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Responsabilidad civil por lesiones al honor y artículo 2331 del Código Civil: ¿reinterpretación o reforma legal?

"...En tiempos de extremada sensibilidad por las características identitarias, de 'cancelaciones' y de 'negacionismo' no conviene que el derecho al honor sea convertido en una especie de herramiento extorsiva o sanción pecuniaria (...) Mientras la norma no se reforme, nos parece inconveniente que la Corte haga interpretaciones que en el fondo son una modificación legislativa..."

Viernes, 24 de septiembre de 2021 a las 15:20
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Hernán Corral
En el último año al menos dos sentencia de la Corte Suprema, de la primera y de la cuarta sala, han elaborado una relectura del art. 2331 del Código Civil para conceder indemnización por daño moral en caso de imputaciones contra el honor.

Recordemos lo que señala este precepto de nuestro Código: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación”.

Desde hace un tiempo se ha requerido de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma. El primer caso, que se dio en un conflicto entre abogados, el Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad sobre la base del derecho al honor consagrado en la Constitución (art. 19 Nº 4): sentencia de 10 de junio de 2008, rol Nº 943-2007. Luego en muchos otros requerimientos ha declarado la inaplicabilidad total o parcial de la norma. Al parecer la última sentencia es la de de 6 de junio de 2017, rol 3194-16. No obstante, en todas estas sentencias hay prevenciones y votos disidentes. Cuando se convocó al Tribunal para declarar la inconstitucionalidad del artículo, lo que implicaría su derogación, la Asociación Nacional de la Prensa alegó que ello podría menoscabar la libertad de prensa, y finalmente no se consiguió el quórum requerido (Acuerdo de Pleno de 24 de mayo de 2011, en proceso 1723-2010).

La ley Nº 16.643, de 1967, fue innovadora al comprender el daño moral en la indemnización en caso de delitos de injuria o calumnia causados por los medios regulados en esa ley: “La indemnización de perjuicios proveniente de los delitos de injuria o calumnia causados por alguno de los medios señalados en esta ley, podrá hacerse extensiva al daño pecuniario que sea consecuencia de la depresión moral sufrida con motivo de la injuria o calumnia por la víctima, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos y aun a la reparación del daño meramente moral que sufriere el ofendido” (art. 34). Esta ley fue derogada por la ley Nº 19.733, de 2001, sobre Libertades de Información y Opinión y Ejercicio del Periodismo pero se mantuvo la misma regla limitativa: la indemnización por daño moral se circunscribe a los daños causados por los delitos de injuria y calumnia cometidos a través de un medio de comunicación social: “La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales. La comisión de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 29, dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral” (art. 40).

Aún así, los tribunales han ido intentando restringir la aplicación de la regla del art. 2331 en cuanto niega indemnización del daño moral en las imputaciones contra el honor y se señala que se aplica sólo a las imputaciones y no a las conductas denigratorias, o que se trata de imputaciones dolosas y no a aquellas que se vierten por descuido o culpa. Igualmente, en el caso de infracciones a la ley Nº 19.496, de 1997, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (texto refundido por D.F.L. Nº 3, de 2019) se aplica con preferencia el art. 3 letra e). Por ejemplo, si los sistemas de seguridad y vigilancia no respetan la dignidad de las personas (art. 15) el consumidor afectado puede demandar por el daño moral.

Durante un tiempo hubo pronunciamientos que excluían el daño moral: así la Corte de Concepción por sentencia de 12 de diciembre de 1997, con fallo confirmado por rechazo de casación de Corte Suprema (Revista de Derecho y Jurisprudencia t. XCV, sec. 4ª, 228); y de Corte de Valdivia, con fallo con casación rechazada por C. Sup. (30 de enero de 2002, rol Nº 4313-2001). Aunque ya en 1996 la Corte Suprema había señalado que si bien el art. 2331 no contemplaba indemnización por daño moral ella provendría del art. 2314 (C. Sup. 2 de abril de 1996, rol Nº 32610-1995, en Fallos del Mes Nº 449, p. 785), pero posteriormente la Corte reafirma la postura de que el art. 2331 excluye la indemnización del daño moral (C. Sup. 16 de diciembre de 1996, en Gaceta Jurídica Nº 198, p. 20).

