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El 2021 en la Tercera Sala de la Corte Suprema: revisión judicial en tiempos de cambio

"...El próximo será un año de desafíos institucionales para la forma en que los jueces han ido construyendo nuestro Derecho Administrativo. A diferencia de 1925 y 1980, hoy la acción de protección —para bien o para mal— cumple un rol en la arquitectura del contencioso administrativo, por eso, la simple pretensión de crear dichos tribunales no es suficiente para sostener un sistema que, en los hechos, ha sofisticado la revisión judicial de la Administración Pública..."

Jueves, 30 de diciembre de 2021 a las 16:30
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Luis Cordero
Como ha explicado la teoría del derecho, los aplicadores del Derecho, donde se encuentran los jueces, deciden qué es el Derecho y para eso suelen existir acuerdos y discrepancias sobre dos cuestiones esenciales: cuáles son las fuentes que se utilizarán y, una vez definidas estas, lo que significa cada una de ellas (Luque Sánchez 2012: 24, 38). Por lo mismo, los jueces enfrentan tres desafíos al resolver el litigio sometido a su conocimiento: identificar los enunciados normativos, interpretarlos y aplicarlos al caso concreto (Hernández Marín 2021). Esto que pareciera una construcción lógica, en el Derecho Administrativo chileno tiene serias complejidades porque es un sistema de reglas de baja densidad legal; carece de jueces especialistas, por la inexistencia endémica de lo contencioso administrativo, y debe equilibrar el control del poder público con permitir la viabilidad de la ejecución de las políticas públicas.

He dedicado otro momento para explicar las características del sistema de revisión contencioso administrativo chileno (Cordero Vega 2020), uno que tiene una alta atomización orgánica, de tipologías de acción y recursiva, pero que esencialmente está dominada por el recurso de protección, una acción cautelar de urgencia que invoca fácilmente a la equidad y que opera, tal como ha sincerado la Corte Suprema desde hace unos pocos años, como sustituto de lo contencioso administrativo.

El efecto de un modelo así es que el sistema de unificación del Derecho Administrativo queda en manos de la Tercera Sala de la Corte, un modelo de distribución de causas más que de salas especializadas, que provoca que, con indiferencia del sistema recursivo que justifica su arribo, la sala estandarice criterios para la solución de sus asuntos. Ahí, en los últimos años, estamos exponiendo los acuerdos y desacuerdos del Derecho Administrativo nacional, dejando en evidencia el problema de identificación de su sistema de fuentes y el significado de cada una de ellas.

Este año es un nuevo ejemplo de cómo se expresan esos acuerdos y desacuerdos. En lo que sigue trataré de explicar los criterios destacados este 2021, que corresponden, por cierto, a una apreciación personal sobre los que me parecen son algunas claves para comprender a la Tercera Sala de la Corte Suprema en sus tiempos actuales, tal como lo hice para sus decisiones del 2020.

1. Control judicial de la emergencia

Si el año 2020 la Corte Suprema estableció criterios de deferencia a las medidas de la autoridad sanitaria, durante este año lo mantuvo, en particular, a las impugnaciones realizadas por las exigencias impuestas para obtener el pase de movilidad, donde terminó señalando que las restricciones que deben soportar quienes no están vacunados no son desproporcionadas ni arbitrarias, porque en estos casos “el bienestar de la colectividad debe primar sobre el interés individual de quien no se desee vacunar” (SCS 19.10.2021, roles 78835 y 78839-2021. En el mismo sentido las confirmaciones (26.11.2021, roles 87103 y 87136-2021; 10.8.2021, rol 52950-2021, entre otras).

Sin embargo, pese a ese criterio amplio de deferencia, este 2021 existieron tres casos donde la corte estableció que esta era improcedente y que le correspondía evaluar la legalidad de las medidas, utilizando para eso criterios de “restricción legal” de derechos fundamentales, que hasta ahora en materia sanitaria los había eludido.

