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Utilitas contrahentium, colaboración y distribución de riesgos

"...En los contratos unilaterales y gratuitos el deudor debe emplear la máxima diligencia, pues responde hasta de la culpa levísima. Este será también el límite del caso fortuito o fuerza mayor que le impida el cumplimiento. Así se explica que en el fallo se aluda al 'mayor cuidado', como aquel exigible al demandado en el cuidado de la cosa..."

Viernes, 03 de septiembre de 2021 a las 9:45
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Lilian San Martín
El 25 de agosto recién pasado la Corte Suprema dictó sentencia en la causa rol N° 2012-2019, relativa a un contrato de comodato de automóvil en que, al día siguiente de la entrega, el conductor se ve involucrado en un accidente, haciendo abandono del vehículo y sin realizar inmediatamente la denuncia del siniestro. Esta última circunstancia, sumada a que se había excedido el límite máximo anual de cobertura por evento, determinó que la compañía aseguradora negara la indemnización. A estos antecedentes cabe agregar el hecho de que el comodatario firmó una carta de responsabilidad en la que se establecía que, en caso de siniestro, debía pagar un deducible de 10 UF. En virtud de esta cláusula, el comodatario, demandado por el valor total del vehículo, sostenía que su responsabilidad se limitaba a esa suma, pues, en su concepto, constituía una cláusula limitativa de responsabilidad.

Los tribunales concluyeron que no se trataba de una cláusula limitativa de responsabilidad, sino de una previsión para el caso en que el siniestro fuera cubierto por un seguro, lo que en los hechos no había ocurrido, de suerte que se aplicaban las reglas generales de responsabilidad. Además, concluyeron que el demandado no había empleado “el mayor cuidado o necesario cuidado en la conservación de la cosa, y, por ende, es responsable del deterioro del vehículo, ya que este no se produjo por un hecho de la naturaleza ni por el uso legítimo de la cosa, sino por su empleo indebido”.

El fallo rápidamente reseñado me permite analizar una serie de cuestiones importantes en la práctica contractual, como son la importancia del grado de diligencia exigible al deudor a la hora de establecer la responsabilidad contractual, las consecuencias que se siguen de la falta de colaboración entre las partes del contrato, la delimitación de responsabilidad sobre la base de la distribución de riesgos del contrato y, finalmente, la causalidad alternativa en materia de responsabilidad contractual.

En cuanto a lo primero, el fallo me permite recordar que, si bien suele señalarse que la responsabilidad del deudor alcanza a la culpa leve, lo cierto es que en Chile el grado de diligencia exigible al deudor en el cumplimiento de su obligación no responde a una regla única, uniformemente aplicable en todos los casos, sino que ella depende de la antigua regla romana de la utilitas contrahentium (artículo 1547 C.C.). De esta manera, en los contratos unilaterales y gratuitos el deudor debe emplear la máxima diligencia, pues responde hasta de la culpa levísima. Este será también el límite del caso fortuito o fuerza mayor que le impida el cumplimiento. Así se explica que en el fallo se aluda al “mayor cuidado”, como aquel exigible al demandado en el cuidado de la cosa.

Con todo, cabe señalar que la regla de la utilidad no es simétricamente equivalente a la distinción entre contratos unilaterales y bilaterales, pues es perfectamente posible que un contrato unilateral y, en principio gratuito, reporte también beneficio para el acreedor, en consecuencia, el deudor ya no responderá de culpa levísima, sino de culpa leve. Esta idea se encuentra recogida justamente en el contrato de comodato, artículo 2179, pues desde antiguo se reconoce que hay casos en que el comodato es beneficioso también para el comodante o incluso solo para este último, como cuando el préstamo se realiza para que el comodatario esté en grado de prestar un favor al comodante, en cuyo caso la responsabilidad del comodatario se limita a la culpa grave. Tratándose del préstamo de vehículo, un ejemplo se encuentra en aquellos casos en que se presta el vehículo a una persona para que vaya a recoger a unos familiares del dueño al aeropuerto, evidentemente aquí el comodato “cede en pro del comodante”, tal y como señala el artículo 2179. En el caso, el comodato se encuadra en una operación mayor, en que el comodante estaba reparando el vehículo del comodatario, de suerte que resulta legítimo preguntarse si en este caso efectivamente debía aplicarse la regla de la culpa levísima o más bien de la culpa leve, porque no puede excluirse que el comodante reportara también beneficio del contrato.