No obstante, en el último tiempo se ha comenzado a señalar que el art. 2331 no excluye el daño moral y se análoga lo que sucedió con el art. 1556 que durante mucho tiempo se pensó que excluía el daño moral en la responsabilidad por incumplimiento de contrato y hace ya bastante años se señaló que el hecho de que mencionara el daño emergente y el lucro cesante no implicaba que se dejara fuera la indemnización del daño moral contractual.

Más recientemente la Corte Suprema, tanto en su primera sala como en la cuarta, ha comenzado a reinterpretar el art. 2331 para poder otorgar indemnización por daño moral, incluso contra medios de comunicación social aunque no haya condena penal por injuria o calumnia.

La primera sentencia que aparece sostenerlo es la de Corte Suprema (primera sala) de 13 de junio de 2017, que rechaza recursos de casación presentados por El Mercurio S.A.P. al haber sido condenado por haber informado de manera irregular la salida del demandante de Carabineros como si hubiera sido expulsado por nexos con una banda de narcotraficantes. En el recurso de casación se invoca el art. 2331 del Código Civil que habría sido infringido al dar lugar la sentencia de instancia a una indemnización por daño moral. La Corte reconoce que prima facie el texto del artículo llevaría a la imposibilidad absoluta de indemnizar el daño moral por imputaciones injuriosas, pero señala que el progresivo reconocimiento de la indemnización del daño moral y además la consagración constitucional del derecho a la honra, así como el precepto del art. 2329 que habla de todo daño, permiten estimar no infringido el art. 2331 por la concesión de indemnización (cons. 12º a 15º). Además, y citando un trabajo nuestro (“Sobre la responsabilidad civil de los periodistas y de los medios de comunicación social por atentados a la honra, intimidad e imagen”, en Información Pública, Escuela de Periodismo U. Santo Tomás, 4, 2006, 2, pp. 253-286), señala que en el caso no se trató sólo de violación de la honra, sino de la imagen e identidad, ámbito en el que recupera vigencia el principio de reparación integral del daño (cons. 16 y 17º).

Un paso más da la sentencia, también de la primera sala de la Corte Suprema de 7 de junio de 2021 (rol Nº 6296-2019) que rechaza un recurso de casación en el fondo presentado por Megavisión en contra de una sentencia que la obligaba a indemnizar perjuicios morales a la sociedad Artesanos del Sur Ltda. por un reportaje en que se afirmaba que los productos de la empresa se mantenían en condiciones poco higiénicas. El reportaje fue transmitido en al menos cuatro días. Siguiendo un estudio específico de la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, la sentencia señala que no por el hecho de haber omitido la mención del daño moral se debe entender que ha sido excluido, máxime si en la época de elaboración del Código Civil el mismo concepto de daño moral no era conocido. Se alude también al giro en la interpretación del art. 1556 que llevó a que se advirtiera que la no mención del daño moral en sede de incumplimiento contractual no era sinónimo de exclusión de esa partida indemnizatoria. Se invoca el principio de reparación integral del daño y la consagración constitucional del derecho a la integridad psíquica y a la honra de la persona y su familia (cons. 10º a 19º).