Eso fue lo que sucedió a principios de año con los casos “Librería” (SCS 22.3.2021, rol 150.549-2020) y “Misa dominical” (SCS 29.3.2021, rol 19.062-2021). El elemento común de ambas decisiones es que la corte utilizó el estándar de la motivación del acto administrativo —uno que ha madurado ampliamente con los años—, afirmando que si este no se satisfacía, entonces se podía afectar la igualdad ante la ley, porque la autoridad no explicaba de un modo satisfactorio por qué para algunas actividades imponía medidas más gravosas que otras, encontrándose potencialmente en situaciones similares. En ambos casos, la corte razonó en base a que la pandemia y la situación excepcional que esta ha provocado no exime del cumplimiento de esas obligaciones elementales en el ejercicio de la potestad pública. La corte señaló que dada esta situación, con mayor razón debía “explicitar su actuar como una forma de legitimarlo”.

En el caso “Librería” la discusión se vinculaba a la prohibición por parte de la autoridad sanitaria de la venta de “artículos de librería” a un establecimiento porque no correspondía a productos esenciales, dado que la comuna en ese momento se encontraba en fase uno (cuarentena). La corte indicó que en dicho caso existía un acto de discriminación, pues permitía la venta de los mismos productos en supermercados bajo la misma situación de hecho. De este modo, a juicio de la corte existía por parte de la autoridad una evidente desigualdad de trato, sin justificación plausible.

A su vez, en el asunto “Misa dominical”, donde se objetaba la imposibilidad de asistir a misa en similar situación fáctica que la anterior, la corte también realizó un análisis comparativo respecto de otras actividades, como el deporte, que sí tenían reconocido un bloque horario para su desarrollo. En opinión de la corte, tampoco constaba un fundamento plausible para tal discriminación, lo que transformaba esa prohibición en arbitraria.

El estándar del caso de “Misa dominical” lo acaba de reafirmar este mes en el caso de la “Unidad Evangélica de Chile” (SCS 13.12.2021, rol 31698-2021), donde reiteró que no se puede suspender la participación de cultos religiosos (libertad de conciencia) al amparo de la alerta sanitaria o el estado de excepción, en fase 1. Afirmó que no existe norma legal que lo autorice. La autoridad sanitaria solo puede regular aforos máximos.

2. Responsabilidad del Estado por persecución ineficaz de delitos y la garantía de seguridad

Durante el año 2020 la corte advirtió que los temas de seguridad personal y la protección de la propiedad frente a la actuación de terceros era un asunto en el cual las autoridades administrativas tenían deberes activos. La corte venía estableciendo una especie de “garantía de seguridad”, donde al Estado le correspondía un rol diligente, adoptando medidas preventivas eficaces, cuando los riesgos que enfrentan los particulares son estructurales y superiores a los que las personas pueden gestionar por sí mismas. Esto fue notorio el año pasado en los asuntos “Empresas forestales” (SCS 30.7.2020, rol 33878-2019), “Pequeño comercio de Concepción” (SCS, 25.8.2020, rol 27600 y 27608-2020) y “Hotel Dreams” (SCS 24.9.2020, rol 27627-2020), los tres vinculados a cuestiones de orden público.

Pero el año pasado también la corte estableció los estándares en materia de responsabilidad del Estado por persecución penal ineficaz. En el caso “Hagen” (SCS 9.3.2020, rol 17045-2019) la corte señaló que el Estado debía indemnizar por falta de servicio de la PDI y por las decisiones injustificadas del Ministerio Público, que se tradujeron en errores en una investigación penal de homicidio que terminó en absolución. A juicio de la corte, el padre de la víctima había perdido la oportunidad de obtener una condena.

En mayo de 2021 la corte pareciera haber reunido en un solo caso su doctrina de “garantía de seguridad” con la eficacia de la persecución penal y lo realizó respecto de un asunto en donde estaba en juego la ejecución de una orden de investigar. En el caso “Fundo Alaska” (SCS 13.05.2021, rol 97186-2020), lo que se debatía era si Carabineros había incurrido en falta de servicio, como consecuencia de una orden de investigar amplia respecto de un delito de abigeato donde existía autorización para ingresar al recinto donde presumiblemente se encontraban dispersos los animales. La policía decidió sobrevolar el Fundo Alaska con drones con el objeto de verificar la existencia de los animales y al no encontrar indicios, decidió no ingresar.

