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Los derechos a reparación por privaciones de libertad ilegales y por condenas e imputaciones erróneas: elementos para el debate constitucional

"...Si bien disponemos de normas constitucionales y legales que establecen un derecho a obtener una reparación por errores judiciales y actuaciones del Ministerio Público de distinta naturaleza, la práctica demuestra que se trata más bien de una posibilidad teórica y que la probabilidad real de obtener algún tipo de reparación en estos casos es cercana a cero..."

Lunes, 25 de octubre de 2021 a las 13:45
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Mauricio Duce
La evidencia disponible a nivel comparado y la escasa producida a nivel nacional concuerdan en que las privaciones de libertad generadas como consecuencia de detenciones ilegales y los problemas de funcionamiento del sistema de justicia penal que llevan a condenas e imputaciones erróneas producen efectos devastadores en quienes los sufren. Así, se describen enormes daños psicológicos, de salud física, económicos, laborales, familiares y sociales para estas personas. Esto está generando un importante movimiento a nivel comparado para regular el derecho a la reparación en estos casos de manera más amplia a la que históricamente se consagraba.

Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos regula dos derechos vinculados a la reparación de las personas en el contexto de funcionamiento de los sistemas de justicia: el derecho a la indemnización por condenas erróneas previsto en los artículos 10 de la Convención Americana y 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (contenido también en el artículo 3 del Protocolo Nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y el derecho a la reparación por detenciones ilegales previsto en el artículo 9.5 del Pacto Internacional (contenido también en el artículo 5.5 del Convenio Europeo) y que no está regulado en la Convención Americana.

Estos tratados establecen algunas obligaciones que no han sido recogidas en la legislación nacional (la reparación por detenciones ilegales). Con todo, una evaluación de su funcionamiento, que he publicado en forma reciente, muestra que, en conjunto, ambos derechos establecen una oportunidad limitada para reparar a la mayoría de las víctimas de condenas e imputaciones erróneas y su uso ha sido escaso (especialmente la indemnización por condenas erróneas, que ha sido utilizada de manera muy excepcional). De esta manera, el “piso mínimo” que el derecho internacional de los derechos humanos impone a las legislaciones nacionales es bajo a la luz de la gravedad del problema y sus consecuencias para quienes lo sufren. En este contexto, se aprecia que el derecho comparado ha avanzado más allá de las exigencias internacionales y hay un proceso interesante de mejoramiento de los estándares de reparación en estas materias a nivel constitucional y legal, por ejemplo, en países como Alemania, España, Italia y Países Bajos en Europa, como también enorme debate y desarrollos legislativos en países como Estados Unidos o Canadá.

La reparación en materias de condenas e imputaciones erróneas tiene larga tradición en la regulación constitucional en el ámbito nacional. Así, el texto de 1925 contempló en su artículo 20 una norma en esta dirección, la que no tuvo aplicación al no dictarse la ley que debía implementarla. La Constitución de 1980, por su parte, reguló esta materia en la regla conocida como el derecho a la indemnización por error judicial, contemplada en su artículo 19 Nº 7 letra i). Con todo, un conjunto de prevenciones y temores manifestados en la elaboración del texto impusieron exigencias altas para su procedencia.

La norma constitucional vigente permite indemnizar en hipótesis de cierta amplitud, ya que lo hace a quienes hayan sido condenados y a quienes han sido objeto de una persecución penal sin condena en ninguna instancia (cuando su caso haya concluido por un sobreseimiento). Sin embargo, para conseguir dicha indemnización la persona afectada por el error judicial debe obtener un pronunciamiento previo de la Corte Suprema en el que se declare que la resolución respectiva ha sido dictada en forma “injustificadamente errónea o arbitraria”. La evidencia muestra que esta exigencia es la causa central de rechazo de estos casos. Las estadísticas de la Corte Suprema dan cuenta que su uso ha sido escaso y que las situaciones en que se ha concedido estas declaraciones previas son excepcionales. En efecto, entre el año 1980 y el mayo de 2021 se presentaron un poco menos de 160 solicitudes, menos de cuatro al año, y en diez ocasiones se dio lugar a ellas. De estos, en solo dos casos se dio lugar a la solicitud por haber estado la persona en prisión preventiva como consecuencia de una resolución judicial considerada como injustificadamente errónea.

