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Ley para enfrentar la situación pospandemia: ¿un avance relevante en el ámbito procesal penal?

"...Los cambios propuestos no debieran tener un impacto muy relevante en el objetivo esgrimido para justificarlos, sin perjuicio que varios de ellos me parecen positivos por otras razones. Manifiesto, por otra parte, mi preocupación en algunas de las modificaciones que podrían producir efectos indeseables que tengo la impresión no fueron considerados..."

Viernes, 19 de noviembre de 2021 a las 10:49
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Mauricio Duce
El pasado 9 de noviembre el Senado concluyó la tramitación de un proyecto de ley cuyo objetivo central ha sido enfrentar a la situación de congestión judicial que se habría producido como consecuencia de la pandemia experimentada por el país desde el año pasado. El texto incluiría modificaciones en distintas legislaciones procesales (civil, familia, entre otras), pero me detendré solo en el análisis de los principales cambios propuestos al Código Procesal Penal (CPP). Según entiendo, el proyecto aprobado se encuentra en revisión en este momento en el Tribunal Constitucional y podría en poco tiempo más transformarse en ley de la República.

Parto por destacar que nuestro legislador se haya preocupado de una materia que efectivamente ha generado problemas en el funcionamiento del sistema. En esta dirección, me parece positivo la identificación de mejoras específicas en algunas áreas que podría ayudar a superar algunos defectos del sistema. En este contexto, ¿cuáles son los principales cambios que se introducen al CPP? ¿Podrían estos contribuir de manera relevante a reducir la congestión causada por la pandemia? ¿Hay efectos negativos con algunos de ellos? En lo que sigue intento responder a estas preguntas, pero sin poder entrar en el análisis detallado de todas las modificaciones aprobadas.

Me parece que las modificaciones se pueden agrupar en cinco grandes temas: (1) la ampliación de los casos que podrían ser objeto de acuerdos reparatorios; (2) la ampliación de la oportunidad procesal en la que se pueden acordar los acuerdos reparatorios, las suspensiones condicionales del procedimiento, los procedimientos abreviados y las convenciones probatorias; (3) medidas para enfrentar juicios orales de larga duración; (4) la regulación expresa de nulidades parciales en caso de acogerse un recurso de nulidad, y (5) modificaciones varias al procedimiento simplificado. Miradas en su conjunto, me parece que la mayoría de los cambios son positivos, aun cuando creo que su capacidad para producir grandes cambios y ayudar de manera muy significativa a la descongestión es menor. En consecuencia, me temo que se trate de una propuesta insuficiente que requiera potencialmente futuras adiciones y, en todo caso, un enorme esfuerzo de gestión por parte de las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal. Por otra parte, hay algunos cambios que visualizo como problemáticos y creo que eso no fue adecuadamente ponderado al aprobarlos. El análisis más detallado de cada área permitirá fundar mejor mis afirmaciones previas.

Tratándose de la ampliación de los casos que pueden ser objeto de acuerdos reparatorios, el proyecto introduce un listado de delitos que podrían beneficiarse con tal salida alternativa y que potencialmente no quedaban cubiertos en ninguna de las tres categorías que en la actualidad regula el artículo 241 del CPP. Entre ellos se incluyen figuras como los artículos 161 A y B del Código Penal o del artículo 247 del mismo cuerpo. Me parece un avance positivo, pero con una limitación evidente en términos de impacto, por diversas razones. Lo primero es que en la actualidad los acuerdos reparatorios representan un porcentaje bajo del total de términos (el año 2019 constituyeron un 2,28% y el año 2020 solo un 1,16%), por lo que aún con un incremento significativo se tratará de porcentajes marginales a los grandes flujos del sistema. De la mano de esto, muchas de las figuras agregadas, por ejemplo, las que mencioné, constituyen ingresos muy menores del sistema. Además, en otras figuras que se incluyen en el nuevo listado que tienen más peso en los ingresos del sistema, por ejemplo, delitos de amenazas previstos en los artículos 296, 297 y 494 N° 4 del Código Penal o las lesiones leves del artículo 494 N° 5, o ya se encontraban comprendidas en la redacción actual del artículo 241 del CPP o existía una práctica relativamente extendida y consolidada de entenderlos incluidos. En consecuencia, si bien valoro positivamente la ampliación de los acuerdos reparatorios, no creo posible pensar que se traduzca en una medida con impacto de descongestión relevante.