Dicha decisión habría implicado una ejecución parcial de la orden de investigar entregada por el Fiscal a cargo, porque bastaba su simple lectura para darse cuenta —en opinión de la corte— que estaban incorporadas todas las líneas investigativas que eran plausibles según los indicios disponibles. La decisión de Carabineros de no ingresar al lugar, pese a que tenía autorización para ello, implicaba entender que la orden no se había cumplido íntegramente y, en consecuencia, dicha ejecución parcial implicaba una falta de servicio que “impidió que se investigara correctamente el ilícito del cual fue víctima el actor”, porque lo que tenía derecho a ser reparado respecto del “daño moral” ocasionado por el Estado.

Por esa vía construyó el estándar de falta de servicio sobre la insuficiencia de la actuación estatal, una especie de control retrospectivo de la actividad de los organismos administrativos que suele utilizar la corte y que es particularmente elocuente cuando tras sus razonamientos solo otorga indemnizaciones por el daño moral, una especie de daños punitivos contra el Estado, que ha ido estableciendo la corte, especialmente cuando las víctimas están en una situación de dependencia de la actuación estatal.

Esta idea quedó plasmada finalmente este año en el caso “Luchsinger” (SCS 5.8.2021, rol 82-2021), donde, utilizando los estándares ya señalados, indicó que la obligación de indemnizar del Estado por la muerte de dos personas por la actuación de terceros era precisamente producto de que las fuerzas de seguridad no cumplieron con su deber de ganarte para controlar fuentes de peligro que la autoridad conocía previamente.

3. La evaluación ambiental como procedimiento administrativo de referencia

Los sectores de referencia o testigo cumplen un rol determinante. Estos son “aquellos sectores del Derecho Administrativo especial que proporcionan un conjunto de materiales y modelos, de casos singulares y de ejemplos, de particular utilidad para la inducción y la construcción de la teoría general” (Schmidt-Assman 2003: 12). Es la tarea de realizar el análisis jurídico entre el plano de la intuición (provocada por la sectorialización) con la capacidad de asociación (que requiere para una explicación general) (Schmidt-Assman 2012: 83).

Esto es lo que precisamente sucede con la regulación ambiental y, en particular, para el procedimiento administrativo por los efectos del control judicial sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este año nuevamente eso ha quedado en evidencia, como consecuencia de los estándares de legitimación en el procedimiento administrativo y el consecuencial acceso a la jurisdicción, y, por la otra, en los vicios de invalidez en un procedimiento administrativo complejo.

En el caso “Municipalidad de Caldera” (8.2.2021, rol 72108-2020), donde se debatía si un municipio que había realizado observaciones vinculado a la idoneidad del proyecto podía reclamar ante el Comité de Ministros porque estas no habían sido adecuadamente consideradas, la corte sostuvo que no era posible “negar a los municipios el acceso a la justicia ambiental por cuestiones de forma (legitimación para recurrir), porque ellos son garantes en su territorio del desarrollo integral”. La corte recordó que la ley permite a los municipios informar sobre la compatibilidad territorial de los proyectos y para ella, entonces, si dicha opinión se manifiesta en la etapa de participación ciudadana, la municipalidad se encuentra legitimada para que sus observaciones sean debidamente ponderadas y acceder de ese modo a la jurisdicción ambiental.

A su vez, en el asunto “Pueblo Kawésqar” (22.2.2021, rol 36919-2019), la corte recordó que si bien la participación ciudadana y la consulta indígena son procedimentalmente distintas, están asociadas a un mismo objeto, de modo que si existen observaciones en la consulta que no han sido satisfechas, los afectados pueden utilizar las reclamaciones administrativas y judiciales establecidas en la legislación ambiental, porque es la única forma razonable —en opinión de la corte— de resolver el vacío normativo que existe.

Por su parte, en el caso de la “Comunidad Indígena ATAP” (SCS 14.7.2021, rol 14.075-2021), en el que se discutía la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia que acogió la reclamación de una solicitud de invalidación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó una declaración de impacto ambiental (DIA), el debate central descansaba sobre los efectos que provocaba en la validez del acto administrativo la omisión parcial del requerimiento de información planteados por un organismo sectorial que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como gestor responsable del SEIA, decidió no incorporar al momento de elaborar el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaración, Rectificación y Ampliación (ICSARA).

