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¿Responsabilidad civil por legislar?

"...Parece sensato que quien, a través de un comportamiento doloso o con culpa grave cause un daño, sea obligado o repararlo. Sin embargo, evidentemente la perspectiva del derecho civil no es la única, ni necesariamente la más importante en asuntos como estos (...) Queda la tarea de justificar por qué frente a conductas dolosas o con culpa grave en el ejercicio de sus funciones, los parlamentarios no deberían responder..."

Miércoles, 03 de noviembre de 2021 a las 16:00
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Iñigo de la Maza
En una columna publicada en el diario El Mercurio, Cristóbal Eyzaguirre ha señalado que los parlamentarios que aprueben el cuarto retiro podrían quedar expuestos a demandas de responsabilidad civil.

Es una tesis provocativa que, comprensiblemente, no ha sido recibida con simpatía por los parlamentarios y parlamentarias que, eventualmente, podrían quedar expuestos a esas demandas. Al leer algunas de sus respuestas, sin embargo, jurídicamente al menos, no se aprende demasiado; estiman que se trataría de un chantaje. Emocionalmente pueden sentirlo así; jurídicamente, tendrían una carga argumentativa más pesada que la expresión de sus emociones.

Acaso lo que, de buenas a primeras, resulte contra intuitivo en el argumento de Eyzaguirre es que los parlamentarios se encuentran ejerciendo la función que, constitucionalmente, les corresponden: legislar.

Sin embargo, como resulta perfectamente evidente, sería incorrecto equiparar, sin más, la participación en el proceso legislativo con el ejercicio de las funciones que ordena —y protege— la Constitución.

Para comprenderlo se puede imaginar un ejemplo (desafortunadamente, en el ámbito chileno no es necesaria demasiada imaginación a este respecto). Un parlamentario participa en el proceso legislativo; su participación aparece, desde la perspectiva de un observador externo, como esmerada. Desde otra perspectiva, la de quien le paga, el esmero obedece a un caso de cohecho.

Bajo esas condiciones resultaría completamente absurdo señalar que ha actuado en el ejercicio de sus funciones, pues, como sea que se defina el ejercicio de sus funciones, excluye una participación en el proceso determinada por el cohecho.

Por supuesto, hasta donde se sabe este no es el caso de los parlamentarios y parlamentarias que favorecen el cuarto retiro. Sin embargo, según mis noticias, no se les está imputando un ilícito penal, sino, eventualmente, uno civil en conformidad a las normas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

Una primera pregunta es si los parlamentarios pueden ser civilmente responsables por sus actos de participación en un proceso legislativo. Salvo que se estime que quien actúa pagado por otro a este respecto no tiene responsabilidad civil por el daño que causa, la respuesta es que, al menos en algunos supuestos, sí responden civilmente ¿Podría afirmarse, sin embargo, que los parlamentarios no responden civilmente por sus actos en el proceso legislativo, salvo que exista un delito penal? A simple vista, no parece haber buenas razones para pensar algo así; al menos no sin importantes cualificaciones.

Si se acepta que los parlamentarios pueden responder civilmente por un ejercicio reprochable de sus funciones que no constituya un ilícito penal, lo que, en realidad, interesa saber es el tipo de reproche que debe formularse.

Al abrigo del derecho civil ese reproche puede tomar la forma de la culpa o del dolo. Ahora bien, un estudio acucioso de la responsabilidad civil muestra que ambos conceptos pueden resultar extremadamente elásticos y así como la culpa del principal por los hechos del dependiente se asemeja —sino se equipara— a la responsabilidad vicaria, la de los padres y madres por los hechos de sus hijos e hijas es mucho más laxa. De esta manera, atendida la enorme flexibilidad con que puede configurarse el reproche, habría que pensar en cómo construir un estándar de culpa y dolo de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

En esa tarea, según me parece, debiésemos mantenernos alejados de dos extremos. El primero de ellos es un estándar extremadamente exigente. El riesgo es el mismo que el de imponer un estándar de esa naturaleza a la prensa: autocensura. Por otra parte, una aproximación pragmática al asunto muestra que, atendida la calidad del proceso legislativo en Chile, si se les hiciera responder por culpa leve, el número de eventuales demandas frente a leyes defectuosas haría que las acusaciones constitucionales fueran un recuerdo reconfortante. La forma en que se encuentra involucrado el bienestar colectivo en el proceso legislativo parece aconsejar un estándar de conducta más bien laxo. Sin embargo, eso no significa irresponsabilidad total (de nuevo, según me parece, razones de bienestar colectivo asociadas a la calidad del proceso legislativo aconsejan desechar la impunidad). Una vez más, mutatis mutandis, el tratamiento de la libertad de prensa puede ayudar. A este respecto, New York Times v Sullivan muestra que debiese ser culpa grave o dolo.

Muy probablemente se me estén escapando cuestiones elementales de teoría política o de derecho público y, acaso, alguna de ellas condene como una insensatez la idea de responsabilidad civil de los parlamentarios. Puede ser, pero, desde la perspectiva del derecho civil parece sensato que quien, a través de un comportamiento doloso o con culpa grave cause un daño, sea obligado o repararlo. Sin embargo, evidentemente la perspectiva del derecho civil no es la única, ni necesariamente la más importante en asuntos como estos. Pero, si en este caso no es la perspectiva adecuada, queda la tarea de justificar por qué frente a conductas dolosas o con culpa grave en el ejercicio de sus funciones, los parlamentarios no deberían responder civilmente, y aquí parece preferibles esgrimir razones a manifestar emociones.

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"... De las decisiones, desde luego, debe preferirse, cualitativamente, la de la Corte Suprema. Con todo, se aprende algo de las dos sentencias (...) si se las observa con atención. Lo que muy probablemente puede reprochársele al tribunal de primera instancia (y a la del tribunal de alzada que confirma la sentencia) es reflexionar como si se tratara de un caso de culpa in eligendo vel vigilando..."

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