Algo similar ocurre tratándose de la regulación de las nulidades parciales que contempla el proyecto. Se trata de un avance muy positivo. De hecho, en una columna en este mismo medio, de enero del año 2015, argumentaba sobre la necesidad de una práctica jurisprudencial más consistente que las acogiera. Por lo tanto, estamos hablando de un tema de larga data que necesitaba corrección. No obstante lo anterior, también preveo un impacto muy menor de esta reforma en la descongestión del sistema. Primero, ya que en estos años se había consolidado una jurisprudencia, claramente en la Corte Suprema, que admitía a las nulidades parciales, por lo que esta ley no cambiaría el escenario que se da en la práctica del sistema. En segundo término, ya que los casos en los que se concede un recurso de nulidad y luego en que se da una hipótesis de nulidad parcial son una fracción muy menor del total de casos tramitados.

En la misma lógica se podrían también analizar las modificaciones que se aprobaron en materia de desarrollo de juicios de larga duración. El proyecto aprobado introduce varios cambios en materia de plazos y suspensiones que más bien hacen pensar que ellos podrían alargar los tiempos de tramitación de las causas. En todo caso, solo serían aplicables a juicios orales que se extienden por más de seis meses, los que nuevamente son una fracción muy menor de los que se realizan.

Quizás los cambios que podrían tener mayor impacto en el objetivo de esta reforma son los dos que todavía no he analizado. Tengo serias dudas, eso sí, que puedan producir un efecto relevante en descongestión y algunos podrían producir efectos negativos importantes para el sistema.

Así, en materia de procedimiento simplificado se refuerzan los poderes de negociación del fiscal para lograr reconocimientos de responsabilidad y, a su vez, se incrementan los incentivos a los imputados para hacerlo al permitir que en esa hipótesis se pueda bajar la pena originalmente requerida por el fiscal en un grado. Con todo, esto se contempla en la medida en que dicho reconocimiento se realice en la primera audiencia a la que haya sido citado el imputado. Un efecto potencial de esta modificación podría ser el aumento de reconocimientos de responsabilidad y en etapas más tempranas. Esto podría producir un ahorro de recursos del sistema al acortar tramitaciones de estos casos. La verdad es que la evidencia disponible no me deja tan en claro que esto ocurrirá. En efecto, la gran mayoría de los casos de simplificado ya son procesados en la modalidad de reconocimiento de responsabilidad (cerca del 75% el año 2018) y si bien ha existido una baja en los últimos años, ella pareciera deberse a estrategias de defensa que han favorecido la obtención de absoluciones de sus clientes y no simplemente de penas menores. En la contracara, una medida de este tipo podría aumentar el riesgo que personas inocentes reconozcan responsabilidad sin comprender mucho los alcances de lo que han hecho y sus consecuencias. Se trata de un riesgo del cual he investigado y también he descrito en una columna en este mismo medio, en julio del año 2019.

Finalmente, también me parece problemático la ampliación del momento procesal en que se podrían aprobar acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento y procedimientos abreviados. La modificación aprobada permitiría que ellos se decreten no en la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) como última oportunidad, sino que antes de que el auto de apertura sea enviado al tribunal del juicio. Esto se debiera hacer en una audiencia especial solicitada al efecto de común acuerdo entre las partes. Se ha pretendido con esto dar mas posibilidades de evitar que un caso llegue a juicio oral estableciendo un espacio temporal de negociación a partir de los resultados de la APJO. En teoría luce como una medida que podría tener impacto en descongestión al evitar algunos juicios orales. Experiencias comparadas que he conocido ponen en duda esto. Ellas muestran que en la medida que las negociaciones se retrasen a momentos posteriores de los procesos las partes tienden en los casos más difíciles a esperar el último minuto para llegar a estos acuerdos. Con esto se produce un desgaste innecesario de muchos recursos procesales que se podrían haber ahorrado si los incentivos de negociación estuvieran puestos para lograr dichos resultados en momentos previos. Habrá que ver qué es lo que ocurra en la práctica, probablemente encontremos casos que vayan en las dos direcciones descritas y, por lo mismo, que potenciales efectos de descongestión logrados en algunos se compensen con alargamiento o realización de audiencias innecesarias en otros.

En definitiva, pienso que los cambios propuestos no debieran tener un impacto muy relevante en el objetivo esgrimido para justificarlos, sin perjuicio que varios de ellos me parecen positivos por otras razones. Manifiesto, por otra parte, mi preocupación en algunas de las modificaciones que podrían producir efectos indeseables que tengo la impresión no fueron considerados. Ojalá que como país tengamos la misma energía para evaluar el impacto de estos cambios que la que se ha tenido en llevar adelante su tramitación en forma bastante expedita.

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"...Si bien disponemos de normas constitucionales y legales que establecen un derecho a obtener una reparación por errores judiciales y actuaciones del Ministerio Público de distinta naturaleza, la práctica demuestra que se trata más bien de una posibilidad teórica y que la probabilidad real de obtener algún tipo de reparación en estos casos es cercana a cero..."

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