En opinión de la corte, la omisión de la observación del servicio en el ICSARA respectivo impidió conocer la integridad de los impactos ambientales del proyecto y, en consecuencia, afectaba la legalidad del acto terminal, la RCA favorable. Esto implica que los pronunciamientos sectoriales no solo tienen efectos invalidantes para la RCA cuando afectan o comprometen aspectos normados o se vinculan a los permisos ambientales. Tienen esa condición también si el SEA los omite como gestor responsable del SEIA y, como consecuencia de eso, no es posible determinar adecuadamente los impactos del proyecto o actividad. En tal caso, el informe sectorial no solo afecta la motivación del acto administrativo —como clásicamente lo ha entendido la corte hasta ahora—, sino que también compromete la esencia o legitimidad del procedimiento de evaluación ambiental.

4. De nuevo sobre la sanción administrativa

La Corte Suprema ha ido estandarizando los criterios sobre la disputa acerca del Derecho Administrativo sancionador. Dentro de esos criterios ya definidos está que la sanción administrativa y penal son cualitativamente distintas y que, por lo mismo, si bien hay principios comunes para la sanción administrativa, se aplica con matices, y que el plazo de prescripción es de cinco años (por aplicación de las normas del Código Civil o de las normas de simples delito) (SCS 13.10.2021, rol 22.247-2021; 9.8.2021, rol 36.698-2021; 16.8.2021, rol 11.440-2021; 2.8.2021, rol 6.942-2021; 21.4.2021, rol 44.608 y 78.944-2020; 22.3.2021, rol 138.348-2020).

Pero ha sido en mercados regulados, en especial en Mercado de Valores, por la particularidad de su regulación, donde estos criterios de distinción han pasado su test más estricto. Eso es lo que sucedió en el caso “Vantrust Capital” (18.10.2021, rol 30.509-2021), donde precisamente se discutía sobre la exigencia del dolo. La tesis de los recurrentes es que por vía administrativa se había configurado el tipo penal (art. 59 letra a) LMV) o que más bien la Comisión para el Mercado Financieros (CMF) utilizó un tipo penal para aplicar sanciones administrativas.

La corte sostuvo que el propio sistema legal faculta a la CMF para que de modo paralelo pueda aplicar sanciones a partir de la misma regla de la infracción penal al imponer deberes por vía administrativa, citando su precedente del caso “Ramírez” (28.9.2020, rol 21.054-2020), donde se hizo expresamente cargo de la supuesta infracción al principio non bis in ídem, entendiendo que en estos casos esa infracción no se podía producir porque la concurrencia de la sanción penal y la administrativa tiene en estos casos roles complementarios, con el propósito de resguardar los bienes jurídicos protegidos en el mercado de valores.

Pero la corte, en el caso “Vantrust fue un poco más allá al recordar que en el Derecho Administrativo Sancionador basta para que la infracción se impute “el mero conocimiento por parte del administrado de haber transgredido un deber o una prohibición prevista en la normativa que rige su actividad”, volviendo sobre su clásica posición en materia de culpa infraccional, una doctrina que a estas alturas pareciera inamovible para la Tercera Sala, un asunto que ha sido particularmente evidente en materia ambiental (SCS 30.7.2021, rol 131.181-2020).

5. La extensión del control de la motivación de los actos administrativos

Como he explicado en otro momento, uno de los elementos centrales en la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la última década ha sido la progresiva construcción de estándares para controlar los actos administrativos, especialmente los discrecionales, sobre la base de la revisión de su motivación. Para la corte, este es un elemento reglado del acto por aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo (arts. 11 y 41), para lo cual se reserva la evaluación del criterio de suficiencia porque entiende que motivaciones simplemente formales no pueden ser consideradas jurídicamente aceptables (ejemplo de ese criterio, la SCS 21.4.2021, rol 5303-2021). Esa herramienta es una de las claves para comprender los estándares de revisión judicial en el Derecho Administrativo chileno de los últimos años.

Pero juntamente con eso, la corte también ha sistematizado sus estándares de control para las sanciones administrativas. Por ejemplo, en el caso “Casino de Juegos de Punta Arenas” (SCS 21.4.2021, rol 78.944-2020) recordó que en esta materia los jueces solo deben verificar la legalidad o ilegalidad de estas. Para cumplir con ese rol deben revisar la tipicidad (matizada) de la conducta (incluida las señaladas en instrucciones dictadas por la Administración), la motivación del acto administrativo, la calificación jurídica y el quebrantamiento del principio de proporcionalidad de la sanción (como control de la discrecionalidad), especialmente cuando se refiere al quantum de esta, de lo contrario, el Estado actuaría abusivamente. Y ese control de la proporcionalidad en la sanción se ha transformado en un elemento clave de su escrutinio judicial (SCS 27.12.2021, rol 39.957-2021; 24.9.2021, rol 33.977-2021; 5.7.2021, rol 38.165-2021; 21.4.2021, rol 78.944-2020; 8.2.2021, rol 90.749-2020).