En forma más reciente, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (N° 19.640, de 15 de octubre de 1999) incorporó en su artículo 5° una regla de responsabilidad civil por “conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público”, ampliando de esta forma la posibilidad de obtener reparación por errores causados por el comportamiento de fiscales. Si bien la fórmula utilizada por nuestro legislador se inspira en el lenguaje de la Constitución para la indemnización por error judicial, se trata de un estatuto de responsabilidad separado. Con todo, tampoco se ha traducido en la práctica en un derecho al que se pueda acceder fácilmente. Información proporcionada por el Consejo de Defensa del Estado indica que entre el año 2005 y octubre de 2018 se habían presentado 147 demandas civiles en contra del Estado invocando esta regla, de las cuales solo seis habrían sido acogidas (dos de ellas con sentencias no ejecutoriadas a la fecha en que se proporcionó la información).

En consecuencia, si bien disponemos de normas constitucionales y legales que establecen un derecho a obtener una reparación por errores judiciales y actuaciones del Ministerio Público de distinta naturaleza, la práctica demuestra que se trata más bien de una posibilidad teórica y que la probabilidad real de obtener algún tipo de reparación en estos casos es cercana a cero.

En este contexto, el debate que se inicia en estos días en la convención constitucional abre una enorme oportunidad para lograr una cobertura mayor a la actual en la protección efectiva a las víctimas de las privaciones de libertad ilegales y de las condenas e imputaciones erróneas. Para ello es posible recoger algunas ideas que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, y otras de diversos casos del derecho comparado, que nos permitan plasmar una nueva regulación constitucional más equilibrada.

Recientemente he publicado en Plataforma Contexto un documento en el que desarrollo con un poco más de detalle una propuesta concreta de regulación constitucional en estas materias. Allí incluyo normas concretas posibles y distintas alternativas, además, entrego referencias a investigaciones recientes en las que he fundado estas proposiciones. Los invito a revisarlas con más detalle en el siguiente link.

Les dejo por ahora dos ideas centrales de su elaboración. Estimo que óptimamente estos derechos de reparación debieran estar regulados en dos reglas diversas. Esto permite diferenciar dos problemas algo distintos y, por otra parte, que están vinculados sistemáticamente a derechos diversos. Además, facilita regular con más precisión algunas particularidades de cada derecho. La primera regla debiera contemplarse en la sección que regule al derecho a la libertad personal y la segunda asociada a las normas que establecen garantías judiciales o del debido proceso.

Una segunda cuestión es que la propuesta pone foco en regular a estos derechos como garantías de reparación y no de indemnización, alejándose de la forma como ha solido estar concebido en nuestro país. Esto obedece a la evolución que ha tenido su tratamiento en el ámbito comparado, en donde se entiende que este concepto cubre no solo indemnizaciones pecuniarias en sentido estricto, sino potencialmente otras prestaciones que pueda ofrecer el Estado para reparar los perjuicios sufridos (Vgr. EE.UU. e Italia). Además, esta forma de concebir estos derechos entrega más instrumentos y herramientas al Estado para lidiar con las consecuencias que generan los problemas detrás de las privaciones de libertad ilegales y las condenas e imputaciones erróneas. Por ejemplo, permite cumplir con sus obligaciones entregando prestaciones sociales, educacionales y de otro tipo. Esto, a su vez, facilita la reparación, ya que permite aprovechar prestaciones que pueden provenir de capacidades institucionales y programas en funcionamiento. Todo esto en vista de contar con mayor protección que la que las reglas actuales conceden en la práctica, pero protecciones que se puedan traducir en derechos efectivos y reales.

Más allá de mi propuesta, me parece que estamos frente a un tema que vale la pena discutir con el objetivo de lograr una regulación constitucional que establezca un mejor equilibrio que la actual. Tener un derecho constitucional que no funciona, como ocurre en la situación actual, no parece razonable.

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