteproyecto de Código Penal de 2005 solo contempla el indulto como causal extintiva de la responsabilidad penal y dispone la denegación de la solicitud cuando el peticionario no se encuentre cumpliendo su condena (art. 71). A su turno, el anteproyecto de Código Penal de 2018 dispone, en su artículo 177, que la amnistía y el indulto general solo extinguen por completo “la pena y todos sus efectos”.

El proyecto de Código Penal para Chile (2016), redactado por el maestro Alfredo Etcheberry, establece en el art. 133,que el indulto general o particular “solo procede después de dictada sentencia condenatoria ejecutoriada”.


1 Curso de Derecho Penal Chileno, Parte General,T.II, 3a edic., Edit. Jdca., 2005, p. 397.
2 Texto y comentario del Código Penal Chileno. Libro Primero. Parte General, Edit. Jdca., 2002,pp. 454.
3 Guzmán Dálbora, cit., p. 455, invoca la opinión de Etcheberry, Cury, Garrido, Vargas.
4 Guzmán Dálbora, cit., p. 445.
5 Etcheberry, Derecho Penal, T. II, 3a edición, p. 198.
6 Ortiz/Arévalo, Las Consecuencias Jurídicas del Delito, Edit. Jdca., 2013, p.535.
7 Ortiz/Arévalo, cit., p. 541.
8 Guzmán Dálbora, cit., pp. 446- 447.
9 Guzmán Dálbora, cit., p. 447.
10 Gaceta Jurídica 219.
11 Rivacoba, cit. en Guzmán Dálbora, cit., p. 446.

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