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Principios éticos de la judicatura (la imparcialidad de los jueces)

"...El identificarse un magistrado con ciertos grupos o conglomerados sociopolíticos, de clara y pública tendencia ideológica, con publicidad gráfica de ello, y expresa o tácitamente identificarse con sus propuestas, algunas relativas al Poder Judicial, en circunstancias que el juez sigue desempeñando todos los días su ministerio e integra este poder, puede configurar una vulneración del precepto ético..."

Miércoles, 08 de septiembre de 2021 a las 15:46
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Carlos Künsemüller
Han transcurrido varios siglos desde que Montesquieu calificara a los jueces como la boca que pronuncia las palabras de la ley, privándoles de toda función en la interpretación jurídica.

Actualmente, superada hace ya tiempo aquella concepción basada en la desconfianza, nadie duda que sin juez no hay proceso de ley y que, sin juez ni proceso, se hacen humo fundamentales garantías del individuo frente al poder del Estado y de los actos ilícitos de otros miembros de la sociedad.

El connotado procesalista argentino Julio Maier —autor, entre muchas otras obras, del Código Procesal Penal Modelo— afirma que la palabra “juez” no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el calificativo de “imparcial”. Añade que el adjetivo “imparcial” integra, desde un punto de vista material, el concepto de “juez”, cuando se lo refiere a la descripción de la actividad concreta que le es encomendada a quien juzga y no tan solo a las condiciones formales que, para cumplir esa función pública, el cargo requiere. Lo que el calificativo significa desde su contenido, “determina, básicamente, el concepto de juez mirado desde su función”1.

El calificativo de “imparcial”, aplicado al juez y la nota de “imparcialidad”, aplicada a su tarea, implican una serie de previsiones, de máximas que pretenden lograr la ansiada aproximación al ideal de la imparcialidad del juzgador: “La independencia de los jueces de todo poder estatal que pueda influir en la consideración del caso; la imparcialidad frente al caso, determinada por la relación del juzgador con el caso mismo y los protagonistas del conflicto, mejor caracterizada como motivos de temor o parcialidad del juez. Estos elementos dan origen a la denominada neutralidad del juez. Cada juez —nos dice Maier, quien fuera magistrado— cuando juzga y decide un caso concreto, es libre — independiente de todo poder, inclusive del judicial— para tomar su decisión y solo se le exige que su fallo se conforme con aplicar el Derecho vigente, esto es, que se someta a la ley. Salvo la ley que rige el caso, se prohíbe que determine su decisión por órdenes de cualquier tipo y conveniencias. En ello reside la independencia judicial2.

El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, normativa creada a instancias de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, aprobado por la Corte Suprema chilena —y difundido a todos los jueces de Chile, presumiblemente conocedores del texto— recoge una serie de principios éticos como núcleos concentrados de ética judicial y establece, como principio rector, que “el juez independiente es aquel que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo” (art. 2º.).

De acuerdo al art. 3º., el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias —directas o indirectas— de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial.

La independencia judicial implica la prohibición dirigida al juez de participar de cualquier manera en actividad política partidaria (art. 4º).

El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio (art. 10º).

De acuerdo al art. 13º., el juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables, provenientes de su propia conducta o de la de los otros integrantes de la oficina judicial.

La ministra de la Corte Suprema, doña Rosa María Maggi Ducomun, integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, ha manifestado que “la aplicación del Código Iberoamericano de Ética Judicial permite instalar el respeto de la ética como principio rector de conducta entre los integrantes del Poder Judicial. Incorporar sus principios en nuestro comportamiento cotidiano contribuirá sin duda a fortalecer el respeto de los valores y nos impulsará a cultivar las virtudes que caracterizan al hombre justo”.

Continuando con las citas de Maier, cuyas enseñanzas han rendido grandes frutos en nuestro país, señala este tratadista que no por ser independiente de los poderes del Estado el juez es imparcial, sino que, además de ello, debe asegurarse que la persona puesta frente al caso garantiza la mayor objetividad posible al enfrentarlo. A esta situación del juez, en relación al caso que le toca juzgar, se la denomina, propiamente, imparcialidad. Las reglas sobre imparcialidad intentan impedir que sobre el juez recaiga la sospecha de parcialidad3.

La garantía del juez imparcial se halla contenida en todos los tratados y convenciones sobre derechos humanos, desde el siglo XVIII.

La Convención Americana de Derechos Humanos asegura que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente e imparcial.

Frente a la doctrina y normativa transcritas, resulta incompatible con ellas la conducta de un magistrado que con su comportamiento refleja favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de ciertos imputados. También habrá de contravenir la prohibición de evitar toda apariencia de trato preferencial o especial hacia ciertos justiciables. No se emplea adecuadamente la equidad, cuando no está orientada a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley (art. 39, Código Iberoamericano).

De conformidad al art. 60 del Código Iberoamericano, el juez debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social.

El identificarse un magistrado con ciertos grupos o conglomerados sociopolíticos, de clara y pública tendencia ideológica, con publicidad gráfica de ello, y expresa o tácitamente identificarse con sus propuestas, algunas relativas al Poder Judicial, en circunstancias que el juez sigue desempeñando todos los días su ministerio e integra este poder, puede configurar una vulneración del precepto ético.

Si el adjetivo imparcial integra, por esencia, el concepto juez, el o la magistrado(da) no solo deberá preocuparse de serlo, sino también de parecerlo, de manera de no suscitar dudas en la sociedad acerca del modo en que cumple el servicio judicial.

El Capítulo VII del Código Iberoamericano trata de la cortesía, en cuanto forma de exteriorizar el respeto y consideración que los jueces deben a sus colegas y, en general, a todos quienes se relacionan con la administración de justicia.

Las inculpaciones genéricas a superiores jerárquicos y a los colegas, en general, por supuestas conductas delictivas, sin mayor fundamento jurídico admisible, se divisan como contrarias, no solo al precepto del art. 9º., sino también del art. 8º —el juez debe ejercer con moderación y prudencia su poder jurisdiccional— y del art. 60º., que le imponen al juez el deber de evitar obtener reconocimiento social injustificado o desmesurado, el que en el supuesto mencionado, se procuraría obtener mediante tales acusaciones , difundidas publicitariamente.


1 Maier, Derecho Procesal Penal, T. I, Fundamentos, Edic. del Puerto, s.r.l., 2002, p. 739.
2 Maier, cit., pp. 746-747.
3 Maier, cit., p. 752.


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"...El identificarse un magistrado con ciertos grupos o conglomerados sociopolíticos, de clara y pública tendencia ideológica, con publicidad gráfica de ello, y expresa o tácitamente identificarse con sus propuestas, algunas relativas al Poder Judicial, en circunstancias que el juez sigue desempeñando todos los días su ministerio e integra este poder, puede configurar una vulneración del precepto ético..."

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