Sin embargo, este año la corte, en el caso “FMC” (SCS 26.4.2021, rol 79353-2020), combinó ambos estándares y lo hizo en uno de los sectores reglados en los criterios para aplicar sanciones (medio ambiente) donde existe un fuerte componente técnico para determinar, especialmente el monto de la multa. En este asunto lo que se discutía es si en tal caso la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) debía justificar cada criterio que le indica la ley (art. 40, Ley Nº 20.417) para definir ese quantum. El problema era aún más preciso y se traducía en determinar si esa institución debía señalar el “valor numérico con el cual determinó la seriedad y la ponderación de cada criterio”, dado que ella misma ha tratado de objetivar el ejercicio de su potestad sancionatoria a través de sus “Bases metodológicas para la determinación de las sanciones ambientales”. Exigir ese estándar implicaba para la SMA transformar el ejercicio de una potestad discrecional (determinar dentro de un rango el monto de una sanción para cumplir los fines preventivos), en una reglada, como si fuese un verdadero sistema tarificado de sanciones.

En el caso “FMC” la corte combina los estándares que había construido progresivamente para controlar la motivación de los actos y sanciones administrativas, pero al trasladar la rigurosidad de ellos a los valores de los ponderadores que sirven para aplicar las multas ambientales puede terminar por anular los propósitos que inspiraron la elaboración de las bases metodológicas por parte del fiscalizador ambiental, que se traducía en obtener una sanción óptima que disuadiera incumplimientos ambientales futuros.

6. La mantención de otros criterios tradicionales

Al igual que el año pasado, la Tercera Sala mantiene sus criterios en torno a la nulidad de derecho público como reclamo de ilegalidad general y supletorio, con una tipología estable de vicios (competencia, investidura, formas esenciales, legalidad interna del acto y desviación de fin) y la prescripción de los efectos patrimoniales de la acción (SsCS 6.12.2021, rol 90.701-2020; 3.11.2021, rol 112.480-2020; 18.10.2021, rol 27.141-2021; 13.9.2021, rol 11.681-2021; 30.7.2021, rol 144.241-2020; 19.7.2021, rol 124.298-2020; 29.6.2021, rol 134.203-2020); el uso de estándares abstractos o de protocolos simplemente administrativos para decidir la falta de servicio (SsCS 16.12.2021, rol 14.328-2021; 19.11.2021, rol 154.860-2020; 12.11.2021, rol 132.291-2020; 27.9.2021, rol 44.150-2020; 28.7.2021, rol 112.478-2020; 19.7.2021, roles 95.054 y 138.669-2020; 4.6.2021, rol 14.707-2020;).

Pero, además, este año ha sido particularmente severa con la “posición de garante” que deben satisfacer las intervenciones administrativas al resolver casos de responsabilidad del Estado (SsCS 4.6.2021, roles 14.707 y 63.252-2020; 22.6.2021, rol 91.944-2020; 25.6.2021, rol 104.397-2020); el derecho a la indemnización de un licitante no adjudicado que luego obtiene una sentencia favorable en el tribunal de compras (SCS 15.3.2021, rol 4.960-2019; 4.1.2021, rol 75.457-2020); la imposibilidad de utilizar el termino de un empleo a contrata bajo criterios de evaluación de desempeño, porque para eso existen las calificaciones y los procedimientos disciplinarios; la aplicación del principio de confianza legítima como límite a los poderes de revisión de la Administración (SCS 28.12.2021, rol 45.282-2021; 9.11.2021, rol 42.795-2021; 6.10.2021, rol 11.199-2021; 24.2.2021, rol 119.277-2020) y la consolidación del exceso del plazo de los seis meses para efectos de la pérdida de objeto del procedimiento administrativo, en particular, el sancionador (SCS 6.12.2021, rol 150.141-2020; 7.10.2021, rol 17.485-2021; 1.10.2021, rol 22.318-2021).

