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Protección social y covid-19

"...Un sistema armónico y equitativo, ante circunstancias exógenas a la relación laboral —como es el caso de la obligada detención económica derivada de la pandemia—, corresponde hacer recaer en la sociedad todo su impacto, sin causar un detrimento en las cotizaciones acumuladas por los trabajadores en aspectos básicos de la protección social..."

Viernes, 02 de julio de 2021 a las 9:30
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Héctor Humeres
La irrupción del fenómeno de la pandemia durante el año 2020 en todo el mundo provocó un impacto significativo en la vida tanto económica como social de muchos países, incluido el caso de Chile.

En el ámbito productivo, la detención obligada de las empresas determinada por el Estado con la finalidad de frenar la expansión del virus del covid-19 significó la pérdida o suspensión de una gran cantidad de empleos, privando así a una cantidad muy significativa de trabajadores de sus ingresos habituales; ello, a su vez, implicó para estos y sus familias verse expuestos a una pérdida de su estándar de vida y, en muchos casos, de su propia supervivencia.

Ello significó poner a prueba el sistema de protección social del país, el que ya tiene una larga data. Los hechos han demostrado que para los trabajadores formales existe un sistema que tiene una amplia cobertura, el que comprende medidas tanto desde el ámbito de la salud hasta el del seguro de desempleo, accidentes del trabajo, prestaciones y pensiones; lo que es objeto de discusión es si las prestaciones existentes han sido suficientes como para hacer frente al fenómeno de la pandemia.

Con la finalidad antedicha, y para paliar en parte dichos perniciosos efectos debidas a un agente exógeno a la relación laboral, y ante el cual fue necesario detener la economía del país, se promulgó la Ley N° 21.227, más conocida bajo el epígrafe de “Ley de Protección al Empleo”, mediante la cual se estableció el otorgamiento de prestaciones económicas con cargo al seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 para los trabajadores beneficiarios de la cobertura de cesantía que, sin cortar el vínculo laboral, suspendían los efectos de su contrato de trabajo o reducían su jornada, bajo ciertas causas y condiciones detallados en los cuerpos legales señalados anteriormente.

En el mismo sentido anotado se dio paso luego a diversas reformas constitucionales para permitir sucesivos retiros individuales del 10% de las cuentas individuales del sistema de pensiones, circunstancia que se ha detenido por ahora, aunque algunos personeros han propuesto el retiro del 100% de los aludidos fondos.

Ambas medidas han ocasionado una merma importante de los fondos acumulados en las cuentas individuales de propiedad de los trabajadores tanto en el seguro de desempleo como en el sistema de pensiones, lo que ha significado que son los mismos trabajadores, con cargo a sus respectivas cuentas individuales del seguro, los que han debido soportar el costo de la situación antes reseñada.

La interrogante que surge es si no resultaba más pertinente acudir a una acción directa del Estado, sin necesidad de haber afectado las cuentas individuales de los trabajadores, los que con certeza percibirán ese efecto una vez que se haya superado la pandemia y, por otros motivos, caigan en la cesantía y se vean en la obligación de acudir al seguro de desempleo o a pensionarse, encontrándose con cuentas muy mermadas en su valor o prácticamente inexistentes.

De haberse procedido de esa forma podrían haberse mantenido los contratos de trabajo y el empleo, sin necesidad de haber impactado las cuentas individuales de los trabajadores tanto en el seguro de desempleo como en el sistema de pensiones, lo que pareciera más acorde con un sistema de protección social.

En dicho sentido, parece del todo correcta la promulgación de la Ley N° 21.352 (D.O. 7.6.21), mediante la cual se estableció un ingreso familiar de emergencia para el 100% más vulnerable de la población nacional, y cuyos aportes se otorgan según el número de integrantes del hogar beneficiario; ello permitirá que todas las personas en dicha condición recibirán un ingreso que les permitirá hacer frente a la situación pandémica, sin afectar sus cotizaciones previsionales.

Nos parece que dicha premisa no debería perderse de vista en acciones futuras en esta materia, ya que un sistema armónico y equitativo, ante circunstancias exógenas a la relación laboral —como es el caso de la obligada detención económica derivada de la pandemia—, corresponde hacer recaer en la sociedad todo su impacto, sin causar un detrimento en las cotizaciones acumuladas por los trabajadores en aspectos básicos de la protección social.

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"...Surgen varias interrogantes a raíz de esta nueva normativa, como son, ¿qué ocurrirá con la validez de los finiquitos que no cumplan con las menciones requeridas? ¿Cómo se exigirá al empleador el pago de las cantidades no disputadas? ¿Cómo operara el servicio de tesorerías o la entidad similar? (...) Es de esperar que algunas de estas dudas sean salvadas en la resolución de la Dirección del Trabajo..."

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"...Un sistema armónico y equitativo, ante circunstancias exógenas a la relación laboral —como es el caso de la obligada detención económica derivada de la pandemia—, corresponde hacer recaer en la sociedad todo su impacto, sin causar un detrimento en las cotizaciones acumuladas por los trabajadores en aspectos básicos de la protección social..."

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"...Es deseable que las obligaciones y deberes que esta nueva norma impone se concreten en un cumplimiento efectivo por parte de todos y cada uno de los actores que intervienen desde alguna perspectiva en la relación de trabajo, incluidos los comités paritarios de empresas y los órganos de supervisión y fiscalización estatales, y constituya un paso significativo del incremento y mejora sostenida de la protección sanitaria del mundo laboral..."

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