Un tercer paso en esta dirección lo da esta vez la cuarta sala de la Corte Suprema, en sentencia redactada por la abogado integrante Leonor Etcheberry. En el caso hubo condena penal por injurias pero entre particulares, y el demandante pedía ahora en juicio civil indemnización por el daño moral sufrido. El tribunal de primera instancia concedió esa indemnización, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso la revocó y negó la indemnización por entender que el art. 2331 del Código Civil la hacía inadmisible. La Corte acogió el recurso de casación en el fondo que presentó el demandante y nuevamente señaló que el hecho de que el art. 2331 no mencionara el daño moral no implica que no pueda incluirse en la indemnización. Los magistrados cayeron en la cuenta que si se incluyera el daño moral la norma sería superflua y no diría nada nuevo a lo señalado en el art. 2329. No obstante, la sentencia se fija en la segunda parte del precepto que señala que si se prueba la verdad de las imputaciones no procederá ni siquiera la indemnización por daño patrimonial. Es esta exceptio veritatis la que permite darle sentido a la norma y no considerarla un precepto redundante.

En doctrina, se ha sostenido que se trata de una norma injusta por negar indemnización del daño que justamente es más propio de los atentados a la honra, y que por ello la norma sería inconstitucional (José Luis Díez Schwerter, El daño extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, p. 125). Más recientemente se ha argumentado que la norma debe considerarse tácita u orgánicamente derogada (Enrique Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Edit. Jurídica de Chile, 2ª edic., Santiago, 2020, t. I, Nº 405, p. 619) o que puede considerársela inconstitucional (nuestras Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual, Thomson Reuters, Santiago, 2ª edic., 2013, p. 381).

La profesora Carmen Domínguez ha defendido con argumentos persuasivos una relectura de la norma. La protección y tutela del derecho a la honra de la persona, según la destacada civilista, debe implicar el resarcimiento del daño moral que es el daño que las lesiones a ese derecho produce por lo que negarlo va contra la dirección de la doctrina y jurisprudencia de una mejor comprensión del daño moral que en ningún caso será automático y sólo se indemnizará comprobada judicialmente que sea la ilicitud y la imputabilidad. Bello no habría podido excluir el daño moral dado que esa noción ha sido una creación moderna al menos desde comienzos del siglo XX y propone una lectura análoga a la que se hizo del art. 1556 para admitir el daño moral por incumplimiento contractual: la simple omisión no significa exclusión. Frente a los alegatos de algunos constitucionalistas de que ello restringiría la libertad de prensa de los medios, hace ver que los casos que proponen podrán ser los más emblemáticos pero no dan cuenta de todos los casos de responsabilidad por lesión a derechos de la personalidad y que, al quedar sujetos a la reparación por daño moral, se elevarán los estándares de conducta de los medios de comunicación lo que sería beneficioso. Reconoce sí que en Francia la ley de prensa exige delito para aplicar la responsabilidad civil, pero señala que hoy ese criterio es muy cuestionado por la doctrina. Aboga así por una interpretación del art. 2331 que admita la indemnización del daño moral sin necesidad de que se declare inaplicable por inconstitucional, para que así el derecho civil se comprometa en el desarrollo de una completa teoría de los derechos de la persona (“La tutela al honor: una mirada presente y hacia el futuro”, en Estudios de derecho civil VII, Thomson Reuters, Santiago, 2011, pp. 797-810; republicado como “El principio de reparación integral del daño y su proyección en materia de daño moral causado por afectación al honor de la persona en Chile”, en C. Domínguez, edit., El principio de reparación integral, Thomson Reuters, Santiago, 2029, pp. 123-138).

Si esta interpretación se consolida, como parecen mostrar los dos recientes fallos de la Corte Suprema no habrá ya que tratar de restringir la norma ni reclamar que se la declare inaplicable por inconstitucional.