La otra cuestión que me viene a la mente con este fallo es la idea de colaboración entre las partes de la obligación. En el caso, una de las razones porque se niega la cobertura es el hecho de que el demandado, en cuanto conductor del vehículo, no estampó la denuncia policial del siniestro, conforme suelen exigir las pólizas de seguro automotriz. En efecto, las compañías aseguradoras recurrentemente condicionan el pago de la indemnización a esta circunstancia. De esta manera, resulta fundamental que el conductor del vehículo, en este caso el comodatario, realice tal denuncia, pues solo así el dueño del vehículo (comodante) puede acceder al monto asegurado. Este hecho determina la existencia de una necesidad de colaboración entre las partes del contrato, consistente justamente en la denuncia requerida para que el comodante obtenga la cobertura contratada. La omisión de esta denuncia comporta la inobservancia de la colaboración y, en consecuencia, conlleva una serie de consecuencias para el reticente, las que se desencadenan con independencia de quien haya tenido la responsabilidad en la producción del accidente. Así, desde una perspectiva general, el caso permite concluir que la colaboración entre las partes del contrato impone al conductor del vehículo la necesidad de observar aquellas conductas que posibiliten el acceso a la cobertura del seguro, de suerte que, si no lo hace, será responsable frente al dueño por las sumas que no haya podido obtener de la compañía aseguradora, esto incluso si él no ha tenido responsabilidad alguna en la causa del accidente, pues no se trata de la responsabilidad por la pérdida del vehículo, sino por la pérdida de la indemnización.

Sin perjuicio de todo lo anterior, no puedo pasar por alto el hecho de que la omisión de denuncia no es la única causal esgrimida por la compañía de seguros para denegar la cobertura, sino también por “haberse excedido el límite máximo de cobertura por evento”. Esto significa que, incluso si el demandado hubiese realizado oportunamente la denuncia del siniestro, igualmente no habría habido cobertura por parte de la aseguradora, lo que lleva a preguntarse qué habría ocurrido en este caso. La lectura de la sentencia pareciera sugerir que, independientemente de la razón por la cual no operó el seguro, el hecho de que no haya operado es suficiente para excluir la limitación de responsabilidad. Sin embargo, la cuestión no es sencilla, pues se entronca con la idea de riesgos previstos y asumidos por las partes al tiempo de contratar, que a su vez se relaciona con los supuestos sobre los que se construye la relación contractual. En el caso, la distribución de riesgos pareciera ser más o menos la siguiente: el comodante queda encargado de mantener un seguro para la cobertura de siniestro, mientras que el comodatario asume la obligación de pagar las 10 UF de deducible del correspondiente seguro, este último sería el daño previsto por el comodatario al tiempo de contratar. Este límite quedaría excluido cuando la falta de cobertura del seguro se deba a la ausencia de colaboración del comodatario, quien no observó las cargas que la póliza impone a los conductores, pero no parece correcto que el límite también decaiga cuando dicha falta de cobertura se deba a una circunstancia que no le es imputable, pues esto excede el riesgo asumido por él. En consecuencia, no basta el solo hecho de que el siniestro quede sin cobertura para que el comodatario sea obligado a pagar el total del vehículo, es necesario que esa falta de cobertura se deba a un hecho imputable a él.

Finalmente, solo para añadir otro elemento al análisis, no deja de llamar la atención el hecho de que estaríamos en presencia de lo que se conoce como causalidad alternativa. Es decir, suprimido mentalmente el hecho imputable del demandado, no desaparece el daño, pues subsiste una causa que lleva al mismo resultado: la privación de la cobertura por parte de la compañía aseguradora. En este punto la cuestión es quién se ve “beneficiado” con la negligencia ajena. El comodatario, quedando exento del pago por el hecho de que el comodante no tenía verdaderamente una prima de seguro, o el comodante, que ve cubierto un siniestro por el cual no tenía póliza de seguro. El fallo claramente se inclina por esta segunda alternativa, pero cabe dudar si esa es la solución a que llevan las reglas del Código, pues, en casos semejantes, la solución es más bien la contraria. En efecto, a propósito del caso fortuito del que responde el deudor en mora, se señala como excepción el hecho de que el caso fortuito hubiera igualmente dañado la cosa en poder del acreedor (artículos 1547 inc. 2º y 2178 Nº 1), de modo que la causalidad alternativa, incluso aquella que no es imputable a ninguna de las partes, beneficia al deudor y no al acreedor. Solución exactamente contraria a la que se desprende del fallo.

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