7. El cambio de integración y el futuro de lo contencioso administrativo

A principio del año 2021 se integró a la Tercera Sala el ministro Mario Carroza. Por su desempeño previo, el ministro ha seguido los criterios tradicionales de la sala, especialmente por la racionalidad sobre la cual está estructurado el contencioso administrativo utilizando el recurso de protección.

En octubre de 2021 se integró a la sala el ministro Jean Pierre Matus. Su incorporación no es trivial. El ministro Matus tiene una manera de comprender el sistema de fuentes para el Derecho Público de un modo distinto al actualmente vigente en la sala. Esto fue especialmente explícito en su primera entrevista, un interesante contrapunto con la que años atrás había expresado el ministro Muñoz cuando asumió la presidencia de la Corte Suprema.

En efecto, una vez que asumió en marzo de 2014, en su primera entrevista a la periodista Ana María Sanhueza en Revista Que Pasa, el ministro Sergio Muñoz respondió directamente los emplazamientos sobre el “gobierno de los jueces” que realizaban sus críticos y para eso les recordó lo que implicaba interpretar las normas en la sociedad democrática actual, la lógica de la Constitución viva, la integridad del sistema de fuentes y por qué el Derecho tenía más arte que ciencia.

En noviembre de este año, el ministro Jean Pierre Matus fue explícito en señalar que a los jueces les corresponden “aplicar las leyes que existen”, una aproximación a una especie de “originalismo” que responde a comprensiones distintas a las que ha tenido la Tercera Sala hasta ahora en la construcción de “principios” para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.

Los ministros Muñoz y Matus tienen aproximaciones diversas del sistema de fuentes aplicables al Derecho Público y, en especial, al Derecho Administrativo. Observar este debate es uno de los aspectos relevantes para el año 2022.

Pero, además, el debate constituyente tendrá impactos para el control judicial de la Administración. Por un lado, por la pretensión inocente de que una nueva regla constitucional con el mandato para la creación de los tribunales de lo contencioso administrativo, tal como lo hicieron los textos originales de las Constituciones de 1925 y 1980, solucionará por sí mismo el problema. Como he señalado en otro momento, la creación de la jurisdicción contenciosa administrativa en Chile siempre ha sido un problema de voluntad legislativa. Enfrentamos en los próximos meses el riesgo de volver a creer en el espejismo constitucional de lo contencioso administrativo.

Por la otra, es eludir un punto ciego. Tal como se ha explicado, el sistema contencioso administrativo chileno descansa fuertemente en el recurso de protección. Un cambio a esta acción directamente en la Constitución, por ejemplo, sacando la acción de tutela de las cortes de apelaciones y trasladándola a los jueces ordinarios, implica alterar radicalmente la forma en que ha operado nuestro contencioso y, en particular, el rol de la Tercera Sala de la Corte Suprema en la gestión de dicha acción frente a la impugnación de los actos administrativos.

El 2022 será un año de desafíos institucionales para la forma en que los jueces han ido construyendo nuestro Derecho Administrativo. A diferencia de 1925 y 1980, hoy la acción de protección —para bien o para mal— cumple un rol en la arquitectura del contencioso administrativo, por eso la simple pretensión de crear dichos tribunales no es suficiente para sostener un sistema que, en los hechos, ha sofisticado la revisión judicial de la Administración Pública.

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"...Para la Corte Suprema el acto administrativo de trámite que impone la orden constituiría una sanción administrativa de plano que se configura por el solo trascurso del plazo impuesto discrecionalmente por la Subtel, al cual le son aplicables los principios de presunción de legalidad, ejecutoriedad y ejecutividad. Esta interpretación no se ajusta a las reglas que informan un justo y racional procedimiento administrativo sancionador..."

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"…La línea jurisprudencial que venía aplicando la falta de servicio a partir del Código Civil y que había dominado el panorama durante más de una década, ha sido reemplazada a partir de 2021 por una nueva línea jurisprudencial que aplica reglas y principios de derecho público. Pareciera que no hay indicios de vuelta atrás…"

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"...Existe un amplio consenso a nivel jurisprudencial en cuanto a que (...) es aplicable en materia de sanciones administrativas. Sin embargo, es un principio de limitada y escasa aplicación práctica, lo cual se explica fundamentalmente por la atribución de competencias sancionadoras a diversos órganos administrativos respecto de una misma conducta..."

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