Pensamos, sin embargo, que esta interpretación es discutible, como lo hemos sostenido (Lecciones, p. 382, nt. 526, en que discrepamos del artículo de la profesora Domínguez en su primera publicación). Primero porque la analogía con el art. 1556 no es correcta, ya que este precepto se limita a disponer que “la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante...” que provengan del incumplimiento de una obligación, mientras que el art. 2331 tiene un tenor distinto: tratándose de imputaciones injuriosas contra el honor y crédito de una persona señala categóricamente que “no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero”. Como se ve, no hay una simple omisión sino una clara exclusión ya que se señala expresamente que esas imputaciones no dan derecho a indemnización salvo que se pruebe daño patrimonial. Enseguida, se señala que esto afectaría derechos constitucionales, pero eso es una evaluación que no corresponde a los tribunales ordinarios, y además debe señalarse que el legislador puede proteger los derechos constitucionales de diversas maneras y no sólo por la responsabilidad civil por daño moral. El principio de reparación integral del daño es tautológico porque dice que debe repararse todo daño que sea resarcible, suponiendo que ya se ha asumido que cierto daño lo sea.

Finalmente, siguiendo a Javier Barrientos, hemos de señalar que el argumento de que el daño moral era desconocido en la época del Código no es riguroso, porque si era desconocido no se entiende por qué Bello exigió que se probara daño patrimonial tratándose de imputaciones contra el honor. Lo cierto es que las leyes castellanas (por ejemplo las Partidas: 7.9.21) contemplaban una pena y reparación en una suma de dinero que debía pagar el autor de las difamaciones al ofendido, lo que reparaba lo que ahora conocemos como daño moral aunque en esa época no se lo denominara así. Esto es lo que Bello, al parecer siguiendo a Bentham, consideró que podía volverse abusivo y excluyó esta indemnización por la sola injuria exigiendo que se probara daño emergente y lucro cesante apreciable en dinero. Así consta en una nota que puso Gabriel Ocampo al proyecto de 1855 al margen del art. 2331 y que señala que se cambia la ley hasta ahora vigente: anota “derogatorio de la práctica y de las leyes que permiten estimar la injuria en una cantidad de dinero” (cfr. (Barrientos Grandón, Javier, El Código Civil. Su Jurisprudencia e historia, Thomson Reuters, Santiago, 2016, t. II, art. 2331, p. 1096).

Por eso, pensamos que este artículo debiera reformarse primero para derogar la exceptio veritatis que sólo tiene sentido en materia penal, ya que la exclusión de indemnización en estos casos es más directamente contraria al principio de reparación integral ya que niega incluso la reparación del daño patrimonial. Por cierto, deberá acreditarse que la imputación, aunque veraz, lesiona la honra de la persona sin que haya un interés público que la justifique.

Enseguida, debe reformarse la norma para admitir la procedencia del daño moral puro en las imputaciones que se hacen por particulares, y no a través de medios de comunicación social. A su vez, convendría modificar el art. 40 de la ley Nº 19.733 para que toda vez que se cometiera un delito (y no sólo contra el honor, sino también contra la vida privada conforme con los arts. 161-A, 161- B y 161-C del Código Penal) a través de un medio de prensa se deba indemnizar también el daño moral.

En tiempos de extremada sensibilidad por las características identitarias, de “cancelaciones” y de “negacionismo” no conviene que el derecho al honor sea convertido en una especie de herramiento extorsiva o sanción pecuniaria para los medios de comunicación social, ya que esto podría limitar la libertad de emitir opinión e incluso la de informar al tener que hacer frente a indemnizaciones cuantiosas que personas reclamen por sentirse ofendidas por una noticia o una opinión. Este peligro es más serio para una sociedad democrática que el de contar con medios con estándares bajos de calidad profesional.

Mientras la norma no se reforme, nos parece inconveniente que la Corte haga interpretaciones que en el fondo son una modificación legislativa. Por cierto, si la persona agraviada prueba que perdió el trabajo o sufrió consecuencias pecuniarias derivadas de la imputación injuriosa como tratamientos psiquiátricos o medicación para trastornos psicológicos, puede solicitar indemnización, porque se trata de daños patrimoniales. Igualmente, si hay violación a la vida privada, a la imagen o a datos personales habrá derecho a pedir indemnización por daño moral, en la medida en que se este se acredite por los medios probatorios que procesalmente procedan.

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