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Emisiones y sacrificio ambiental: cuando el Estado llega tarde

"...Con los estándares del derecho comparado, los extensos retrasos en la adopción de medidas eficaces contra la contaminación atmosférica, que en nuestro medio han provocado zonas de pasivos ambientales desde hace décadas, implicaría que los casos resueltos este mes sobre Lota-Coronel hubiesen tenido otro destinatario desde hace un tiempo: el Estado, por su ineficaz actuación..."

Lunes, 30 de agosto de 2021 a las 10:05
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Luis Cordero
A principios de este mes se conoció una sanción contra el Estado francés por no cumplir con la reducción de la contaminación atmosférica, esto frente a incumplimientos reiterados a las recomendaciones del Consejo de Estado. Desde 2017 se le estaba exigiendo la adopción de medidas para reducir material particulado y dióxido de nitrógeno. La decisión de la justicia administrativa, en este caso, es el resultado de que la administración francesa no adoptó “las medidas suficientes para garantizar la plena ejecución de las decisiones” previas. El origen del asunto esta en la intervención de organizaciones de la sociedad civil, quienes requirieron la adopción de medidas judiciales contra el retraso y la ineficacia estatal. Esta decisión se suma a otra del mes de febrero de este año, donde se declaró culpable al Estado francés por su inacción en la lucha contra el cambio climático, especialmente por incumplir la trayectoria climática entre 2015 y 2018, que el propio Estado prometió. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a Alemania (2021), Italia (2020), Francia (2019) y Polonia (2018) por incumplir la Directiva de Calidad del Aire, especialmente por la ineficacia de las medidas contra el material particulado.

En nuestro caso, este mes de agosto la Corte Suprema, en el contexto de la resolución de otras acciones ambientales, también ha reprochado al Estado su ineficacia en la adopción de medidas contra la contaminación atmosférica y, en particular, por la tolerancia que ha manifestado en la generación de zonas de intensos pasivos ambientales. Por un lado, en dos acciones por daño ambiental, donde se debatía la responsabilidad que le correspondía a dos centrales termoeléctricas en la contaminación acumulada en la zona de Lota-Coronel-Talcahuano (SCS 03.08.2021, roles Nº 3.647-2019 y 3.928-2019), la corte advirtió, más allá de si correspondía o no imputar responsabilidad a las empresas demandadas en particular, que el Estado había retrasado la adopción de medidas suficientes para descontaminar la zona desde el 2006 ante la superación de las norma de emisión de material particulado.

A su vez, en otra decisión, donde se debatía el tipo de instrumento al cual debía someterse a evaluación ambiental una planta desaladora en la zona de Puchuncaví-Quintero (SCS 19.8.2021, rol 22.356-2021), la corte recordó su precedente de 2019 (SCS 11.3.2019, rol 5888-2019), donde indicó que dicha zona tenía particularidades desde el punto de vista ambiental dada la cantidad de instalaciones industriales que existen en ella y donde el Estado ha mantenido históricamente una actuación ineficaz en la adopción de medidas que favorezcan la descontaminación. En opinión de la corte, la evaluación de la desaladora, así como de cualquier otro proyecto que desee instalarse en la zona, requiere considerar la interacción de la actividad con la acción del resto de las empresas que se encuentran en la zona. Hasta el día de hoy la corte exige reportes a los organismos estatales sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas por ella en marzo de 2019.

Y es que la discusión de estos casos del mes de agosto revela las debilidades de nuestro diseño institucional, en particular la inexistencia de reglas que permitan fiscalizar eficazmente los retrasos en la adopción de medidas de descontaminación atmosférica en zonas donde existe evidencia de sus incumplimientos. En un trabajo anterior (Cordero-Insunza, 2021), donde acreditamos la ineficacia de la participación ciudadana en los planes de descontaminación, también evaluamos el retraso abusivo en la adopción de estos, como se expresa en el siguiente cuadro:


Elaboración: actualización sobre la base del criterio de López, 2016.

Como señaló el Informe a las Naciones del CR2 en materia de contaminación atmosférica en 2020, una de las barreras identificadas para la eficacia de las medidas de los instrumentos para abordar la calidad del aire está en “los extensos tiempos requeridos para declaración de zona saturada y elaboración de los PDA, lo que se traduce en una dilatación y gestión ineficiente del problema” (p. 42). Y si bien, se ha logrado disminuir la contaminación de modo significativo en ciudades como Santiago, una buena cantidad de ellas por cambios de tecnología, estas medidas han agotado su potencial (CR2, 2021, p. 26; O’ryan-Ibarra, 2018) y los retrasos en la adopción de medidas públicas eficaces generarán cada vez más impactos negativos.

Lo anterior es aún más complejo si consideramos que las sanciones por los retrasos en la adopción de estas medidas son estructuralmente imposibles, pues la Superintendencia del Medio Ambiente carece de competencias para fiscalizar dichas demoras y la Contraloría solo puede advertir de estos en las auditorías que ha realizado o en los alcances formulados en algunos planes de descontaminación.

Con los estándares del derecho comparado, los extensos retrasos en la adopción de medidas eficaces contra la contaminación atmosférica, que en nuestro medio han provocado zonas de pasivos ambientales desde hace décadas, implicaría que los casos resueltos este mes sobre Lota-Coronel hubiesen tenido otro destinatario desde hace un tiempo: el Estado, por su ineficaz actuación.

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"…Tanto las partes interesadas como la jurisprudencia muestran un cierto desconocimiento de una materia regulada cumplidamente en la legislación vigente, como es la adquisición por prescripción del derecho real de servidumbre eléctrica…"

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